La UE cambia la norma en España: los autónomos no tendrán que declarar IVA si ganan menos de esta cantidad

Al Gobierno de España no le ha quedado otra que ‘agachar las orejas’ y aplicar finalmente la directiva de la UE 2020/285 para la reforma del IVA. La misma, permite eximir del IVA a las pequeñas empresas y autónomos con una facturación anual reducida de hasta 85.000 euros.

Dicha directiva debería haber sido traspuesta desde el pasado 1 de enero de 2025. Pero chocó con el ‘no’ del Ejecutivo español. Mientras tanto, otros países de la UE como Alemania, Francia o Italia ya lo habían hecho.

Debido a esta cerrazón, entre 1,5 y 2 millones de pequeños autónomos, no se han beneficiado de la medida hasta ahora, una vez que se ha aprobado dentro de las medidas anticrisis por la guerra de Irán, y tras la exigencia de Junts.

Multa de la UE

Fruto de esta situación, de la negativa de María Jesús Montero de aplicar la directiva (Hacienda estuvo negociando durante meses con las organizaciones de autónomos), la Comisión Europea denunció a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Y la multa podría rondar los 30 millones de euros

Hablamos del conocido como ‘IVA franquiciado’, una medida que ya había sido aprobada en el Congreso a iniciativa del PP, pero que el Gobierno dejó olvidada ‘en el baúl de los recuerdos’.

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Gracias a esta congelación, los autónomos han tributado unos 200 millones de euros más. Dicho de otra manera, 200 millones que han recalado en las arcas de Hacienda. Por lo tanto, la posible multa le hubiera costado a España unos 30 millones de euros.

Es decir, que España ha preferido mantener sin aplicar la medida porque le resultaba económicamente más ventajoso, incluso pagando la multa.

Pero ahora, con el decreto de medidas anticrisis, no le ha quedado otra que dar ‘marcha atrás’ tras las exigencias de su socio de investidura, Junts. De no haberlo hecho, otras medidas como las rebajas de impuestos a la electricidad, el gas y los carburantes, entre otras, no hubieran salido adelante.

Recordemos que Bruselas fijó como límite máximo 85.000 euros de facturación, pero cada Estado puede fijar la cifra que quiera. Los Estados también pueden optar entre hacer el sistema obligatorio o voluntario y/o excluir o circunscribir a determinados sectores.

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¿Qué han hecho otros países? Alemania ya aplica la exención de IVA para aquellos que facturen menos de 22.000 euros anuales; Francia la aplica sólo a los que facturen menos de 33.800 euros en el sector servicios; e Italia es el país más generoso y aplica el máximo permitido por la directiva: exención para todos aquellos que facturen menos de 85.000 euros.

Una situación que no hacía otra cosa que colocar a los pequeños autónomos españoles en posición de desventaja competitiva respecto a sus homólogos europeos.