Olga Matute, durante su comparecencia ante la Comisión de Estudio sobre Salud Mental y Adicciones del Parlament de Catalunya, en febrero de 2024.
Olga, la 'Maricarmen' catalana a quien no ayudaron: se suicidó al ser desahuciada tras irse al paro con 2 hijos y 36 años cotizados
Dos años antes había alertado en el Parlament de su precariedad y de sus pensamientos suicidas
Más información: Mi tarde con Maricarmen, la mujer desahuciada tras 70 años en la misma casa: "Pensaba terminar mis días aquí"
Santa Eulàlia empieza casi donde Barcelona termina, pegada a la Riera Blanca, en ese punto del mapa en el que la capital y L'Hospitalet se suceden sin que el peatón perciba una frontera clara.
Es un barrio levantado alrededor de antiguas fábricas y calles densas, con el Carrilet por un lado y la Gran Via más abajo, uno de esos lugares del área metropolitana donde la historia de una familia puede quedar contenida durante décadas en unos pocos centenares de metros.
En el número 16 de la calle Comerç estuvo durante más de veinte años la casa de Olga Matute. Allí crió a sus dos hijas, allí atravesó una separación, el desempleo y una larga pelea por conservar la vivienda.
Olga Matute, en un vídeo difundido durante su lucha por conservar la vivienda de Santa Eulàlia en la que había vivido durante más de dos décadas.
Y allí, cuando su propia situación ya era frágil, llegó a acoger temporalmente a una compañera del sindicato de vivienda y a su hijo menor, que acababan de ser desahuciados.
El 15 de abril de este año, los cuatro tuvieron que salir. Olga murió por suicidio el 7 de septiembre, cuando faltaban ocho días para que se cumplieran cinco meses desde aquel desalojo. Tenía 54 años.
La otra Maricarmen
Estos días, mientras España ha visto a Maricarmen Abascal, de 87 años, abandonar en camilla la vivienda madrileña en la que había pasado siete décadas, el nombre de Olga ha comenzado a circular por Barcelona como la historia anterior que apenas había salido del barrio.
Los casos son diferentes y conviene no convertirlos en una misma cosa: Maricarmen era una inquilina de renta antigua que se enfrentó a una subida que no podía asumir; Olga había sido propietaria, perdió el piso y consiguió permanecer en él durante años mediante un alquiler social.
Pero sí que las une, sobre todo, la imagen final de una persona vulnerable enfrentada a un procedimiento judicial que acabó ejecutándose y la pregunta, planteada ahora por sus respectivos entornos, de qué capacidad real tienen los mecanismos de protección cuando llega la fecha fijada para entregar las llaves.
Maricarmen salió de su casa el miércoles 23 de septiembre rodeada de cámaras, sanitarios y policías. Cuando Olga dejó la suya, el pasado abril, su historia todavía era básicamente conocida por los vecinos, los activistas que la acompañaban y las instituciones que llevaban años recibiendo sus peticiones de ayuda.
Collage del contrato de alquiler de Maricarmen y Maricarmen en su piso en alquiler.
Vida de barrio
Quienes la conocieron describen a Olga como una mujer indisociable de Santa Eulàlia. Había nacido y crecido allí, estudiado y trabajado en el barrio, formado una familia y participado durante años en su vida asociativa.
Llegó a formar parte de la junta de Som Santa Eulàlia y terminó implicándose también en el Sindicat d’Habitatge de L’Hospitalet, al que había acudido precisamente cuando su propio problema con la vivienda comenzó a hacerse insoportable.
Su amiga Marta la resumió esta semana con una frase sencilla: "Se pasó toda la vida luchando por el barrio y su gente". Después explicó por qué quienes la rodeaban habían decidido hablar ahora, dos semanas después de enterrarla: estaban "consternadas y enfadadas", dijo, y "no nos queríamos quedar en silencio".
La caída
La caída había empezado mucho antes. Olga había comprado el piso de la calle Comerç mediante una hipoteca con Banc Sabadell. Después llegaron la separación, la pérdida del trabajo y, según ha explicado su entorno, el impago de la manutención de sus hijas.
Con dos menores entonces a su cargo y sin ingresos suficientes para sostener las cuotas, dejó de poder pagar la hipoteca. El acuerdo que encontró con el banco fue una dación en pago: la entidad se quedaba con la propiedad y ella podía seguir viviendo en la misma casa mediante un alquiler social.
Había perdido el piso sobre el papel, pero conservaba algo mucho más tangible para una familia que llevaba allí media vida: la puerta, las habitaciones, el colegio cerca, los vecinos, el recorrido diario.
Ese equilibrio se rompió cuando la vivienda terminó en manos de Promontoria Coliseum Real Estate, sociedad vinculada al fondo Cerberus. El alquiler social dejó de renovarse y comenzó el procedimiento para recuperar la vivienda.
El sindicato sostiene que Olga siguió intentando pagar y que, en una fase del conflicto, unas personas acudieron a su domicilio para exigirle que abandonara el piso. "Un día se presentaron unos matones a casa", relató Guillem, portavoz del colectivo en L’Hospitalet, al explicar públicamente aquellos años.
Es la versión del sindicato, que también asegura que intentó que Banc Sabadell recomprara el inmueble y recuperase el alquiler social. La operación no prosperó. A partir de ahí, para Olga, la casa dejó de ser una propiedad perdida años atrás y pasó a convertirse en una cuenta atrás.
Su propia voz
Hay un documento que permite escucharla antes de que otros empezaran a hablar en su nombre. El 16 de febrero de 2024, Olga entró en el Parlament de Catalunya para participar en la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental i les Addiccions.
Había acudido junto a profesionales de Comunitat Activa, un servicio de inserción sociolaboral de la asociación ABD, para explicar qué sucede cuando el paro desordena mucho más que una nómina. Llevaba entonces dos años intentando evitar el desahucio.
"El paro es sólo el principio del desaguisado, es sólo la punta del iceberg", dijo. Habló de una economía reducida a unos 600 euros mensuales y dejó una frase que, releída después de su muerte, resulta difícil separar de todo lo que ocurrió después: "Con unos ingresos de 600 euros no puedo acceder a una vivienda".
Hace unos meses, una madre de dos niños que llevaba 36 años trabajando se quedó en paro y con 600 euros no pudo mantener su alquiler.
— Unai Cano (@unaicano10) September 24, 2026
Fue desahuciada y pidió ayuda a la Generalitat y al Gobierno. No se la dieron y se acaba de suicidar.
Para que sigáis hablando de Maricarmen. pic.twitter.com/HZ5OKuWh0U
Olga explicó también ante los diputados cómo la precariedad había ido estrechando su vida. El trabajo había desaparecido, los ingresos no alcanzaban para las necesidades básicas y la vivienda se había convertido en una preocupación permanente.
Describió aislamiento y pensamientos suicidas. Tenía dos hijas y, al hablar de ellas, formuló en voz alta el límite que entonces decía imponerse a sí misma: "¿Qué harían estas hijas si yo no estoy?".
Aquella comparecencia no fue una conversación privada conocida después de su muerte ni un testimonio reconstruido por amigos; quedó registrada en una comisión parlamentaria dos años antes del desahucio.
La propia Olga estaba explicando a una institución catalana que el proceso de pérdida de vivienda formaba ya parte de su deterioro emocional.
Cuenta atrás
Después siguió buscando salidas. Su familia y las entidades que la acompañaban aseguran que escribió y habló con medios de comunicación, partidos, asociaciones y la Sindicatura de Greuges.
"Movió cielo y tierra", han resumido sus compañeros. El primer lanzamiento llegó a frenarse y durante un tiempo la familia siguió en Comerç. Pero la protección extraordinaria que había permitido suspender determinados desalojos de hogares vulnerables decayó y el procedimiento volvió a ponerse en marcha.
La nueva fecha quedó fijada para el 15 de abril de 2026.
A esas alturas, en la vivienda había otra familia además de la suya. Olga había acogido provisionalmente a una compañera del Sindicat d’Habitatge y a su hijo, también menor de edad, después de que ambos perdieran su casa.
Es quizá uno de los detalles que mejor explican la contradicción en la que transcurrieron sus últimos meses en Comerç: una mujer que llevaba años pidiendo una solución para no acabar fuera alojaba mientras tanto a otras personas que ya habían acabado fuera.
El día del lanzamiento, por tanto, la orden afectaba a la casa de Olga, a su hija menor y también al refugio provisional que había ofrecido a aquella madre y a su hijo.
La última noche
La noche del 14 de abril ocurrió el episodio que ahora concentra buena parte de las críticas del entorno. Olga manifestó intenciones suicidas y fue atendida de urgencia en el Hospital de Bellvitge, donde se activó el protocolo correspondiente.
Después recibió el alta. Su abogado comunicó la situación al juzgado y solicitó que se suspendiera el lanzamiento, alegando tanto su estado emocional como la existencia de una menor. La petición fue rechazada.
Según el relato ofrecido posteriormente por los representantes vecinales, el magistrado consideró que la familia actuaba de "mala fe" y abrió además un expediente al letrado.
El juzgado no ha hecho pública, en las informaciones conocidas sobre el caso, una explicación propia de esos extremos. A la mañana siguiente el desahucio se ejecutó.
Jordi Naya, abogado de Olga, y las organizaciones que la acompañaban sostienen que su vulnerabilidad estaba suficientemente acreditada y que la presencia de una hija menor debía haber pesado más en la decisión.
Tras perder la vivienda, Olga y la menor fueron acogidas por una vecina. Ya no había calle Comerç, 16; tampoco una alternativa residencial estable que sustituyera aquella casa. El problema que durante años había tenido una fecha futura —el día en que podía ser expulsada— había ocurrido por fin.
Versión municipal
El Ayuntamiento de L’Hospitalet ofrece una reconstrucción distinta de su papel. Fuentes municipales han explicado que los servicios sociales trabajaban con Olga desde 2020, tanto en materia residencial como laboral y sanitaria, que habían acreditado oficialmente su vulnerabilidad, elaborado informes de riesgo de exclusión y puesto a la familia en contacto con recursos especializados.
El consistorio asegura además que durante 2026 tramitó una ayuda económica extraordinaria destinada a encontrar otra vivienda. En la respuesta municipal difundida tras conocerse el caso no se concretaron la cuantía de aquella ayuda, sus condiciones ni por qué no desembocó finalmente en una solución habitacional antes del lanzamiento.
El Ayuntamiento defiende que buscó "garantizar una respuesta integral" a las necesidades detectadas; el sindicato y la asociación vecinal sostienen que, con independencia de los trámites realizados, Olga terminó desahuciada y sin una vivienda estable.
Todas las alertas
Ahí está uno de los puntos centrales del caso: Olga no era invisible para el sistema. La conocían los servicios sociales y su vulnerabilidad constaba en informes. Había hablado en el Parlament, tenía abogado, estaba acompañada por un sindicato, había movilizado al barrio.
Su historia pasó por varias de las ventanillas que existen precisamente para detectar una situación límite y, aun así, el procedimiento terminó cumpliéndose. La familia y las entidades piden ahora investigar esa sucesión de decisiones y averiguar si existió lo que denominan una "cadena de omisiones".
No reclaman que se acepte sin más una única explicación para el suicidio, un fenómeno que la medicina y los especialistas consideran multicausal; reclaman establecer qué hizo cada institución cuando ya disponía de información suficiente para saber que la mujer a la que iban a quitar la casa atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad.
![Representantes de las entidades que han denunciado la muerte de Olga, durante una rueda de prensa.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11362095.jpg?p=c:1920:1288:nowe:0:0\/w:1706\/h:1144&h=UpwOLGcW"])
Representantes de las entidades que han denunciado la muerte de Olga, durante una rueda de prensa.
Cinco meses
Durante los casi cinco meses siguientes al desahucio, Olga permaneció en el entorno de Santa Eulàlia. El 7 de septiembre murió por suicidio. Dejó dos hijas, una de ellas menor de edad.
Después de su muerte, según el Ayuntamiento, los servicios sociales activaron el acompañamiento de las jóvenes y comenzaron la "valoración de necesidades" y la tramitación de recursos para la nueva situación familiar.
Para quienes habían peleado junto a Olga durante los años anteriores, esa respuesta llegó cuando la persona a la que habían intentado sostener ya había desaparecido.
Emergencia residencial
La discusión se produce además en un territorio donde los desalojos siguen formando parte cotidiana de la emergencia residencial. Cataluña registró 6.814 lanzamientos judiciales en 2025, más que ninguna otra comunidad y alrededor de una cuarta parte de todos los practicados en España, aunque la estadística del Consejo General del Poder Judicial incluye distintos tipos de inmuebles y no equivale exclusivamente a familias expulsadas de su vivienda habitual.
Entre enero y marzo de 2026 se practicaron otros 921 en Cataluña, de nuevo la cifra autonómica más alta, dentro de una tendencia nacional descendente. Los números permiten medir procedimientos; dicen bastante menos sobre lo que sucede dentro de una casa durante los meses que preceden a la llegada de la comisión judicial.
Tampoco existe una estadística oficial que permita contar con rigor cuántos suicidios están relacionados con procesos de desahucio, y establecer una relación automática entre ambos sería simplificar una conducta en la que intervienen factores diversos.
El entorno de Olga formula su denuncia de otra manera: sostiene que la pérdida de la vivienda fue un elemento central en un deterioro que estaba documentado mucho antes de su muerte y reclama saber por qué las señales que fue dejando no bastaron para detener el lanzamiento o proporcionarle una alternativa.
La asociación Som Santa Eulàlia y el sindicato se niegan por eso a presentar lo sucedido como una "desgracia inevitable".
El homenaje
El próximo 3 de octubre, a las siete de la tarde, sus amigos, familiares y compañeros volverán a reunirse en la plaza Pius XII, a pocas calles de donde transcurrió buena parte de su vida.
Han convocado allí un homenaje y una protesta. En el cartel aparece Olga en sus distintas relaciones con el barrio —madre, amiga, vecina, compañera— y una reclamación contra los desahucios.
Dos años antes, cuando todavía recorría despachos buscando cómo conservar su casa, ella había elegido otras palabras para explicar el problema ante los diputados del Parlament: el desempleo, dijo entonces, era apenas "la punta del iceberg". Para Olga Matute, debajo estaba ya la vivienda.
