El pasado 30 de septiembre, cuando este diario se puso en contacto con el alcalde de San Vicente, Jesús Villar (PSOE), por la investigación judicial abierta por la prórroga del contrato de mantenimiento de zonas verdes, aseguró que la hizo "por urgencia" por la necesidad de mantener el servicio y con "todos los informes favorables".

Según ha sabido este diario y tal y como consta en el expediente, Villar faltó a la verdad. Tanto el departamento de Contratación como la Secretaría Municipal, emitieron informes negativos para dicha prórroga de servicios. No una, sino dos veces.

La primera en 2020, cuando Villar prorrogó por su cuenta y riesgo el contrato mientras se terminaba la licitación de una nueva adjudicación ya que la anterior estaba caducada. Contratación, competencia del edil socialista Guillermo García -del sector crítico con el alcalde- emitió informe negativo a la prórroga.

También, hubo informe negativo de la Secretaría Municipal. Por su parte, Intervención emitió informe de que existía partida presupuestaria pero recordaba los reparos anteriores. 

Villar, pese a ambos reparos, "abocó por razones de urgencia" las competencias de la Junta de Gobierno para aprobar esta prórroga y emitió un decreto prorrogando el servicio por seis meses, hasta el 30 de junio de 2021. No consultó con el resto de su equipo la prórroga y tan sólo dio cuenta de que se hacía.

Y lo mismo sucedió el 25 de junio, poco antes de la finalización de esa primera prórroga. Ya se había adjudicado el nuevo contrato a la misma empresa que lo desarrollaba anteriormente, pero otra mercantil denunció el proceso y hasta que hubiese una resolución judicial, no podía hacerse efectivo.

Villar nuevamente obtuvo informes negativos por parte de Contratación y de Secretaría. Pero como Intervención volvió a reiterar que había dinero para la prórroga, siguió adelante. Esta vez, para tres meses, hasta el pasado mes de septiembre.

El alcalde, que llevaba una larga temporada de enfrentamientos con su partido y sus compañeros en el equipo de Gobierno, agravados por la filtración de unos Whatsapp en la que pedían "su cabeza", prorrogó el contrato sin pasarlo por la Junta de Gobierno.

El próximo 18 de octubre se celebrará la vista por esos Whatsapp mientras que el PSOE nacional espera a ver qué pasa para expulsar del partido a los díscolos. Y según ha podido saber este diario Villar está llamado al juzgado pocos días después, el 22, sin que por ahora haya trascendido el motivo. Pero en el municipio se especula con la posibilidad de que se trate de la declaración por el caso de los contratos prorrogados.