Esta semana nos sorprendía la noticia de que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ordenó a Airbnb el bloqueo inmediato de 65.935 anuncios de viviendas turísticas ilegales en su plataforma. Esta medida se basa en la detección de incumplimientos de normativas autonómicas en comunidades como Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y el País Vasco. Las infracciones incluyen la falta de número de licencia, la omisión de la naturaleza jurídica del arrendador y el uso de licencias falsas, lo que puede inducir a error a los consumidores.

Esta iniciativa que en principio suena bien: la administración ejerciendo su responsabilidad y velando por el interés de los consumidores, resulta descoordinada e insuficiente en el contexto actual.

Si atendemos a la forma de gestionar la necesidad de vivienda en alquiler por parte de las distintas administraciones no podemos dejar de pensar que esta medida, además de escasa, parece de cara a la galería y contra uno de los “enemigos” que han decidido declarar para justificar lo que está ocurriendo.

En regiones como Galicia el número de viviendas turísticas ha aumentado notablemente, y muchas son viviendas que podrían alquilarse en régimen de larga duración. La tentación es pensar que esto se produce porque el alquiler turístico genera mayores beneficios a los propietarios y por tanto les mueve el interés económico. La realidad es otra. En regiones como la nuestra los ingresos netos (una vez pagados todos los gastos, servicios de limpieza, gestión etc) que produce una vivienda en alquiler turístico son iguales o menores que los que produce un alquiler de larga duración, entonces ¿Por qué querría un propietario elegir una fórmula que genera los mismos o menos ingresos y da más trabajo? La respuesta es sencilla: por seguridad, los alquileres turísticos presentan un riesgo mucho menor de ser ocupados o de eternizarse en un desahucio en el que la mayor protección recae sobre el inquilino.

El trabajo por parte de un gobierno debería comenzar actuando en esa causa, no demonizando un modelo de negocio que por sí mismo no es ni bueno ni malo, dependerá de cómo se regule y de la calidad del trabajo legislativo y normativo que se haga al respecto.

La acción llevada a cabo por el ministerio es poco más que un disparo de fogueo, hecho sobre la principal plataforma, que aglutina el 60% de la oferta existente en la red, por lo tanto, el 40% ha quedado fuera del alcance de la medida.

La actividad del alquiler turístico necesita ser trabajada y entendida para establecer un marco regulatorio correcto que permita gozar de este modelo que se ha impuesto como una solución demandada por muchos de los casi noventa millones de turistas que recibimos en nuestro país. Existen empresas especializadas en la gestión de estas viviendas que lo hacen de una forma similar al modelo hotelero, que ocupan edificios enteros, en muchos casos en suelos terciarios que urbanísticamente no permiten viviendas y que suponen una solución sensata para la afluencia de turismo interno e internacional que reciben nuestras ciudades. La atomización que sufre actualmente esta actividad es fruto del desorden existente, de la ausencia de una normativa clara y de la necesidad de obtener ingresos del patrimonio que las personas poseen con mucho esfuerzo de la forma más segura posible.