Tiene prohibido salir del país

El extesorero de Convergencia que no suelta prenda del 3% pide ser corista en París

El juez niega su petición de viajar tres días a la capital francesa para cantar en la iglesia de la Madeleine.

Daniel Osácar (d) a la salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona

Daniel Osácar (d) a la salida de la Ciudad de la Justicia de Barcelona Efe

El ex tesorero de Convergencia, Daniel Osácar, calló ante el juez, ante la Fiscalía Anticorrupción y ante la Guardia Civil. Cuando fue detenido en la causa conocida como "caso 3%" el pasado 23 de octubre, se negó a decir absolutamente nada sobre el posible cobro de donaciones por parte de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas en Cataluña. El juez del Vendrell encargado del caso le impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte. Dos meses después Osácar quería cantar. Pero no ante la Justicia, sino en un coro en la Iglesia de la Madeleine en París. 

Por eso, solicitó al instructor que le modificara la medida cautelar y le dejara viajar a la capital francesa durante unos días de diciembre para cantar como corista en un concierto benéfico. Sin embargo, aquel que durante cinco años -de 2005 a 2010- controló las cuentas del partido que preside Artur Mas no ha podido cumplir su deseo. En un auto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el juez Josep Bosch se ha opuesto a su petición al entender que "no existe una necesidad inaplazable de viajar por parte de Osácar, que iría a París en un viaje de ocio a cantar como corista".

El magistrado hace suyos los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, que se negó a que el ex tesorero saliese de España bajo la necesidad de garantizar el cumplimiento de la medida cautelar, "teniendo en cuenta el estado incipiente de la investigación y la gravedad de los hechos".

Bosch estima que los argumentos del Ministerio Fiscal son "razonables y suficientes" y por tanto Osácar no ha podido realizar su viaje y cumplir su ilusión de cantar en la Iglesia de la Madeleine.

"Dinero flotante" oculto

La Fiscalía entiende que la prohibición de salir de España es "proporcional" a la naturaleza y la gravedad de los hechos investigados y podía suponer un peligro permitir que en medio de la investigación uno de los principales imputados se fuera de España, sobre todo cuando uno de los delitos que se investigan es el de blanqueo de capitales y todavía se desconoce donde puede estar parte del dinero recibido de manera ilícita.

Además, el Ministerio Público avanza que todavía deben practicarse nuevas diligencias "para esclarecer los hechos y la existencia de un 'dinero flotante' del cual no se sabe el paradero".

Mientras se desconozca si parte del dinero entregado por empresarios durante años a CDC a través de su fundación, CatDem, ha podido ocultarse, los imputados tendrán limitados sus movimientos para evitar que destruyan las pruebas que necesitan los investigadores para dar con el dinero o con las pruebas de que efectivamente el partido liderado por Mas, y anteriormente por Jordi Pujol, se ha financiado ilegalmente. La Guardia Civil sospecha que Osácar puede ocultar dinero en paraísos fiscales y así lo ha hecho llegar a la Fiscalía y al juez.

Es más, ante estos indicios, el juez ordenó el ingreso en prisión del sucesor de Osácar, el actual tesorero, Andreu Viloca, a petición de la Fiscalía, al considerar que había un elevado riesgo de destrucción de pruebas en caso de quedar en libertad. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Tarragona entendió que no era causa suficiente para que permaneciese en la cárcel y acordó su libertad.

"Diez años tarde"

Esta causa ha tenido varias operaciones ejecutadas por la Guardia Civil. A finales de agosto, la Guardia Civil entró en CatDem tras descubrir que un empresario, Jordi Sumarroca, había pagado el 3% de una obra que le había sido adjudicada en la localidad tarraconense de Torredembarra a través de la fundación.

En esa misma operación, los agentes, junto a los fiscales, entraron en el domicilio de Osácar. Allí fueron recibidos por los vecinos a gritos de "llegáis diez años tarde". Este último ya está acusado en el 'caso Palau', precisamente por cobrar para el partido comisiones que Ferrovial abonaba a Convergencia a través del Palau de la Música. El último gobierno de Jordi Pujol adjudicó a la constructora obras de gran envergadura como la línea 9 del metro o la Ciudad de la Justicia.

Fue precisamente Osácar quien dio pie a los investigadores para entrar en la sede de CDC. Aquel día, él mismo reconoció que a pesar de no tener cargo alguno en el partido, tras ser apartado por la acusación del 'caso Palau', tiene un ordenador en la sede, donde trabaja. Concretamente, usaba el despacho del ex alcalde de Barcelona, Xavier Trias.

Fue, una vez trasladados allí para incautar su ordenador, cuando descubrieron que su sucesor en la Tesorería, Andreu Viloca, había destruido documentos que podían implicar al partido en el cobro de comisiones ilegales. Dos meses después, el juez ordenaría su detención e ingreso en prisión por los numerosos delitos de cohecho, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos o subastas públicas y blanqueo de capitales.