Inquilinos migrantes en peligro: agentes migratorios presionan a propietarios para que entreguen datos confidenciales

En medio de la intensificación de las redadas migratorias en Estados Unidos, las autoridades comenzaron a recurrir a tácticas que ponen en alerta a miles de inquilinos migrantes. Según denuncias recientes, agentes de inmigración están exigiendo a propietarios de viviendas que entreguen información confidencial sobre quienes alquilan sus propiedades, como solicitudes de alquiler, contratos, tarjetas de identificación, direcciones de reenvío e incluso datos de otras personas que residen en el mismo domicilio. Esta práctica fue interpretada por expertos como una nueva estrategia de la Administración de Donald Trump para reforzar su política de deportaciones masivas.

Solicitudes sin aval judicial siembran dudas legales

Uno de los casos más visibles ha sido el de Eric Teusink, abogado inmobiliario de Atlanta, quien confirmó que varios de sus clientes recibieron cartas solicitando información detallada sobre sus inquilinos. Estos requerimientos, desarrollados en dos páginas, no cuentan con la firma de un juez, sino con la de un agente de la unidad antifraude del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Para Teusink, este tipo de solicitud representa una amenaza legal tanto para los propietarios como para los inquilinos, ya que entregar esos datos sin orden judicial podría violar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por origen nacional.

Aunque los documentos parecen oficiales y utilizan lenguaje intimidante, abogados como Jordana Roubicek Greenman y Stacy Seicshnaydre remarcaron que, sin la firma de un juez, no tienen fuerza obligatoria. “El peligro aquí es el exceso de cumplimiento”, advirtió Seicshnaydre, quien instó a los propietarios a asesorarse antes de entregar cualquier tipo de documentación.

Preocupación en comunidades latinas por la filtración de datos

Esta ofensiva administrativa no solo preocupa a los caseros, sino que encendió alarmas entre las comunidades migrantes, quienes temen que su información personal pueda caer en manos de las autoridades sin su conocimiento. Anthony Luna, director de una empresa que administra mil unidades en Los Ángeles, confirmó que recibió llamadas de administradores angustiados por rumores sobre pedidos de ICE. La mayoría, afirmó, no planea cooperar si las solicitudes no están debidamente avaladas por un tribunal.

Por su parte, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defendió el accionar de ICE al asegurar que estos requerimientos son legales y que el incumplimiento puede acarrear consecuencias. Sin embargo, evitó confirmar si estas tácticas forman parte de una política sistemática. La falta de claridad llevó a que grupos de derechos civiles refuercen sus campañas de concientización, recordando a los migrantes que pueden negarse a colaborar si no existe una orden firmada por un juez.

Precedente preocupante para la privacidad de los inquilinos

Aunque ICE ya utilizó con anterioridad citaciones administrativas firmadas por supervisores de la agencia, este tipo de requerimiento dirigido directamente a los propietarios representa un cambio significativo. Según Lindsay Nash, profesora de derecho en Nueva York, estas prácticas ya se habían visto durante el primer mandato de Trump, pero eran más comunes entre policías locales y no entre arrendadores. Ahora, su expansión podría significar un nuevo frente en la estrategia de deportación.

Nash también subrayó que, si ICE quiere hacer cumplir estos pedidos, debe recurrir a un tribunal federal y obtener la aprobación de un juez, lo cual le daría al afectado la oportunidad de defenderse. “Mucha gente ve estos pedidos, piensa que parecen oficiales, que parte del lenguaje en ellos suena amenazante y, por lo tanto, responden”, alertó. Esa respuesta automática podría exponer a los migrantes a procesos sin que se les haya notificado o dado oportunidad de actuar.