Con más de 300 internos condenados por haber cometido delitos en el marco de su enfermedad mental, el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent en Alicante vive una situación insostenible. Según denuncian desde la sección sindical de ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en prisiones de la provincia, el centro sólo cuenta con dos psiquiatras para el seguimiento de los reclusos. Y en la misma situación se haya el centro de Sevilla. En España sólo hay estos dos psiquiatricos penitenciarios especializados.

El Ministerio sólo reconoce un déficit del 15% del personal en las cárceles españolas. Pero el sindicato asegura que es, como mínimo del 40%. Y en el caso del Psiquiátrico, del 70%. Sobre todo si se tiene en cuenta que el personal médico es imprescindible "ya que es un hospital", recuerdan.

Este hecho es preocupante. Un tratamiento médico insuficiente o no adecuado en este tipo de internos puede provocar, entre otras cosas, descompensación en su medicación, aseguran los sindicatos. Y esto a su vez conflictos y situaciones violentas con otros internos, con funcionarios o autolesiones.

Ante esta situación, la reunión anual de directores de los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del próximo 20 de noviembre en Cuenca será movida. Sindicatos de toda España acudirán a una concentración exigiendo el aumento de personal. También ACAIP-UGT de Alicante.

Déficit de personal

Según explica uno de sus delegados Joaquín Leyva, las cifras del Ministerio no se corresponden con la realidad. En Fontcalent Cumplimiento (Alicante I) hay en torno a 1.000 reclusos y 270 funcionarios. De ellos, muchos tienen funciones administrativas y el resto, los encargados a "vigilancia y custodia", apenas llegan a 25 por turno porque tienen que librar pese a que se tiene que dar servicio 24 horas al día los 365 días del año.

Estas ratios podrían ser suficientes para gestionar la vigilancia de 500 reclusos en el mismo módulo. Pero son un millar y se han abierto distintos módulos de Inserción Social, de Madres y del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, que dificultan la organización del trabajo. En el área de Educadores, por ejemplo, debería haber 8 funcionarios y hay 4, así que el que debería ser el nexo del interno con la Administración carece de falta de medios.

Inseguridad

La ausencia de un número mínimo de funcionarios traslada indirectamente a los internos una sensación de inseguridad, lo que puede generar focos de conflicto entre internos y con los funcionarios.

Especialmente preocupante para éstos es la situación que se está viviendo en el Centro Penitenciario de Villena (Alicante II). Sobre todo, con internos de "primer grado". ACAIP-UGT denuncia "cierta laxitud" en la aplicación de las normas coercitivas para "maquillar las estadísticas", lo que implica a una mayor conflictividad.

Por ejemplo, ante situaciones graves se impone sólo como sanción la "privación de paseos". Y muchas veces que este tipo de reclusos se queden en las celdas es todavía más perjudicial para el buen ambiente en la prisión.

Otro de los problemas es la masificación y el hecho de que muchas veces no se les permite a los funcionarios ejercer su trabajo de "clasificación" para poner a cada uno de los internos en el lugar más apropiado. Así, en el módulo de Educación y Respeto muchas veces no entran los reclusos que más podrían aprovechar los beneficios de este servicio.

"No queremos que los centros penitenciarios sean simples contenedores de personas. Queremos cumplir con nuestra función de favorecer la reinserción de los internos. Pero la situación actual es insostenible", resume Leyva.