Rita Barberá

Anticorrupción deriva el ‘Ritaleaks’ a la Fiscalía del Tribunal Supremo

Investiga gastos de representación de la exalcaldesa de Valencia por 278.000 euros durante su último mandato.

Rita Barberá durante una rueda de prensa en Valencia.

Rita Barberá durante una rueda de prensa en Valencia.

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El fiscal delegado de Anticorrupción en Valencia ha enviado a la Fiscalía del Tribunal Supremo las diligencias de investigación penal del llamado ‘Ritaleaks’. Anticorrupción investiga desde mayo del pasado año si la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, incurrió en un posible delito por un gasto de 278.000 euros del Ayuntamiento y de la alcaldía en concepto de representación durante su último mandato. La denuncia la presentó el grupo Compromís al poner en duda el gasto de comidas, hotel, viajes y regalos a cargo de fondos públicos. Según han explicado fuentes de la fiscalía, las diligencias se han enviado al Supremo tras ver la existencia de posible delito en el que habría incurrido la senadora.

Este martes, el grupo Compromís ha informado de que Anticorrupción ha remitido un escrito al actual alcalde, Joan Ribó, informando de que la investigación ha sido derivada a la Fiscalía del Supremo “atendiendo al aforamiento” que actualmente tiene Barberà como senadora.

Tras tener conocimiento de este paso, el regidor de Valencia ha exigido al PP y a la propia senadora “que salga a dar la cara y explicaciones creíbles” sobre estos gastos. Ribó ha indicado, a través de un comunicado, su voluntad de que se devuelva “hasta el último céntimo robado o derrochado”. “Y este es uno de esos casos”, ha recalcado.

El alcalde ha apuntado que Barberá se gastó el dinero municipal en “lujos impropios de un cargo público” como si “fuera dinero suyo”.

Compromís publicó a mediados de mayo de 2015 en una página web un total de 466 facturas de gastos de representación de alcaldía entre 2011 y 2014 por importe de 278.000 euros. Entre las facturas hay pagos en ‘suites’ de hoteles cnco estrellas a 650 euros la noche o alquileres de coche por 5.000 euros. El grupo decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía de Valencia que, tras investigarlo durante un año, ha derivado las diligencias al Supremo.