CORRUPCIÓN EN CATALUÑA

El tesorero de CDC paga 250.000 euros para salir de la cárcel

El tribunal entiende que no queda acreditado que exista riesgo de destrucción de pruebas pese a la advertencia de la Fiscalía de que falta documentación relevante en manos del tesorero de CDC.

El tesorero de CDC, Andreu Viloca.

El tesorero de CDC, Andreu Viloca.

Andreu Viloca saldrá de la cárcel tras pagar 250.000 euros. La Audiencia Provincial de Tarragona había fijado este miércoles esta fianza que la defensa del tesorero de CDC -en la cárcel desde el pasado 22 de octubre- ya ha depositado. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso al entender que no ha quedado acreditado que exista riesgo de destrucción de pruebas.

En el auto, los magistrados no se dan por enterados de la alerta lanzada por la Fiscalía Anticorrupción de la falta de documentación relevante en posesión de Viloca que era esencial encontrar antes de dejarle en libertad.

La Sala considera que la investigación lleva abierta desde 2013 y ya ha habido tiempo para recopilar todos los datos necesarios. Viloca fue detenido el pasado 21 de octubre en el marco de la operación que investiga la financiación ilegal de CDC. Viloca fue enviado a prisión incondicional por orden del juez del Vendrell, a petición de Anticorrupción, tras ser imputado por seis delitos, entre ellos financiación ilegal y prevaricación.

Contra el criterio de la Fiscalía

El tribunal no ve ninguna justificación para que el tesorero de Convergencia siga en la cárcel. A su entender, los investigadores han tenido dos años para recabar las pruebas necesarias. Sin embargo, no analiza que en el caso de Viloca la investigación se inicia en agosto de este año cuando la Guardia Civil y Anticorrupción descubren que el empresario Jordi Sumarroca pagaba parte de las comisiones a la fundación CatDem, vinculada al partido. Es durante el registro a la sede de la fundación, el pasado 28 de agosto, cuando descubren que el tesorero de ésta es Viloca, quien a su vez se encarga de la tesorería del partido. 

Aún así, el tribunal considera que la investigación judicial ha tenido dos años para conseguir todos los medios de prueba necesarios y, por tanto, deja sin sentido la prisión de Viloca. "Debemos insistir en que no nos encontramos ante una instrucción que se encuentre en su fase inicial, puesto que la misma lleva dos años en curso”, recoge el auto.

Tanto el juez del Vendrell como la Fiscalía entendían que el tesorero debía permanecer en la cárcel hasta que no se encontrara la documentación relativa a los años 2013, 2014 y 2015 que el tesorero ha escondido y pueden ser esenciales para la causa. Sin embargo, para la Audiencia Provincial de Tarragona, el instructor no concretó en su día las diligencias que podían verse comprometidas si Viloca quedaba en libertad.

Investigación prospectiva

Es más, a su juicio la explicación del Ministerio Fiscal de la necesidad de encontrar la documentación que el tesorero ha escondido, se trata de una argumentación basada “en el resultado de una investigación prospectiva" que no alcanza "la concreción necesaria".

El tribunal no cree que el hecho de que Viloca mantenga un contacto personal con otras personas pueda frustrar la investigación ni cree que manteniéndole en la cárcel se pueda evitar aún así esos contactos.

Además, la Sala da por bueno el razonamiento de Viloca que decía que no tiene sentido enviarle a la cárcel por riesgo de destrucción de pruebas porque todo lo que quisiera destruir ya lo habría hecho. Precisamente, una de las causas por las que se le envió a prisión fue porque la Guardia Civil descubrió que justo antes de registrar su despacho trituró documentación relativa a contratos concedidos por alguna administración catalana a empresas donantes de la fundación.

La única razón por la que los magistrados no le dejan en libertad directamente es porque existen indicios de "un entramado organizado con una amplia capacidad económica". Por todo ello, la Sala ha considerado necesaria la fijación de una fianza a los efectos de minimizar el riesgo de que el tesorero del partido de Artur Mas eluda la acción de a Justicia.