Pilar Pérez, la propietaria de la vivienda okupada.
Pilar, viuda y jubilada: "La inquiokupa me dijo que ella tenía un acuerdo con mi marido y no conmigo"
El caso de Pilar revela cómo una ley pensada para proteger puede acabar desamparando a los propietarios.
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Pilar Pérez nunca imaginó que alquilar su piso acabaría por convertirse en una pesadilla sin salida. Lo que comenzó como un acuerdo habitual de arrendamiento en A Coruña terminó con amenazas, deudas y un bloqueo emocional que le impide incluso pasar por delante de su antigua vivienda.
Su caso, contado en televisión y ampliado en redes sociales, pone rostro a un problema que afecta a muchos propietarios: los límites de una ley pensada para proteger, pero que a veces desprotege.
Pilar y su marido vivían en Pontedeume. Años atrás, decidieron alquilar por 370 euros mensuales un piso de su propiedad, ubicado cerca de los juzgados de A Coruña, a una mujer que se instaló allí junto a su hija.
Una situación insostenible
Al principio, la convivencia contractual no dio señales de alarma. Sin embargo, todo cambió radicalmente hace cinco años, cuando la inquilina dejó de pagar.
La propietaria recuerda con impotencia cómo comenzó la situación: en declaraciones al directo de Antena 3, relató que la mujer justificó el impago con una frase que la dejó helada: "Me dijo que ella tenía un acuerdo con mi marido y no conmigo".
Desde la muerte de su esposo, la inquilina decidió dejar de abonar el alquiler y, según Pilar, comenzó a intimidarla verbalmente. "Te voy a joder la vida, yo no me voy de aquí, me decía", aseguró en esa misma entrevista.
En estos cinco años, la deuda acumulada supera ya los 23.000 euros. Pilar ha tenido que soportar no solo la pérdida de ingresos, sino también el no poder acceder al interior del inmueble.
De hecho, hace seis años que no pisa el piso, ni tan siquiera puede acercarse. La angustia le supera. "No puedo pasar por esa calle, no por miedo a encontrármela, sino porque me invade el pánico, no puedo", confesó, visiblemente afectada.
En redes sociales, donde también ha compartido su historia, Pilar intentó resumir su desesperación en pocas palabras: "Soy Pilar, soy real, tengo un piso alquilado en A Coruña, desde hace cinco años, que ni paga ni quiere irse, a pesar de tener una orden para echarla".
Y es que la justicia sí reconoció su derecho. Se dictó una orden de desahucio a su favor. Pero esa resolución judicial quedó en pausa tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2020, que impide los desalojos si la persona ocupante es considerada vulnerable.
La inquilina solicitó esa condición, y la obtuvo. Sin embargo, Pilar y su abogado, Xaime da Pena, insisten en que esa supuesta vulnerabilidad se sostiene con alfileres: la mujer ha rechazado varias propuestas de vivienda social lo que, según ellos, desmonta por completo su argumento.
Sin piso, sin pensión
Ante la falta de soluciones, Pilar se vio obligada a tomar una decisión desesperada: dejó de pagar el agua del piso que ni siquiera puede visitar. El resultado fue aún más dramático: le embargaron la cuenta bancaria donde recibe su pensión, la única fuente de ingresos con la que cuenta actualmente.
Y la situación no hace más que agravarse: "Ahora me dice que deja el piso si le pago 10.000 euros", denunció también en su testimonio.
Su abogado lo deja claro: "La okupa utiliza como argumento la vulnerabilidad, pero aquí la vulnerable es mi representada". Pilar no solo ha perdido el control sobre su vivienda, sino también su tranquilidad, su salud emocional y su estabilidad económica.
Este caso pone de manifiesto una realidad incómoda: cuando las leyes que buscan proteger a los más frágiles terminan dejando sin protección a quienes no tienen otro patrimonio que una vivienda, y ningún ingreso más allá de una pensión.
Pilar no exige privilegios, solo pide que se le devuelva lo que es suyo. Su voz, cada vez más presente en medios y redes, refleja una situación límite que necesita respuestas urgentes. "Yo no soy el escudo social de nadie", repite.
