Algunos de los titulares que ha generado en Senegal y otros medios africanos el conflicto por el proyecto.
El pufo del 'Asergate': una empresa madrileña, 56 M para electrificar Senegal y 1.700 pueblos que esperan la luz
El contrato ha desatado un enorme escándalo político y mediático en Senegal, mientras la justicia investiga el caso en Dakar y Madrid y AEE Power niega cualquier desvío: lo llaman el 'Asergate' senegalés.
Otras historias: Matan a dos hermanastros en una pelea en Cantabria y la Guardia Civil detiene al presunto autor de los hechos
En el este de Senegal todavía hay pueblos donde la noche empieza de verdad cuando se pone el sol.
Tambacounda y Kédougou, dos de las regiones incluidas en el gran programa de electrificación rural adjudicado a la española AEE Power EPC, están entre los territorios más pobres y menos densamente poblados del país.
Allí debía desplegarse una parte de las líneas, transformadores y conexiones de un proyecto suscrito el 23 de febrero de 2024.
AEE Power EPC, una ingeniería madrileña especializada desde hace años en construir infraestructuras eléctricas en África, había conseguido uno de los contratos más ambiciosos de la electrificación rural senegalesa.
Su importe rondaba los 140 millones de euros. Después de sucesivas modificaciones, la promesa terminó convertida en una cifra formidable: llevar electricidad a 1.740 localidades.
Y el dinero empezó a llegar bastante antes que la luz. El 11 de junio de 2024 se desembolsaron cerca de 56 millones de euros para ponerlo en marcha.
Jean-Michel Sène, director general de la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER), junto a José Ángel González Tausz, presidente de la española AEE Power EPC, durante la renegociación del contrato de electrificación rural en agosto de 2024, que elevó de 1.500 a 1.740 las localidades previstas.
Era el gran anticipo inicial de una operación financiada desde España: un banco español aportaba el crédito, Senegal asumía la deuda y AEE Power debía convertir aquel dinero en infraestructura eléctrica.
CESCE, la compañía española de seguros de crédito a la exportación, cubría parte del riesgo de la operación mediante el sistema público de apoyo a las exportaciones.
Tres meses después, algo había empezado a inquietar al propio banco. El 30 de septiembre de 2024, remitió un escrito a la autoridad senegalesa que vigila los contratos públicos.
El documento es la Decisión 107/2024 de ARCOP, la Autoridad de Regulación de la Contratación Pública de Senegal. En apenas cinco páginas aparece por primera vez una grieta que desde entonces no ha dejado de ensancharse.
Según la resolución, el banco español manifestó sus "vivas inquietudes" sobre la gestión financiera del contrato y explicó que había reclamado a AEE Power EPC información sobre el "destino y la utilización" del anticipo recibido.
La entidad financiera española aseguraba que aquellas preguntas llevaban semanas sobre la mesa sin obtener respuesta.
La cantidad sobre la que preguntaba era de 37.733 millones de francos CFA, unos 57,5 millones de euros.
Planteaba además dudas sobre determinadas garantías financieras ligadas al contrato.
Además, comunicaba una decisión mucho más grave para la continuidad de las obras: CESCE, que cubría por cuenta del Estado español parte del riesgo asumido en la operación, había suspendido su respaldo a la financiación mientras seguían pendientes las explicaciones reclamadas sobre el anticipo.
![Arancha Gonzalez Laya con us homóloga en Senegal, Aissata Tall Sall.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/7901967.jpg?p=w:1706\/h:960&h=2ku2tSDs"])
Aquello todavía no era una acusación penal. Tampoco significaba que 56 millones de euros hubieran desaparecido.
Interrogante
El dinero de una gran obra puede abandonar una cuenta para pagar proveedores, adquirir materiales, comprar divisas, constituir garantías o circular entre distintas sociedades que participan en la ejecución.
Pero la pregunta había dejado de formularla únicamente un socio comercial enfrentado a AEE o un político senegalés. La estaba planteando el banco que financiaba la operación.
¿Qué había ocurrido con el anticipo? ¿Hacia dónde había partido el dinero transferido a la cuenta de los españoles?
Dos días después de recibir la comunicación de la entidad española, ARCOP suspendió cautelarmente la ejecución del contrato mientras examinaba el conflicto.
Desde entonces, el expediente ha ido engordando. Y además, ha salido de los despachos debido, entre otras cosas, a los recientes cambios políticos en el país.
Tras ganar las elecciones, el nuevo presidente senegalés Bassirou Diomaye Faye tomó posesión de su cargo el 2 de abril de 2024, siete semanas después de la firma del contrato de AEE.
Su Gobierno convirtió desde el primer momento el lema wolof Jub, Jubal, Jubanti —rectitud, transparencia, corrección— en una declaración de principios contra las prácticas corruptas heredadas del largo mandato de Macky Sall.
![Marlaska, en una visita a Senegal con la Guardia Civil el pasado mes de noviembre.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10384161.jpg?p=w:1706\/h:960&h=iHi0BSB3"])
Ordenó auditorías, prometió publicar informes de los organismos de control y colocó la transparencia de las cuentas públicas en el centro de su discurso.
O si se quiere de otro modo, el país acababa de cambiar de régimen y el nuevo poder había llegado prometiendo precisamente limpiar la forma en que se gastaba el dinero público y, en medio de este proceso, saltó a los titulares la empresa madrileña de ingeniería.
La pelea contractual terminó acaparando espacios en los platós de televisión, los directos de las redes sociales y la Asamblea Nacional, hasta convertirse en uno de esos escándalos que en Senegal adquieren inevitablemente una dimensión mayor que el contrato que los originó y que, en este caso, iba acompañado del gentilicio de 'español'.
SenePlus tituló "ASER-AEE Power, la justicia española entrega las pruebas que Dakar no quiso buscar"; al presentar otra investigación sobre la "nebulosa de 91.000 millones", subrayó en su entradilla el "pasado sulfuroso de la empresa española"; y la información sobre la ofensiva judicial de Saïdou Kane recogía ya desde el subtítulo la acusación de sus abogados contra "la sociedad española AEE Power EPC".
![Vecinos siguen de noche uno de los actos de puesta en servicio de instalaciones eléctricas vinculadas al programa de electrificación rural de ASER. Varios asistentes iluminan la escena con los teléfonos móviles.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11379665.jpg?p=c:1282:960:nowe:0:0\/w:1706\/h:1278&h=hzjngPnO"])
Vecinos siguen de noche uno de los actos de puesta en servicio de instalaciones eléctricas vinculadas al programa de electrificación rural de ASER. Varios asistentes iluminan la escena con los teléfonos móviles.
El contrato suscrito por los madrileños quedó atrapado justo en medio de aquella mudanza política. Y empezó el espectáculo.
El 19 de junio de 2025, Jean-Michel Sène, director general de ASER, puso negro sobre blanco una de las acusaciones que alimentaban el escándalo.
Según sus cálculos, AEE Power Sénégal había inflado los precios de los postes de hormigón que debía suministrar a la matriz española: sólo en ese capítulo, la diferencia habría alcanzado 15.399 millones de francos CFA, unos 23,5 millones de euros. "Sólo en los postes", recalcó Sène.
Era una acusación de ASER, no un hecho probado. La sociedad senegalesa la rechazó y exigió al director de la agencia que acreditara sus cifras.
La electrificación rural había dejado de discutirse en términos de kilómetros de cable. Ahora se discutía sobre el destino de los 56 millones de euros ingresados el 11 de junio de 2024 en la cuenta de AEE Power EPC, la empresa española con sede en Madrid que había firmado el contrato con ASER.
Pero el proyecto no lo ejecutaba sola. Sobre el terreno trabajaba con AEE Power Sénégal, una sociedad senegalesa dirigida por el empresario Saïdou Kane, a la que la propia matriz española había otorgado funciones importantes en la operación.
![Protestas en Senegal ante el retraso de la fecha electoral](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10421007.jpg?p=w:1706\/h:960&h=TXbPGXTq"])
Diez días después del desembolso, aquella alianza saltó por los aires: el 21 de junio, la sociedad local acudió a ARCOP para impedir que AEE Power EPC, la española, rompiera el contrato que las vinculaba.
Relatos opuestos
A partir de ahí empezaron a competir dos relatos completamente opuestos. La matriz española sostuvo que había perdido la confianza en su socio y acabó llevando sus sospechas a los tribunales.
El 17 de septiembre de 2024, AEE Power EPC presentó en Dakar una denuncia contra el administrador y el responsable de proyecto de AEE Power Sénégal por presunta tentativa de estafa, falsedad y uso de falsedad en documentos administrativos y maniobras fraudulentas.
Kane y AEE Power Sénégal respondieron que los españoles estaban intentando apartarlos del proyecto precisamente después de haber recibido el gran anticipo.
Ninguna de esas dos versiones quedó probada entonces por ARCOP. Lo que sí estaba fuera de discusión era la cronología: 56 millones el 11 de junio; ruptura entre los socios diez días después de que fluyera el dinero del Santander.
El escándalo dio otro salto en junio de 2026, cuando salió a la luz que la controversia había llegado también a los tribunales españoles.
Fue el diputado opositor senegalés Thierno Alassane Sall, que ya había denunciado el caso ante la justicia de su país en octubre de 2025, quien llevó asimismo la batalla judicial a España el 23 de enero de este año.
![Personal de ASER participa junto a vecinos de una de las localidades incluidas en las actuaciones de electrificación rural en Senegal. La imagen forma parte del material difundido por la propia agencia pública senegalesa sobre el despliegue del programa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11379680.jpg?h=CUliQd_U"])
Personal de ASER participa junto a vecinos de una de las localidades incluidas en las actuaciones de electrificación rural en Senegal. La imagen forma parte del material difundido por la propia agencia pública senegalesa sobre el despliegue del programa.
A raíz de su denuncia se abrieron en Madrid las Diligencias Previas 140/2026, relacionadas con una presunta apropiación indebida vinculada a la española AEE Power EPC.
Sall anunció después que había obtenido de la justicia de nuestro país documentación bancaria incorporada a esas diligencias y mostró públicamente movimientos de la cuenta de la compañía madrileña.
Según su lectura de aquellos extractos, buena parte de los 56 millones salió durante las semanas siguientes mediante transferencias a cuentas, pagos y operaciones en varios países. Sall presentó aquello como el rastro del dinero que Senegal debía investigar.
Respuesta
EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con AEE Power EPC y con CESCE, la aseguradora pública española de crédito a la exportación que cubría parte del riesgo de la operación, para recabar su versión y aclaraciones sobre el proyecto. Ninguna de las dos había respondido al cierre de esta edición.
La primera respuesta pública de los españoles a las insinuaciones y las acusaciones que les han llovido llegó el 14 de agosto de 2026 por boca de José Ángel González Tausz, presidente de AEE Power EPC, que, pese a la presión mediática a la que estaba sometido, decidió viajar personalmente a Dakar y comparecer ante los medios senegaleses.
González negó que aquellos movimientos demostraran que el dinero hubiera sido desviado y sostuvo que más de 40 millones de dólares habían quedado comprometidos con proveedores para ejecutar la obra.
Su argumento era sencillo: pagar desde una cuenta a proveedores, comprar equipos o mover fondos entre países no prueba por sí mismo que se haya cometido ningún delito.
Y devolvió la acusación con otra cifra: los 84 millones de euros restantes de la financiación, aseguró, nunca llegaron a AEE Power EPC porque el proyecto quedó bloqueado.
![Farola instalada en una de las localidades incluidas en el programa de electrificación rural de Senegal. AEE Power ha utilizado imágenes como ésta para mostrar los avances del proyecto.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11379681.jpg?h=F0Wu5Ztb"])
Farola instalada en una de las localidades incluidas en el programa de electrificación rural de Senegal. AEE Power ha utilizado imágenes como ésta para mostrar los avances del proyecto.
La empresa española puede invocar además una victoria judicial importante. El 21 de enero de 2026, la Cour suprême anuló la decisión con la que ARCOP había suspendido cautelarmente el contrato.
El alto tribunal consideró que el regulador se había extralimitado al intervenir en un conflicto contractual entre dos sociedades privadas.
La sentencia no examinó qué ocurrió con los 56 millones ni declaró correcta la utilización del anticipo, pero sí desmontó jurídicamente una de las principales decisiones administrativas que AEE responsabilizaba de haber paralizado las obras.
Por otro lado, AEE Power EPC no es una recién llegada a África. Fundada en Madrid en 2010 por José Ángel González Tausz y Fernando Pablo Bujanda, dos ejecutivos con décadas de experiencia en proyectos energéticos en el continente, la compañía se presenta como un contratista panafricano especializado en redes de transmisión, distribución y electrificación.
Mantiene presencia en países como Kenia, República Democrática del Congo, Angola y Costa de Marfil y ha desarrollado proyectos eléctricos en distintos mercados subsaharianos.
Su trayectoria africana incluía también conflictos anteriores de ejecución.
En Kenia, AEE Power South Africa obtuvo dos contratos del programa público Last Mile Connectivity Project para conectar a 62.892 beneficiarios, pero la Oficina del Auditor General dejó constancia posteriormente de que fueron rescindidos por bajo rendimiento del contratista.
No fue una acusación de fraude: sí un antecedente de problemas de ejecución en un programa de electrificación rural muy parecido al que años después asumiría en Senegal.
En cuanto al banco español, de momento, no ha avalado públicamente hasta la fecha ninguna de las versiones enfrentadas. Mantuvo congelados los nuevos desembolsos y colaboró después con la justicia española cuando ésta reclamó documentación sobre las operaciones.
Una resolución judicial del 9 de junio de 2026 incorporó las respuestas remitidas por el banco al procedimiento abierto en Madrid a raíz de la ya mencionada denuncia del opositor senegalés Thierno Alassane Sall.
EL ESPAÑOL no dispone del sumario completo y no puede determinar hasta dónde alcanzan actualmente esas diligencias.
Avances
La actuación del banco español es coherente con la posición que adoptó en septiembre de 2024: pedir explicaciones sobre el destino del anticipo, frenar nuevos pagos cuando esas respuestas no llegaban y poner después la información requerida a disposición del juzgado.
La entidad financiera española ha sido también el actor que dejó constancia más explícita de sus dudas cuando empezaron a surgir interrogantes sobre la ejecución financiera del contrato.
En Senegal, la investigación ha avanzado mucho más públicamente que en España, donde lo acaecido en África ni siquiera ha trascendido hasta la fecha.
A la denuncia de la española AEE Power EPC se sumó el 6 de enero de 2025 otra del representante judicial del Estado por el presunto uso de un justificante falso de 918,3 millones de francos CFA para registrar el contrato con ASER.
Dicho de otro modo: aquel documento debía acreditar que se habían pagado a la administración tributaria senegalesa los derechos exigidos para registrar oficialmente el contrato, una cantidad equivalente al 1% de su importe.
![Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Joao Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de Angola, con Iñigo Rotaeche en un fotomontaje.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10903836.png?p=w:1706\/h:960&h=-ThZyljL"])
La investigación fiscal concluyó que el recibo presentado no era auténtico y el caso acabó implicando también a una agente de la administración tributaria.
La Fiscalía entendió que la denuncia presentada por AEE Power EPC contra responsables de su socio senegalés y la presentada después por el Estado por el supuesto recibo fiscal falso formaban parte del mismo asunto y decidió investigarlas conjuntamente.
Por otra vía, la denuncia presentada en octubre de 2025 por el diputado opositor Thierno Alassane Sall dio lugar a una investigación de la Sección de Investigaciones de la Gendarmería de Dakar.
Cuando ésta terminó sus pesquisas, remitió sus conclusiones al fiscal financiero, que en agosto de 2026 abrió formalmente una instrucción judicial al considerar que podía haber indicios de varios delitos.
![Jean-Michel Sène, a la derecha, entonces director general de la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER), durante una de las puestas en servicio del proyecto ASER-AEE Power en agosto de 2025.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11379682.jpg?h=x6rD6DIu"])
Jean-Michel Sène, a la derecha, entonces director general de la Agencia Senegalesa de Electrificación Rural (ASER), durante una de las puestas en servicio del proyecto ASER-AEE Power en agosto de 2025.
Entre los posibles delitos citó malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo, corrupción, toma ilegal de intereses y tráfico de influencias, y solicitó además cooperación judicial internacional.
Ninguna de esas calificaciones equivale a una condena ni permite atribuir todavía cada eventual delito a una persona concreta.
Por otro lado, el foco del escándalo mediático no apunta solamente a la empresa española. Dentro de la propia ASER existe una batalla por determinar responsabilidades.
Jean-Michel Sène, entonces director general de ASER, anunció el 1 de abril de 2026 que había presentado una denuncia contra su predecesor, Baba Diallo, bajo cuya dirección se produjo el desembolso del anticipo, y mostró documentación sobre la gestión de aquellos pagos.
Según Sène, una auditoría encargada por ASER concluyó que el desembolso de 37.000 millones de francos CFA se había efectuado sin respetar íntegramente el procedimiento y sin realizar todas las verificaciones exigidas; afirmó que ésa era la razón de su denuncia contra Diallo. El antiguo director no ha sido condenado por esos hechos.
También AEE Power Sénégal, la sociedad local de Saïdou Kane, rechaza las acusaciones formuladas por la matriz madrileña.
Defiende que había recibido formalmente funciones dentro del proyecto e insiste en que la empresa española intentó apartarla después de cobrar el anticipo.
![Pescadores en el puerto de Nuadibú, en Mauritania.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10972558.jpg?p=w:1706\/h:960&h=n5GaeAV4"])
ARCOP no dio por probada ninguna de las dos versiones cuando examinó el enfrentamiento: remitió a la justicia las acusaciones cruzadas para que fueran investigadas.
A la postre, la pelea judicial consiste hoy en determinar si aquellos 56 millones se convirtieron realmente en materiales, equipos y compromisos destinados a electrificar Senegal, como sostiene AEE Power EPC, o si parte del dinero siguió un destino incompatible con el contrato, como denuncian sus acusadores.
Y establecer también qué responsabilidad corresponde, si alguna, a los distintos gestores públicos y privados que intervinieron en una operación que atravesó empresas españolas y senegalesas, ASER, Santander, CESCE y varias administraciones.
El expediente continúa abierto. La polémica ha desbordado además a partidos y empresas.
En septiembre, organizaciones como Afrikajom Center, FRAPP, Forum du Justiciable y Legs Africa constituyeron un grupo ciudadano de seguimiento, reclamaron una auditoría pública y pidieron que continuaran las investigaciones y la electrificación de los pueblos afectados.
El pasado 13 de octubre, la Asamblea Nacional anunció además la presentación de una propuesta para investigar tres grandes programas financiados por el banco español, entre ellos el contrato que nos ocupa de AEE Power EPC.
La comisión todavía no ha sido constituida: antes debe superar el examen de admisibilidad del Parlamento y el parecer del ministro de Justicia, precisamente porque sobre el caso existe ya un procedimiento judicial.
![Espinosa Navas, en el centro, y el mediador Navarro Tacoronte, a la izquierda.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10143059.jpg?p=w:1706\/h:960&h=ub4YTQwZ"])
Por otro lado, la maraña administrativa importa menos cuando se aterriza en el terreno. Porque algo sí se construyó.
El 8 de enero de 2026, nueve localidades del departamento de Linguère fueron conectadas oficialmente dentro del proyecto ASER-AEE Power.
Hubo ceremonia, autoridades, líderes religiosos y tradicionales y vecinos reunidos en Diéry Birane para celebrar algo que en buena parte de Europa dejó de ser noticia hace un siglo: que al accionar un interruptor se encendiera una bombilla.
Pero nueve pueblos explicaban también la distancia que aún existe entre la promesa de progreso y la realidad actual.
El digital senegalés Ouestaf aseguró asimismo que hasta mediados de febrero de 2026 se habían electrificado alrededor de 37 localidades mediante el proyecto AEE-ASER.
El propio medio advertía que no había conseguido obtener de ASER un balance acumulado oficial y que la cifra podía haber variado después.
En todo caso, frente a las algo más de 1.740 localidades a las que se pretendía llevar la luz, la proporción seguía siendo minúscula.
Lo que es grande es la necesidad de electrificar esas comarcas. En noviembre de 2025, el ministro senegalés de Energía reconocía que en toda la región de Kédougou sólo 66 de sus 468 localidades rurales estaban electrificadas: un 14,1 por ciento.
En el departamento minero de Saraya, meses después, el prefecto contaba apenas 14 pueblos con electricidad de un total de 90. Y en Payar, ya en abril de 2026, el director de ASER explicaba que sólo siete de sus cien localidades estaban conectadas.
Ahí está la dimensión africana de una historia que desde Madrid puede parecer sólo una discusión sobre transferencias y acusaciones aún no probadas de presunto fraude.
![El exdiputado del PSOE en el Congreso Juan Bernardo Fuentes Curbelo atiende a los periodistas tras declarar ante la juez de Santa Cruz de Tenerife encargada del caso Mediador. EFE/Ramón de la Rocha](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10137610.jpg?p=w:1706\/h:960&h=Ae8YJ1eW"])
En esas zonas del este senegalés, la electricidad no significa únicamente luz en una casa.
Gracias a ella es posible conservar medicamentos, bombear agua, refrigerar alimentos, estudiar después del anochecer, cargar un teléfono sin desplazarse kilómetros o mantener abierto un pequeño negocio cuando cae el sol.
Mientras en Dakar se discute si una factura era auténtica, si un contrato debía rescindirse o si 56 millones quedaron comprometidos con proveedores, en buena parte de Kédougou la pregunta sigue siendo bastante más sencilla: ¿cuándo llegará la luz?
