Caso Acuamed

Cerco al número tres de Soraya Sáenz de Santamaría

Federico Ramos deja su cargo mientras la Guardia Civil investiga si favoreció a FCC para inflar un contrato en más de 35 millones.

El número tres de Sáenz de Santamaría jurando su cargo ante el Rey

El número tres de Sáenz de Santamaría jurando su cargo ante el Rey Efe

Fue la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien anunció la decisión en rueda de prensa: Federico Ramos de Armas, el hombre que ella misma había elegido meses antes para ser el número tres de su ministerio, dejará el cargo de forma voluntaria. Ramos deja la subsecretaría de Presidencia. Y lo hace, según las palabras de la vicepresidenta, para "defender su honorabilidad" mientras los agentes de la Guardia Civil investigan su papel en el caso Acuamed, la trama de corrupción vinculada al Ministerio de Agricultura que ha destapado pagos millonarios a constructoras a cambio de servicios ficticios o manipulados. 

Pese a que no figura entre los actuales imputados, Ramos de Armas está en el foco de las investigaciones. La mano derecha de Soraya Sáenz de Santamaría junto al secretario de Estado, José Luis Ayllón y su jefa de Gabinete, María González Pico, fue el máximo responsable de Acuamed en la época de los contratos investigados. La sociedad depende directamente del Ministerio de Agricultura, pese a que todas sus acciones están en realidad en manos de Patrimonio del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Según los autos judiciales, la Audiencia Nacional considera que solo en cuatro contratos, los gestores de Acuamed generaron un quebranto para las arcas públicas de 58,7 millones de euros. Según la tesis de los investigadores, el dinero fue a parar a manos de constructoras como Acciona o FCC, empresas que abonaron después mordidas en efectivo, viajes e incluso implantes de pelo. Como principal imputado, la Guardia Civil detuvo el pasado martes a Arcadio Mateo del Puerto, director de Acuamed y responsable directo del funcionamiento de la empresa. Junto a él, fueron arrestadas otras 12 personas entre trabajadores de Acuamed y responsables de las distintas empresas investigadas.

35 personas investigadas

Además de los 13 detenidos, el juez Eloy Velasco -encargado del caso- ha citado a declarar a otras 35 personas investigadas. En su auto, el juez mantiene que hay "muchos altos cargos de Agricultura" implicados en la causa. Las miradas se centraron entonces en Federico Ramos, presidente de Acuamed y máximo responsable político de la entidad. Además, el número tres de Soraya Sáenz de Santamaría era el presidente del consejo cuando Francisco Valiente, exdirector de obras de la entidad y principal denunciante del caso, puso las presuntas irregularidades en su conocimiento. Ninguno de los 14 responsables públicos que componen el órgano de Gobierno de Acuamed consideró que sus denuncias tuvieran una relevancia penal. De hecho, Valiente fue despedido.

Ahora, el gobierno de Mariano Rajoy se esfuerza en imponer un cordón sanitario. Un cortafuego entre los detenidos -responsables operativos de la compañía- y los cargos de confianza que formaban parte del consejo de administración. En esa línea, la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, exculpó ayer públicamente a la cúpula directiva de la entidad y aseguró que las auditorías realizadas en Acuamed a lo largo de los años no detectaron comportamientos irregulares.

El juez: "Los funcionarios eran responsables"

Sin embargo, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizan al detalle cada uno de los siete contratos investigados, pliegos de condiciones y obras públicas que debían ser refrendadas de forma necesaria por los componentes del Consejo de Administración. Según la normativa vigente, esos contratos debían contar con el informe positivo de los expertos técnicos. El auto del juez Velasco mantiene que los funcionarios eran también responsables.

Además, la Guardia Civil analiza tanto la documentación aportada por el denunciante como los archivos localizados en los 16 registros practicados el pasado martes. El objetivo es dilucidar el papel real que los directivos de la empresa pública jugaron en la concesión de los contratos.