Juan Carlos agricultor.

Juan Carlos agricultor. Atresmedia

Sociedad

Un agricultor en España: "Vas a un supermercado y los tomates pueden estar a 2,50 o 3 €, cuando nos están pagando 1 €"

El productor de tomate puso el foco en uno de los principales problemas del campo español: la diferencia de precios en la cadena de suministro.

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Las claves

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Los agricultores denuncian la gran diferencia entre el precio que reciben por productos como el tomate (1 €) y el que paga el consumidor (2,50-3 €).

El encarecimiento de suministros, la climatología adversa y la competencia exterior están reduciendo la rentabilidad del campo español.

La Ley de la Cadena Alimentaria busca evitar ventas por debajo del coste, pero las organizaciones agrarias consideran que su aplicación es insuficiente.

El aumento del precio final está cambiando los hábitos de compra de los consumidores y dificultando el relevo generacional en el sector agrícola.

El precio que paga el consumidor por los alimentos poco tiene que ver, en muchos casos, con la cantidad que recibe el agricultor por su producción.

Esta diferencia entre el origen y el punto de venta se ha convertido en una de las principales reivindicaciones del campo español, que reclama desde hace años un reparto más equilibrado del valor generado a lo largo de la cadena alimentaria.

El tomate es uno de los productos que mejor refleja esta situación. Juan Carlos, productor de tomate, resume el problema de forma contundente en los informativos de Antena 3. "Vas a una gran superficie y el precio puede estar a 2,50 o 3 euros, cuando al agricultor se le está pagando 1 euro", afirma.

La denuncia se produce en un momento marcado por la presión que soportan las explotaciones agrícolas.

El encarecimiento de los suministros, la climatología adversa y la competencia exterior están reduciendo la rentabilidad de numerosas explotaciones, mientras los productores afrontan cada vez más dificultades para mantener la actividad.

Una cadena con precios muy diferentes

La denominada Ley de la Cadena Alimentaria establece mecanismos destinados a evitar que los productores tengan que vender por debajo de sus costes de producción. Sin embargo, las organizaciones agrarias consideran que la aplicación de estas medidas todavía presenta deficiencias.

Uno de los indicadores utilizados para analizar esta evolución es el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD), elaborado por COAG.

Sus datos muestran habitualmente diferencias importantes entre la cantidad que recibe el agricultor y el precio final de determinados productos en los establecimientos comerciales.

A la presión sobre los precios se añade el incremento de los costes necesarios para mantener una explotación. El combustible, los fertilizantes, la electricidad y los productores fitosanitarios representan una parte importante de los gastos de los agricultores.

Juan Carlos también apunta al impacto que está teniendo la situación internacional sobre su actividad: "Con esta nueva guerra, el tema del combustible está por las nubes. Al igual que las personas que van a comprar, a nosotros se nos encarece todo también".

El problema no termina en el campo. El aumento del precio final también está modificando las decisiones de compra de los consumidores.

Said, propietario de la frutería San Juan, explica que esta situación ya se percibe en las ventas: "La gente ahora compra menos tomate; antes llevaban tres o cuatro kilos, ahora máximo un kilo o un kilo y medio".

Los agricultores también señalan el incremento de las importaciones procedentes de países extracomunitarios, especialmente Marruecos.

Las organizaciones agrarias reclaman que los productos importados estén sometidos a unas condiciones equivalentes a las que deben cumplir los productores europeos.

Mientras tanto, la sequía, los fenómenos meteorológicos extremos y la burocracia vinculada a la Política Agraria Común (PAC) añaden nuevas dificultades a un sector que necesita estabilidad para planificar sus campañas.

A largo plazo, una de las mayores preocupaciones es el relevo generacional. La edad media de los agricultores españoles supera los 60 años y menos del 9% de los titulares de explotaciones tiene menos de 41 años.

La falta de rentabilidad, unida a los elevados costes para incorporarse a la actividad, dificulta que los jóvenes decidan continuar con las explotaciones familiares.

El problema del precio del tomate va más allá de lo que paga el consumidor: refleja las dificultades de un modelo agrícola que busca garantizar su futuro.