El Gobierno lo pone sobre la mesa: casi 1.000 euros al mes por hijo entre ayudas estatales, autonómicas y por crianza

El Gobierno lo pone sobre la mesa: casi 1.000 euros al mes por hijo entre ayudas estatales, autonómicas y por crianza

Sociedad

El Gobierno lo pone sobre la mesa: casi 1.000 euros al mes por hijo entre ayudas estatales, autonómicas y por crianza

El Ministerio de Consumo prepara una nueva ayuda por hijo que se podrá compatibilizar con otras prestaciones hasta rozar los 1.000 euros al mes.

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Las claves

El Gobierno propone una prestación universal por crianza que podría sumar hasta casi 1.000 euros mensuales por hijo menor de tres años, combinando ayudas estatales, autonómicas y por maternidad.

La medida busca incentivar la natalidad en España y combatir la pobreza infantil, estableciendo una base común de apoyo económico para todas las familias, independientemente de su renta.

La ayuda será compatible con otras deducciones fiscales y ayudas ya existentes, y su cuantía variará según la comunidad autónoma.

La prestación universal pretende consolidarse como una política de Estado y su diseño no dependerá de la renta familiar, aunque la progresividad se aplicará a través del IRPF.

Según el censo, se estima que en España el nivel de nacimientos está en niveles históricamente bajos. Si bien en 2025 subieron un 1%, el año anterior se registró un mínimo histórico.

Algunas de las razones de este descenso se debe a la precariedad, la edad de la maternidad muy alta, la difícil conciliación laboral o los cambios culturales en materia de prioridades.

Por ello, desde el Gobierno tratan de sacar adelante medidas que incentiven la natalidad como la prestación universal por crianza que propuso el ministro Pablo Bustinduy así como la posibilidad de compatibilizar con otras ayudas.

Ayudas para las madres

El Gobierno prepara una prestación universal por crianza que podría permitir a algunas familias percibir hasta casi 1.000 euros al mes por cada hijo menor de tres años, sumando todas las ayudas estatales, autonómicas y por maternidad actualmente vigentes.

La medida, que depende de la aprobación de los nuevos Presupuestos, busca garantizar que ningún hogar quede fuera del sistema de apoyo a la infancia.

Según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, la futura prestación será compatible con otras deducciones fiscales y ayudas ya existentes.

De esta manera, una madre madrileña podría sumar los 200 euros mensuales propuestos por el Gobierno para cada hijo hasta los 18 años, los 100 euros de ayuda a madres trabajadoras con hijos menores de tres años y 110 euros del complemento vinculado al Ingreso Mínimo Vital (IMV).

A eso se le suman, por ejemplo, los 500 concedidos por la Comunidad de Madrid en los primeros tres años de vida del niño.

El alcance de esta cifra varía según la comunidad autónoma, dado que algunas, como Andalucía, Navarra o Comunidad Valenciana, tienen sus propias deducciones fiscales ligadas a la maternidad.

No obstante, la idea central del Ejecutivo es establecer una base común de apoyo económico que llegue a todas las familias, sin discriminación y que pueda reforzarse en casos de mayor vulnerabilidad, como hogares monoparentales o perceptores del IMV.

El diseño universal de la ayuda tiene como objetivo combatir la pobreza infantil y la crisis de natalidad. A diferencia de otros sistemas condicionados, esta prestación no depende de la renta familiar.

Según el Ministerio, la progresividad se aplicará a través del IRPF: las familias de renta baja recibirán íntegramente la ayuda, las de renta media recuperarán parte de ella vía tributación, y las de renta alta devolverán el total mediante el impuesto.

Solo se requerirá tener hijos a cargo y residencia en España.

El Ejecutivo insiste en que esta política debe consolidarse como una política de Estado, de manera que se mantenga en el futuro independientemente del partido en el Gobierno.

España, en comparación con países como Alemania o Suecia, donde este tipo de prestaciones existen desde hace décadas, todavía se encuentra a la cola de la Unión Europea en inversión en políticas familiares.

Con alrededor de ocho millones de menores distribuidos en cinco millones de hogares, el Ministerio defiende que el coste de la medida es asumible y eficiente, especialmente frente al coste de la pobreza infantil, estimado en hasta un 5% del PIB, más de 60.000 millones de euros anuales.

La prestación universal por crianza, si se aprueba, supondrá un cambio histórico en el sistema de protección de la infancia y un paso hacia una mayor igualdad entre familias.