OPERACIÓN PETRUM

El juez deja en libertad al extesorero de CDC Daniel Osácar, pero sin pasaporte

Tras su detención, el magistrado ha fijado como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte.

Daniel Osácar tras el registro de la sede de CDC de la calle Córcega el pasado agosto.

Daniel Osácar tras el registro de la sede de CDC de la calle Córcega el pasado agosto. Efe

El juez del Vendrell ha acordado el viernes la libertad del extesorero de CDC, Daniel Osácar, detenido a primera hora por la Guardia Civil. Pero ha fijado como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el instructor lo ha acordado después de que el exresponsable de las finanzas del partido de Artur Mas se haya negado a declarar.

Osácar fue detenido en una segunda fase de la 'Operación Petrum III'. El arresto se ha producido por orden de la Fiscalía Anticorrupción ante las sospechas de que antes de Andreu Viloca quien gestionaba las comisiones del 3% era él, según ha podido saber de fuentes de la investigación EL ESPAÑOL.

Esta detención supone un golpe definitivo para el partido de Artur Mas porque sería la constatación de que las 'mordidas' pagadas por empresarios a cambio de adjudicaciones no sería algo ideado a título personal por el actual tesorero, Andreu Viloca, en prisión incondicional desde ayer, sino un 'modus operandi' del partido llevado a cambio en el tiempo.

Al igual que Viloca, Osácar fue tesorero tanto de CDC como de la fundación vinculada a éste CatDem. En la 'Operación Petrum II', desencadenada a finales de agosto, la Guardia Civil ya registró el domicilio de Osácar por orden del juez del Vendrell (Tarragona) que dirige las pesquisas. Fue precisamente durante aquel registro cuando el extesorero reconoció que seguía teniendo despacho en la sede de Convergencia, en la calle Córcega. Esa fue la razón por la que los agentes se desplazaron entonces hasta el partido. La sorpresa fue cuando descubrieron que despacho del histórico Javier Trías, exalcalde de Barcelona, era el que utilizaba Osácar para trabajar.

Las sospechas de los investigadores son que aunque había sido retirado de cualquier función del partido de manera oficial tras su imputación en el 'caso Palau', Osácar seguía trabajando para la formación nacionalista. Su detención se produce ahora por orden de Anticorrupción bajo la sospecha que éste podría haber gestionado el cobro de comisiones por parte de empresarios a cambio de recibir contratos públicos en diversas administraciones, tanto locales como autonómicas, de todo el territorio catalán.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL indican que, debido a su avanzada edad, pasa a disposición judicial inmediatamente sin que tener que pasar una noche en la comandancia de la Guardia Civil.

En el 'caso Palau', está acusado de participar en la financiación ilegal del partido por parte de la sociedad Ferrovial a la Fundación Trias Fargas, ahora CatDem. A pesar de que entonces ya había indicios de una posible financiación ilegal del partido, no se llegó a tirar del hilo y ha sido por este caso de Toderrembarra, que empezó con la investigación de una 'mordida' del alcalde de esa localidad a cambio de conceder un contrato al empresario Jordi Sumarroca, cuando se ha llegado hasta la sede de Convergencia.

Los datos con los que los investigadores trabajan parecen indicar que el 'modus operandi' tanto en el 'caso Palau' como en éste era similar porque, al fin y al cabo, se habla de la financiación ilegal del partido mantenida durante años. Osácar, a día de hoy, está acusado y pendiente de juicio por el 'caso Palau', en el que se enfrenta a siete años y medio de cárcel además de a una reclamación de 20 millones de euros.

Junto al expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, y su mano derecha, Jordi Montull, están acusadosde apropiarse de fondos públicos y privados del Palau de la Música y de conformar un “entramado delictivo” junto a Ferrovial y cargos de CDC para la “financiación ilícita” de la formación política entre los años 1999 y 2000, a cambio de la adjudicación de obras públicas como la Ciutat de la Justicia de Barcelona o la línea 9 del metro.