AMAÑO DE CONTRATOS PÚBLICOS

Once detenidos en una operación contra la corrupción en Cataluña y otras comunidades

La Guardia Civil registra decenas de ayuntamientos en diferentes provincias. Los agentes buscan en Cataluña documentación sobre contratos irregulares y sin previo concurso a la consultora Efial. La mayoría de los consistorios investigados están gobernados por CiU. 

Agentes de la Guardia Civil durante el registro en Torrejón de Ardoz

Agentes de la Guardia Civil durante el registro en Torrejón de Ardoz EP

La Guardia Civil ha entrado esta mañana en varios ayuntamientos catalanes, la mayoría gobernados por CiU, y ha detenido a once personas por su relación con contratos irregulares con la consultora Efial, por lo que varios dirigentes políticos habrían podido cometer varios delitos como el de prevaricación o malversación de caudales púbicos. El juez de instrucción número 1 del Vendrell ha acordado estos registros, así como requerimientos en ayuntamientos como el de Barcelona, Girona o la Seu de Urgell, también investigados por su etapa anterior. 

En total, se han producido 48 registros en diferentes localidades de España y Andorra: 14 en domicilios, 7 en despachos profesionales, 12 en sociedades mercantiles, 7 en entidades públicas y 8 en los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Miraflores de la Sierra y Chinchón, en la provincia de Madrid; Trillo, en la de Guadalajara; y Tortosa, Ascó, Vandellós y l’Ametlla de Mar, en Tarragona. Al mismo tiempo se han realizado 16 requerimientos a ayuntamientos y organismos públicos. Los registros y requerimientos están orientados a recabar expedientes de contratación de diversos organismos y empresas que pudieran derivar en delitos contra la Administración Pública.

Se investigan delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios de concursos y subastas públicas, fraude a las Administraciones e infidelidad en la custodia de documentos.

Las actuaciones tuvieron inicio en las denuncias de concejales de varios de los ayuntamientos afectados. El juez comenzó a investigar los contratos de Efial en el ayuntamiento de Torredembarra, y de ahí la Guardia Civil ha seguido investigando hasta unir las investigaciones que se desarrollaron en los Juzgados de Tortosa, Gandesa y Reus relativas también a amaños en favor de la consultora.

Los detenidos

Los detenidos son Josep Manel Bassols, exalcalde de Anglès (CiU); Jaume Beltrán, asesor externo del Ayuntamiento de Torredembarra; Andreu Martí, exalcalde de l'Ametlla de Mar (CiU); Toni Martos, responsable de Efial; y los cargos de la consultora Manuel Delgado, Ramón Solé, Blas Acosta, Lucía Mora, Carles Bock, Oriol Mestre y Xavier Xifrá. 

Josep Manel Bassols ya fue detenido el año pasado en esta misma causa por las mordidas del 3% de Convergència. Fue alcalde de Anglès (Girona) por CDC y es marido de la comisionada por la transparencia del Govern, Núria Bassols. Esta exmagistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fue nombrada para el cargo el pasado febrero por Artur Mas, aunque desde noviembre de 2013 se encargaba del del programa de políticas de transparencia de la Generalitat. su función era asesorar al president en todo lo relacionado para garantizar que los ciudadanos conociesen todos los entresijos de la administración catalana.

Andreu Martí, el exalcalde de Atmellá, una de las localidades investigadas, ya estaba imputado por el caso Cala Gestió, junto a Martos, tras una denuncia de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), donde se exponía que la sociedad municipal Cala Gestió había adjudicado a Efial Consultoría SLdos contratos por importe de 464.500 y 396.965 euros. Martos, gerente de La Cala Gestió, era, a la vez, el fundador y presidente de Efial Consultoría.

En el escrito de denuncia inicial, entregado por un particular a la OAC, se relataba que las actividades de la Cala Gestió podían ser asumidas sin problemas por la plantilla de funcionarios de la localidad y que la empresa municipal, carente de instalaciones, materiales y personal, llevaba a cabo sus actividades mediante Efial. Además, el denunciante ponía de manifiesto la incompatibilidad legal entre los cargos de gerente de una empresa pública y otra privada.

Por su parte, el abogado Xavier Xifrá, ahora detenido y vinculado a Efial, ya había sido imputado por el juez por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por realizar algunos informes al ex alcalde de Torredembarra, Daniel Masagué.

Expansión fuera de Cataluña

Esta operación, solicitada al juez por la Fiscalía Anticorrupción, se enmarca dentro de la investigación que llevó a los investigadores a registrar la sede de CDC tras sospechar que se estaba utilizando la fundación del partido CatDem para vehicular donaciones ilegales. Entre los investigados por ello se encuentran los dos últimos tesoreros de la formación, Daniel Osácar y Andreu Viloca, con Artur Mas como presidente del partido. De la causa se desprende que el partido podría haber estado financiándose ilegalmente.

La investigación del Juzgado del Vendrell arrancó tras los indicios de que el alcalde de la localidad tarraconense de Torredembarra, Daniel Masagué, habría cobrado comisiones ilegales por la adjudicación de un aparcamiento a la sociedad Teyco, de la familia Sumarroca, íntimos de los Pujol.

Ya de los registros se detectó que había una consultora, Efial, que habría estado elaborando informes privados que deberían haber realizado los servicios del propio consistorio y por lo que habrían cobrado cantidades nada desdeñables. Pero es que la mecánica de Efial se ha expandido fuera de Cataluña y el juez también ha ordenado requerimientos de información en otras provincias.

Entramado financiero

La investigación ha desvelado la existencia de una operación financiera mediante la cual Efial Consultoría, S.L. fue absorbida por otra, CGI (Control de Gestión de Ingresos, S. L.), creando un entramado similar a la primera que hizo que la actividad delictiva se extendiera fuera de Cataluña.

Tanto cuando la organización criminal actuó bajo el nombre de Efial Consultoría como cuando lo hizo como CGI, “los investigados construyeron una estructura paralela en los ayuntamientos para evitar en su actuación la labor supervisora del secretario e interventor municipales”, sostiene Anticorrupción.

A lo largo de la investigación se ha detectado la creación de la figura instrumental y ficticia de sociedades públicas (Entidades Públicas Empresariales Locales) carentes de actividad específica, creando un entramado fraudulento por el cual se desvían fondos públicos municipales de ayuntamientos a la citada entidad pública y de ésta a la sociedad mercantil privada.

“Que no pase por el secretario”

En el sumario aparece una conversación entre Masagué y Toni Martos, responsable de Efial, que ilustra los comportamientos del entonces alcalde, y quien llegó a ser detenido por la investigación iniciada por la Guardia Civil y Anticorrupción. “Quedaremos en el pabellón deportivo. Haremos la reunión ahí (…) el tema está en que no pase por el secretario, el tema clave es ése”, le dice Masagué a Martos. Según se desprende de la investigación, el 'modus operandi' seguido por Torredembarra, y que se repetía en diversos municipios controlados por Convergència, era firmar contratos con la empresa Efial a cambio de informes a medida.

Martos es uno de los principales investigados en esta nueva pieza separada en la que se investiga si la consultora pudo inflar precios, realizar informes a medida, y sin pasar los controles pertinentes. Martos, que ahora deberá responder ante la Justicia, es socio-fundador y presidente de Efial. Ha ocupado cargos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Barcelona como director de administración en la sociedad municipal Barcelona Gestión Urbanística, S.A. y Director de Control de Gestión de los Servicios Centrales, y es asesor económico de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat en materia urbanística.

La operativa de Efial es conseguir contratos de manera irregular en los ayuntamientos. Los investigadores sospechaban que los habrían conseguido gracias a cohechos a los alcaldes o algún responsable del consistorio.