El presidente del gobierno, Pedro Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Europa Press
España desafía a la UE: muestra su rechazo al reglamento para retornar migrantes irregulares y cuestiona su legalidad
Si bien el 12 de junio entró en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, el Gobierno no dudó en rechazar abiertamente el Reglamento de Retornos.
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España ha abierto un nuevo frente de debate en la política migratoria europea al rechazar formalmente el Reglamento de Retornos, una de las normas más controvertidas del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, ya en vigor en toda la Unión Europea.
El Gobierno considera que algunas de sus medidas plantean serias dudas jurídicas y podrían "comprometer derechos fundamentales" reconocidos por la legislación europea e internacional.
La posición española fue trasladada a las instituciones comunitarias a través de una carta remitida al Comité de Representantes Permanentes de la Unión Europea (Coreper).
En ella el Ejecutivo expresó su oposición al texto impulsado por Bruselas y defendió una política migratoria integral basada en el "respeto al Derecho internacional y de la Unión Europea".
El Reglamento de Retornos constituye una de las piezas clave del nuevo sistema migratorio comunitario.
Así, mientras el Pacto Europeo de Migración y Asilo establece las normas comunes para gestionar las llegadas irregulares, las solicitudes de protección internacional y la cooperación entre Estados miembros, el reglamento está diseñado para agilizar la expulsión de aquellas personas que no obtengan autorización para permanecer en territorio europeo.
Sin embargo, el Gobierno español considera que la propuesta presenta importantes deficiencias.
![La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11281883.jpg?p=w:320\/h:180&h=TNqnUFtf"])
Entre ellas, critica "la renuncia a construir un sistema verdaderamente europeo de retorno" y el exceso de referencias a legislaciones nacionales, algo que, a juicio del Ejecutivo, supone "pasos hacia atrás" en el proceso de armonización de las políticas migratorias de la Unión.
De ese modo, las mayores objeciones se centran en las medidas relacionadas con el internamiento de migrantes en situación irregular, criticando la normalización de la privación de libertad y que los periodos máximos de internamiento se amplíen "hasta 24 meses".
Para el Ejecutivo, estas disposiciones plantean un problema de proporcionalidad. De hecho, en su carta cuestiona abiertamente que una persona cuya infracción sea encontrarse de forma irregular pueda permanecer privada de libertad más tiempo que algunos delincuentes condenados por delitos graves.
Otro de los puntos de fricción son los conocidos como centros de retorno en terceros países o return hubs. Esta medida permitiría trasladar a migrantes irregulares fuera de la Unión Europea mientras se tramita su devolución definitiva al país de origen.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11281813.jpg?p=c:1727:973:nowe:0:141\/w:320\/h:180&h=oFZO7eX4"])
De tal manera, el Gobierno muestra su pleno rechazo, indicando cómo incluso familias con menores podrían ser enviadas a países con los que no mantiene ningún vínculo.
A la vez alerta del riesgo de "vulnerar el principio de no devolución", uno de los pilares básicos del derecho internacional de protección de refugiados y de los derechos humanos.
De ese modo, si bien España dice aplicar las normas incluidas en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, lo cierto es que incumple diferentes medidas del acuerdo. A eso se suma su abierta oposición al Reglamento de Retornos y, especialmente, a la creación de centros de retorno fuera de la UE.
Todo ello se produce en pleno contexto de la tramitación de la regularización masiva de 1,2 millones de personas en situación irregular, una medida que ha levantado dudas y críticas en Bruselas, además del miedo a un posible efecto llamada.
