EDUCACIÓN

La ‘hoja de ruta’ del pacto educativo en España

Los expertos proponen un “equipo de gestión” designado por el presidente del Congreso que elabore un acuerdo en seis meses y elaborar una nueva ley basada en ese pacto antes de dos años.

Los expertos consideran que la Lomce debe ser una ley de transición

Los expertos consideran que la Lomce debe ser una ley de transición EFE

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Políticos, alumnos, padres, docentes y expertos reclaman a los cuatro vientos un pacto educativo que amplíe, defina y actualice el logrado en 1978. En un momento de “emergencia educativa” donde el acuerdo debe ser “una prioridad”, es difícil comenzar si no están los papeles sobre la mesa. Por ello, la comunidad educativa ha presentado 'los papeles para un pacto educativo', un informe -que aún está en periodo de elaboración- que recoge las bases para mejorar la educación española.

Capitaneada por el filósofo y pedagogo José Antonio Marina, la comunidad educativa dice no querer empezar de cero. Casi 40 años después de que se lograse el primer y único pacto en la materia y siete leyes educativas por el camino son suficientes para “aprender” de los errores, quedarse con lo positivo y empezar a trabajar con todo lo avanzado. “La mejor manera de respetar todo el trabajo previo es aprovechar sus conclusiones y no empeñarnos en repetir lo mismo una vez más”, reza el documento.

Marina advierte que la educación española está en “una auténtica encrucijada” y que está obligada a elegir entre dos caminos: el inmovilismo o el progreso. Y para esta complicada elección, el filósofo afirma que deben ser todos los agentes sociales los que formen parte de ella y no sólo los políticos: “Todos los gobiernos han pensado que teniendo el BOE se cambia la escuela y eso no es así. Hay que hacer partícipes a todos los agentes”. A continuación, EL ESPAÑOL le detalla las claves de ‘los papeles del pacto educativo’, un borrador sobre el que se trabaja desde hace meses y que ahora está abierto a sugerencias, críticas y aportaciones.

Los puntos de coincidencia

Los expertos que participan han optado por un análisis de la documentación disponible, que en gran parte es el resultado ya elaborado de largos trabajos previos. Por un lado, conclusiones de numerosos grupos como el Foro de Sevilla, la propuesta de pacto que presentó el ex ministro Gabilondo, o el acuerdo que quiso lanzar el colectivo Lorenzo Luzuriaga. Y, por otro, decenas de encuestas hechas por organismos nacionales e internacionales.

De estos trabajos han detectado numerosos puntos de coincidencia como medidas de flexibilidad curricular y organizativa orientadas a la individuación de la enseñanza y el aprendizaje o el reconocimiento de la diversidad como un valor del sistema educativo. Esto último implica, como se desprende del documento, repensar el sentido, el contenido, el diseño y el desarrollo del currículo.

También es común la urgencia de mejorar la relación entre los sistemas de formación que vinculan la educación básica y obligatoria con el mundo laboral a través de la formación profesional y de la Universidad.

Marina también ha expuesto durante la presentación, que se celebró este lunes en Madrid, la necesidad de introducir la evaluación del sistema educativo como instrumento de mejora. Una evaluación que, en su opinión, debe ser sistémica (de todos) y sistemática (siempre).

Por último, como elementos que unen se encuentra el garantizar un presupuesto mínimo del 5% del PIB o  el reconocer al profesorado como elementos clave para la mejora de la calidad del sistema educativo.

Las tensiones entre agentes

El equipo que trabaja en ‘los papeles para un pacto educativo’ también han detectado una serie de dificultades que han surgido en los anteriores intentos de pactos. Entre ellos, destaca la tensión entre un modelo verdaderamente inclusivo y la apuesta por la excelencia o la necesaria valoración de la formación profesional de los docentes y de la evaluación de su desempeño.

También han detectado puntos de tensión entre la idea laica de la escuela y el estudio del hecho religioso en las aulas o entre una gestión social de la educación pública frente al control único y exclusivo del Estado.

Además, consideran que son discrepancias la balanza entre las líneas de un currículo común a todo el Estado y las concreciones de cada comunidad autónoma, además de la tensión entre el respeto a la autonomía de los centros y el control de las administraciones sobre los procesos educativos.

La hoja de ruta

Según se afirma en el texto, “los trabajos para llegar a un consenso pueden alargarse indefinidamente”, por lo que consideran que es necesario fijar un plazo de seis meses para hacerlo. Para ello han elaborado una hoja de ruta con tres puntos que han planteado a los partidos políticos que la firme antes de las elecciones -parece ser complicado que este punto se cumpla-. Esos aspectos claves son convertir la Lomce en una ley de transición mientras se elabora la nueva, comprometerse al pacto educativo el seis meses y comenzar inmediatamente la elaboración de una nueva ley basada en el acuerdo. “Todo el proceso podría estar finalizado en un plazo de dos años”, estiman.

Si no logran la firma antes del 26-J, plantean el compromiso de los grupos políticos de solicitar al futuro presidente de las Cortes que constituya un “equipo de gestión del pacto educativo, eficaz, independiente y con los medios suficientes para poder organizar los debates, recoger y organizar la información”.

Este equipo de gestión informaría puntualmente a la ciudadanía de la marcha de los trabajos y de las diferentes posturas “para que todos los participantes supieran que se encuentran sometidos al escrutinio público”.