Mari Carmen Ramos acaba de recuperar su vivienda tras 5 años.
"Me deben 50.000 € y tengo la casa destrozada": la pesadilla de la Maricarmen andaluza tras cinco años con 'inquiokupas'
Afectados por la inquiokupación y okupación advierten que los decretos de vivienda que promueve el Gobierno "son una forma de expropiar" y que "nos han puesto de enemigos por un interés electoral".
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Mari Carmen Ramos ha logrado finalmente recuperar la posesión de su piso en la localidad malagueña de Churriana tras un larguísimo y doloroso calvario judicial.
Hace cinco años sus inquilinos, una familia portuguesa, se transformaron en inquiokupa y dejaron de pagarle el alquiler tras escasos meses viviendo en la vivienda, un ático en Churriana (Málaga), por el que pagaron 800 euros de alquiler de un mes.
La familia se negó sistemáticamente a abandonarlo amparándose en decretos de vulnerabilidad social. El cabeza de familia aseguró que era policía en Portugal, le entregó "una nómina falsa y ha aprovechado estos años para sacarse una carrera", cuenta a EL ESPAÑOL.
Este 1 de octubre, y aprovechando la ventana de oportunidad de la primera caída de los decretos de vivienda, se produjo el desahucio tras una prórroga judicial concedida en julio.
Además de una deuda de 50.000 euros, le han dejado la casa destrozada, con humedades, el mobiliario destrozado y una enorme suciedad.
Maricarmen, asevera, no está dispuesta a renunciar a ella “por todo el desgaste emocional y de salud que he padecido en estos años”, en una situación además de “desamparo institucional”.
En estos años fue diagnosticada de cáncer de mama, se divorció de su marido y tuvieron que vender la casa que tenían. Ella misma tuvo que irse de alquiler en julio de 2024 y sin posibilidad de irse a la casa que tenía inquiokupada.
Asegura que tras arreglarla, vivirá en ella.
Otra ventana de oportunidad es la que tuvo Inma Márquez con su vivienda en Murcia. “La recuperé en 2024, en un espacio en el que decayó la prórroga del decreto por espacio de dos semanas”.
"Nosotros vivíamos en Murcia y por motivos laborales nos tuvimos que mudar a Lorca y pensamos en venderla".
La casa de Murcia la tenian alquilada a un matrimonio "que se separó, y se quedó la madre y una hija. Cuando les dijimos que queríamos venderla ella nos respondió: "Me han dicho que si me hago vulnerable no me vas a echar de aquí”.
Pagaba 350 euros de alquiler en pleno centro de Murcia, cuando en el mismo barrio los alquileres eran el doble. “Eso sí que era un alquiler social”, dice Inma con amargura.
"Yo le di tres meses para que buscase casa y al final se la busqué yo. Le ofrecimos a abonar hasta el seguro de impago, y que se fuera sin devolvernos la fianza. Cuando le busqué el piso, en la misma zona y de tres dormitorios no fue ni a verlo. Me dijo: "No te esfuerces, que tú trabajas y ganas un buen sueldo. Yo me quedo aquí".
Así estuvo 5 años, en los que la inquilina “metió a su hija mayor y a sus dos hermanos. Al final, en la casa había cuatro personas trabajando, y la hija tenía una vivienda en propiedad que tenía alquilada".
Del desgaste físico, psicológico y del estrés "me partí cuatro muelas durmiendo", explica a EL ESPAÑOL.
Tras mucho luchar, "Servicios Sociales revisó su declaración de vulnerabilidad, pero lo hizo porque el juzgado lo ordenó. La familia estaba cuatro veces por encima de el nivel de ingresos para ser considerados vulnerables".
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La familia inquiokupa tuvo que abandonar la vivienda por orden judicial. “No me la dejó mal del todo. No les dio tiempo. Yo creo que pensó que aún podría haberse quedado más tiempo, y cuando vio allí a todo el mundo no le quedó más remedio que recoger en bolsas. Eso sí, me dejó varias cacas de perro en la casa”.
-¿Qué le parecen los nuevos decretos de vivienda?
-Son una forma de expropiar. Nuestro esfuerzo no tiene por qué valer para cubrir las espaldas a nadie.
"Hay gente que especula, hay fondos buitre... pero la inmensa mayoría de nosotros compramos nuestra casa con esfuerzo. Lo que no se puede pretender es tener un iPhone, viajar y comprar una casa: cuando yo me compré la mía no salía ni para tomar una cerveza".
La casa la vendió al mes y medio de recuperarla. "En aquel momento pensé que jamás volveré a alquilar. Ahora tengo amigos que me están preguntando, porque tienen inquilinos a los que les vence el alquiler en diciembre y no tienen problemas y les he dicho que yo alquilaría".
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Inma valora que “lo de estos decretos con calzador no tiene ni pies ni cabeza, porque el dueño de la vivienda necesita alquilar y el inquilino necesita una vivienda. El que alquila no puede comprar, y si la medida es ahogar al propietario, no va a alquilar"
Ricardo Bravo es el fundador de la plataforma antiocupación, el colectivo de afectados pionero en España. Él mismo se vio afectado por la ocupación en todo su bloque de pisos "de una mafia ocupa siendo él el único vecino" que vivía de manera legal.
Así lo hizo durante ocho años en un bloque en el que había "dos narcopisos e incluso armas de fuego".
En 2025 la plataforma tenía más de 6.250 casos abiertos" y en estas dos semanas hemos recibido miles de llamadas de gente compartiendo su inquietud por el tema de los decretos"
Bravo incide en que "un desahucio no tiene por qué estar vinculado a personas que sean vulnerables: también hay okupas e inquiokupas, que lo que hacen es abusar. Este decreto lo que hace es generalizar y legalizar a mafias okupas. porque es facilísimo conseguir que te declaren vulnerable".
No duda en tildar de electoralista la medida. "A los que tenemos vivienda nos han puesto como si fuéramos el enemigo por un interés electoral. Parece que todos los que tenemos viviendas somos grandes tenedores cuando el 93% de las viviendas de alquiler en España están en manos de familias".
