La denuncia del jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de San Vicente contra el que era su alcalde, el socialista Jesús Villar, no está ni mucho menos archivada. La sección décima de la Audiencia Provincial de Alicante ha echado por tierra sin posibilidad de recurso la resolución de archivo del juzgado de Instrucción número 1 de San Vicente y exige que se vuelva a investigar por las "arbitrariedades" del proceso.

Tal y como informó EL ESPAÑOL en octubre de 2021, un mes antes el juzgado sanvicentero había abierto una causa contra Villar por la denuncia del jefe de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, Ramón Cerdá. Éste denunció una posible "prevaricación administrativa" del alcalde por la prórroga (por decreto) de la contrata de los jardines municipales sin que se hubiera licitado un nuevo pliego de condiciones para la nueva adjudicación.

Días después, surgió la polémica ya que Villar, en declaraciones a este diario, dijo que contaba con "todos los informes favorables" para dicha prórroga. Pero en el expediente municipal quedaba claro que el concejal de Contratación, Guillermo García -del sector crítico con el alcalde- había emitido un informe negativo a la prórroga. Algo que también había hecho la Secretaría Municipal. Por su parte, Intervención emitió informe de que existía partida presupuestaria, pero recordaba los reparos anteriores.

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Villar se negaba a dar explicaciones sobre el caso y el resto de la izquierda sanvicentera se puso de su lado para que no fuese investigada la prórroga en el Ayuntamiento, aunque se estaba investigando en el juzgado. Mientras, la empresa reclamaba más dinero en los juzgados.

En febrero de 2022 el juzgado resolvió el sobreseimiento provisional de las actuaciones. Y ante el recurso del abogado municipal ante la Audiencia, el tribunal superior afirma que "se hace recaer sobre Audeca (la empresa forzada a la prórroga) la obligación de continuar con el servicio contratado por una incorrecta o defectuosa planificación administrativa por no haberse iniciado los trámites administrativos para la nueva contratación".

En este sentido, afirma: "con tales datos que se evidencian de las propias resoluciones administrativas, no pude ignorarse la apariencia delictiva de la conducta en principio y sin perjuicio de que se abunde en la investigación, considerando que los hechos podrían constituir un delito de prevaricación por su aparente carácter arbitrario"

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Y añade, esta vez dirigiéndose al juzgado instructor: "El hecho de que la resolución no oculte la existencia de informes desfavorables y se justifique en la necesidad del Ayuntamiento de prestar ese servicio a los ciudadanos para evitar el efecto negativo sobre las condiciones ambientales, sanitarias y ornamentales, no justifica, en principio, la arbitrariedad aparente de la resolución".