Nunca una Ley Audiovisual había dado tanto que hablar, pero en un giro del destino, la transposición de la normativa europea, que normalmente hubiera preocupado sólo a los implicados, se ha convertido en un asunto de estado. Durante semanas los telediarios hablaban de cuotas de producción, del audiovisual español… De repente la Ley Audiovisual se había convertido en fundamental para que el gobierno de coalición aprobara sus presupuestos. ERC se fijaba en la reforma para condicionar su apoyo a las cuentas. Pedía una obligación a las plataformas de producir en lenguas cooficiales.

Entre tanto ruido, noticias contradictorias y peleas se ha olvidado quizás lo más importante, y es que la nueva Ley Audiovisual no convence, o al menos no convence a gran parte del sector audiovisual, ya que olvida cualquier norma para promover la igualdad y se olvida de los más vulnerables en este nuevo contexto, los productores independientes. En cuestión de igualdad incluye promesas al aire, pero ni rastro de unas cuotas que fomenten la entrada de mujeres en las producciones fijadas por la nueva ley que deberán hacer las plataformas o cadenas privadas -que ya tienen actualmente un porcentaje de producción obligada por la anterior ley-.

“Lo que pedimos sobre todo es que ya que hay muchas cuotas en esa ley y no sale nada de Igualdad. Habla del fondo de protección a la cinematografía del ICAA, pero eso es aparte y ya está definido. En todo lo que se refiere a series o videojuego no aparece nada de igualdad. Hay cuotas para animación, para documentales, para lenguas cooficiales, pero no para productos audiovisuales liderados por mujeres”, cuenta a EL ESPAÑOL Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA). Uno de los problemas a los que se están enfrentando es que la Ley Audiovisual -que pasará su trámite parlamentario ahora en febrero- depende de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, organismo menos sensibilizado a las necesidades del cine y el audiovisual español.

Icíar Bollaín en el rodaje de 'Yuli'.

“Economía lo que dice es que ellos quieren hacer recomendaciones, pero nosotras sabemos que las recomendaciones se las lleva el viento. Son cuotas y no hay más. No lo entienden. Cuando hemos hablado con otros ministerios, como el de Cultura, te hablan del ICAA, pero en el ICAA solo regula películas y el otro dinero esta en Economía, no en Cultura, y no incluye las series”, explica Adreu, que cree que parte de la solución pasa por crear un consejo del audiovisual: “Nos dicen que en otros países europeos no hay políticas de Igualdad y les decimos que claro, porque otros países tienen un consejo del audiovisual que desde hace años tienen políticas de igualdad”.

“En España se intentó hacer en época de Zapatero pero no puso ser. Nos quedan las alegaciones parlamentarias. Vamos a hablar con todos los partidos políticos. No les entra en la cabeza que no es una cuestión de que las mujeres queramos hacer cine, porque hay otros sectores por supuesto; pero es que el audiovisual es el que crea referencias. Ahora mismo todo el mundo está consumiendo audiovisual. No estamos pidiendo cuotas para las directoras, sino para toda la sociedad. Es que en el Pacto de Estado para la Violencia de Género habla de la importancia del audiovisual, por ejemplo”, zanjan desde CIMA.

Economía lo que dice es que ellos quieren hacer recomendaciones, pero nosotras sabemos que las recomendaciones se las lleva el viento. Son cuotas y no hay más. No lo entienden

Cuestionan que con el actual modelo, “las funciones de la CNMC en materia audiovisual quedan diluidas en una gran cantidad de campos de los más diversos (competencia, energía, transportes, telecomunicaciones, etc). “Por ello, una de las reivindicaciones constantes del sector audiovisual es recuperar una autoridad en materia audiovisual, atendiendo al modelo establecido tanto en otros muchos países como Francia (con la CSA), en Alemania (con la DLM), en Italia (con AGCOM), en Gran Bretaña (con OFCOM), como en las Comunidades Autónomas de Cataluña y Andalucía. Así pues, sería de lo más razonable recuperar el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales a través de la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual en la que se está trabajando”.

El cine independiente, en peligro

Las mujeres cineastas no son las únicas que han manifestado sus dudas ante la nueva Ley. Los productores independientes se muestran muy preocupados por un texto en el que “no vemos recogida en ella ni una sola de las alegaciones que hicimos a lo largo de los dos procesos de audiencia pública previos”, tal como expresa en un comunicado la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes (P.A.P, que agrupa a las asociaciones AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM). Consideran que el texto se olvida de su contribución y la “desprotegen y condenan a una dependencia irreversible de los grandes suministradores de contenidos que en poco tiempo alejará los centros de decisión respecto a la producción audiovisual que se realice en España y que laminará la propiedad intelectual de las producciones que se hayan realizado aquí, empobreciendo su patrimonio audiovisual”.

Fotograma de 'Espíritu Sagrado'.

Desde la P.A.P no piden un trato de favor, sino que las medidas tomadas permitan “la convivencia entre productoras independientes y las grandes plataformas, estudios o productoras extranjeras que optan por rodar o postproducir en España”. “Este proceso de convivencia lleva años avanzando y las grandes cadenas e inversores extranjeros han ido haciéndose con la producción, los derechos y a menudo con la misma propiedad societaria de importantes productoras que en su día fueron independientes y ahora son instrumentos de los proveedores de contenidos”, y aquí radica el problema del texto presentado, que confunde “entre las productoras realmente independientes y las que la ley permite pasar por tales cuando claramente son herramientas de grandes plataformas y cadenas de TV, que dependen completamente de lo que estas decidan y que forman parte con mayor o menor claridad de grandes grupos empresariales internacionales”.

También destacan negativamente que la Ley Audiovisual no refleje “otros pilares básicos para el buen desarrollo de nuestro sector como son la diversidad cultural (géneros audiovisuales, lenguas cooficiales) y las obligaciones correspondientes para todos los prestadores de servicios de comunicación audiovisual que dirijan sus servicios al mercado español, sea cual sea su país de establecimiento. Al mismo tiempo, se está hablando de unas aportaciones económicas de las cuales desconocemos a que partida presupuestaria corresponden y nos preocupa enormemente que se pretendan sacar de una dotación del ICAA que ya está por debajo de las necesidades del sector”.

Falta de diálogo

Antonio Mansilla, presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAF) cree que “ha faltado diálogo. No sabemos muy bien quiénes han sido los interlocutores para hacer el borrador de la ley. Queda el trámite parlamentario en febrero y tratamos de convencer que cambie, porque esa ley a largo plazo puede suponer la desaparición de una parte del sector audiovisual en nuestro país”, y vuelve a subrayar que el conflicto está en una definición del productor independiente que “da la sensación de que no han entendido qué es en realidad”.

“Queremos un sector variado que no esté en manos de dos o tres grupos cuya sede social no esté en Madrid y que va a tener poco interés en un sector que no es comercial. En muchas películas como esta productora de Alicante como es Espíritu sagrado. La diversidad cultural de nuestro país que es muy importante con esta ley está en peligro. Quién va a defender las películas en otros idiomas, quién va a apostar por los productores independientes si no son las productoras pequeñas y medianas”, explica Mansilla que, sin citar a nadie, señala que con el actual borrador “un grupo empresarial que esté participado por una multinacional con sede en Madrid o en Hong Kong, actualmente sería considerado como productor independiente en nuestro país”.

Un grupo empresarial que esté participado por una multinacional con sede en Madrid o en Hong Kong, actualmente sería considerado como productor independiente en nuestro país

Una defensa del productor independiente que también es una apuesta por la Marca España en el extranjero: “muchas veces nos quejamos de que el cine español no está en Cannes ni en Venecia, lo que pasa es que nuestro país ha cambiado a nivel cultural. Es un cine que distribuyen multinacionales y no es un cine culturalmente potente. Me consta que estarían encantados de descubrir nuevos talentos, pero tienen la sensación de que se hacen películas más comerciales y películas que interesan menos al festival”.

El productor José Antonio Hergueta, presidente de la Mesa Territorial de Productores Audiovisuales (MAPA), cree que esto es una oportunidad perdida y lamenta que “España haya decidido legislar tímidamente y torpemente, al poner en desventaja las empresas independientes frente a otras participadas por capital extranjero o pertenecientes a grandes corporaciones”. “Ya estábamos fastidiados porque no se fuera más ambicioso como han sido Francia o Alemania, en obligar a las corporaciones al porcentaje de inversión en producción nacional. La redacción es lo más dañino. Es un fracaso rotundo redactar un artículo sobre la producción independiente donde se confunde la industria española”, apunta.

Llevamos más de un año en todo el proceso de redacción proponiendo textos. Curiosamente, ninguna de las propuestas que han llegado del sector cinematográfico parece haber tenido acogida en economía

Subraya que “no estamos en contra de la producción de los grandes grupos, cualquier modo de generar industria y riqueza es positivo, pero el objetivo de esta ley y de la normativa europea siempre ha sido proteger el producto nacional y europeo frente a la avalancha de los grandes grupos y la homogeneización de estos grupos, porque al final la decisión de qué se produce la toman fuera. Esto es lo que no está viendo el gobierno que están desprotegiendo el talento y el capital español. Que el mercado ya está dominado es parte del juego, pero ¿dárselo todo tiene sentido?”.

Desde el ICAA hay voluntad, pero quien se encarga de la ley es el ministerio de Economía, “y tampoco el ministro de Cultura se está posicionando lo suficientemente para cambiar esta equiparación”, como recuerda Hergueta. “Llevamos más de un año en todo el proceso de redacción proponiendo textos. Curiosamente ninguna de las propuestas que se han redactado desde el sector cinematográfico español parece haber tenido acogida en economía”. Queda tiempo, hay margen de maniobra, pero si no se actúa la diversidad de nuestro cine estará en peligro de extinción y supeditada a lo que los grandes grupos y plataformas decidan.

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