"Me llega una carta de hacienda, me piden 211 euros por rescate de persona tras un intento de suicidio donde no fui yo quien avisó a servicios de emergencia. A pagar 211 euros que no tengo y aún tendrán la poca vergüenza de llamarlo prevención de suicidio". Así empieza la usuaria de Twitter @nnistopia un hilo en el que cuenta el curioso caso que le ha pasado en Alicante, donde los servicios de emergencias intervinieron para prevenir su intento de quitarse la vida. 

En el hilo explica que ese mismo día "llorando les verbalicé mi situación económica, y me decían que aquello no tenía importancia". "Ser pobre les parece que no tiene nada que ver con desear morir y con empobrecerse aún más por tal cosa", apunta. 

También asegura que tiene "un mes para pagar esto o comenzarán a contar los intereses de demora, pero el bono joven que solicité en junio 2022 sigue sin cobrarse ni responder [los] recursos y aquí no pasa nada". "Pagamos las obreras con nuestros cuerpos", añade.

Poco después indica que ha hablado con "la Concejalía de Hacienda y me indican que he de encontrar en la ordenanza municipal, de forma explícita, que mi caso (atención por riesgo de la propia vida) sea exento de tasas de bomberos o de lo contrario: pagar. Yo no lo encuentro". Y, efectivamente, en el texto que indica no existe la exención para estos casos. 

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Alicante han explicado que "el cobro de esa tasa por servicio de bomberos se trata de una liquidación automatizada, una especie de acto reglado".

Y han añadido que "el equipo de gobierno considera, no obstante, que no todos los casos son iguales y al tratarse de una intervención para salvar una vida, se revisará el expediente y se sopesa declarar exento el pago de esa tasa".

La denuncia de la chica ha levantado una ola de solidaridad en las redes sociales, donde incluso colectivos como el representantes del cuerpo de bomberos de otras provincias como Ávila han comentado que se oponen al cobro de este tipo de tasas.

Tal como informó este diario, en 2021 en la Comunidad Valenciana hubo más de 400 suicidios, una cifra que supone un descenso respecto a los dos años anteriores (450 en 2019 y 438 en 2020) pero que empeora el dato de 2018, en el que se registraron 396 casos de muertes autoinflingidas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato regional supone algo más del 10 % del total nacional. 

En este mismo informe se explicó que, aunque los dos años de pandemia no habían supuesto un incremento de suicidios, sí se habían registrado más trastornos como la anorexia y había aumentado el consumo de ansiolíticos, aunque sin datos concretos.