No se trata de medio millón, como se dijo en un principio. La empresa Audeca ha reclamado ya en el juzgado contencioso-administrativo número 4 de Alicante hasta 1,3 millones de euros por los servicios prestados en prórroga para los parques y jardines de San Vicent desde la finalización del contrato.

Se trata, como ha venido informado este diario, del mismo contrato por el que está denunciado el alcalde socialista Jesús Villar por el jefe de los propios Servicios Jurídicos del Ayuntamiento por un supuesto caso de prevaricación administrativa.

Un caso por el que Villar sigue sin dar explicaciones públicas pese a que salió a la luz a principios de octubre de este año, hace más de dos meses y medio. De hecho, ni ha dado cuenta al pleno del Ayuntamiento del caso, por más que los portavoces de la oposición José Rafael Pascual (Cs) y Óscar Lillo (PP) han exigido varias veces que dé detalles del caso.

El letrado municipal acusó al alcalde haber prorrogado dos veces el servicio saltándose los reparos expresados por el área de Contratación y la de Secretaría, además de la Intervención Municipal, como informó EL ESPAÑOL.

Lo hizo por primera vez en 2020, cuando terminaba de perfilar la licitación de una nueva adjudicación ya que la anterior estaba caducada. Contratación, competencia del edil socialista Guillermo García -del sector crítico con el alcalde- emitió informe negativo a la prórroga. El alcalde argumentó motivos de urgencia para no pasar por la Junta Local de Gobierno. Y volvió a hacerlo en junio por otros seis meses del mismo modo.

Cuando el juzgado número 4 emitió sentencia en contra de las pretensiones de la mercantil de cobrar el servicio prorrogado a otro precio, el propio letrado informó al alcalde que la sentencia beneficiaba al Ayuntamiento aunque la sentencia dejase en mal lugar la actuación del alcalde en su próxima investigación judicial por prevaricación.

"Dado que la continuidad de la contratación no se encontraba amparada en normativa legal o contractual alguna, y ni siquiera respaldada por los informes Técnicos municipales (que como se ha dicho informaron desfavorablemente), es por lo que cabe concluir que el decreto de fecha de 27 de diciembre de 2020 es contrario a Derecho, debiendo por la presente, quedar sin efecto, acordando en su lugar la extinción del contrato", sostenía.

El Ayuntamiento decidió no recurrir esa sentencia, pero Audeca si lo ha hecho. Y exige: "Que reconozca el derecho de cobro de mi representada respecto de los trabajos ejecutados por los importes que constan en la nueva licitación (base imponible del contrato 1.119.969,86. euros, así como a los costes salariales en el precio de 87.899,91 euros para nueve meses (en los que no era necesario la
sustitución del personal) y de 109.626,56 euros para los meses estivales
en los que sí era necesaria dicha sustitución". También las costas judiciales.

El juzgado estimaba la pretensión de la empresa de dar por ilegal la prórroga, pero no el dinero reclamado. la empresa en su recurso afirma que "no compartimos la conclusión alcanzada por el juzgador de instancia cuando indica que en este caso particular, en el caso que nos ocupa, no podemos obviar que concurre una circunstancia extraordinaria y excepcional, de fuerza mayor, cual fue, la declaración del Estado de Alarma a consecuencia de la pandemia mundial Covid-19".

La empresa sostiene que con esa decisión judicial "se ampara la ilegalidad con la que actuó la administración demandada, quien a pesar de la oposición de Audeca y los Informes Municipales Desfavorables antes indicados, decidió prorrogar unilateralmente el contrato e imponer el mismo precio contemplado en el mismo".