Xi Jinping, actual presidente de la República Popular China.

Xi Jinping, actual presidente de la República Popular China. Europa Press

Sociedad

China da una lección a España con los autónomos: no tienen que pagar IVA si facturan menos de 13.000 euros al mes

Mientras el país asiático suma la ventaja de no cobrar cuotas fijas, nuestro Ejecutivo retrasa la exención del IVA que Europa ya nos ha exigido aplicar.

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Las claves

En China, los autónomos que facturan menos de 13.000 euros al mes están exentos de pagar IVA, a diferencia de España.

El sistema español obliga a los autónomos a pagar una cuota mensual fija y liquidar el 21% de IVA trimestral, aunque no tengan ingresos.

China no exige cuotas mensuales ni tarifas fijas para sus autónomos, pero la protección social depende de la planificación personal.

Las ventajas fiscales chinas solo aplican a nacionales; los extranjeros no pueden operar como autónomos y deben crear una empresa formal.

Ser autónomo en España a menudo se describe como un deporte de riesgo. Entre la cuota mensual a la Seguridad Social, las declaraciones trimestrales y el adelanto del IRPF, muchos emprendedores sienten que trabajan más para el Estado que para sí mismos.

Sin embargo, a miles de kilómetros de distancia, la maquinaria económica del gigante asiático aplica un paradigma radicalmente distinto.

Si miramos el sistema chino para sus trabajadores por cuenta propia, conocidos como Getihu, encontramos un modelo que prioriza la supervivencia del negocio en sus fases iniciales con una política fiscal que en España parecería ciencia ficción.

La principal diferencia que asfixia al autónomo español frente a su homólogo chino reside en el coste fijo de existir comercialmente.

En España, el simple hecho de formalizar el alta implica asumir una cuota mensual obligatoria, calculada en la actualidad sobre los ingresos reales.

Esta cuantía debe abonarse incondicionalmente, facture el negocio una fortuna o absolutamente nada ese mes.

En China, la realidad operativa es diametralmente opuesta, ya que no existe ninguna tarifa mensual obligatoria que actúe como peaje inicial.

Pero donde el sistema chino marca una verdadera distancia es en los impuestos indirectos, con un gobierno especialmente permisivo con los negocios incipientes para impulsar el autoempleo y la economía de calle.

Bajo su legislación fiscal actualizada, un autónomo local puede facturar hasta 100.000 yuanes mensuales, aproximadamente 13.000 euros, y disfrutar de una exención total del IVA.

Como contraste directo, en España el emprendedor debe liquidar un 21% de IVA cada trimestre, una carga que con frecuencia asfixia la liquidez de los proyectos en sus primeras etapas.

Sin embargo, no conviene perder de vista la otra cara de esta elevada tributación: un respaldo social más sólido.

El sistema español resulta más costoso porque el Estado asume un papel amplio en la protección del trabajador: garantiza acceso a la sanidad pública, pensión y prestaciones como el cese de actividad.

Por el contrario, en China la cotización es en gran medida voluntaria, de modo que la seguridad ante enfermedad, accidentes o jubilación depende en gran parte de la planificación personal.

Existe, además, un factor limitante antes de idealizar este ecosistema oriental: sus grandes ventajas están reservadas exclusivamente a los ciudadanos nacionales.

Mientras España se presenta como un destino atractivo para el talento internacional, con herramientas como el visado de nómada digital, operar como freelance extranjero en China es ilegal y puede acarrear deportación.

Allí se exige constituir una empresa formal, lo que supone asumir una considerable carga financiera y burocrática.

A pesar de este panorama fiscal inicial poco favorable, se vislumbra un atisbo de cambio en España, aunque avanza a paso de tortuga.

Europa lleva tiempo instando al país a aplicar el régimen de franquicia del IVA, una directiva comunitaria que eximirá de este impuesto y de las declaraciones trimestrales a quienes facturen menos de 85.000 euros al año.

No obstante, a día de hoy España sigue siendo el único miembro de la Unión Europea que no lo ha implementado, y se espera que esta medida salvavidas no entre en vigor hasta 2027, aunque algunos expertos fiscales ya apuntan incluso a 2028.