Fotograma del vídeo en el que los asaltantes, haciéndose pasar por policías, tratan de meter en un vehículo a la fuerza a un hombre en plena autopista.
El brutal secuestro de los falsos policías en la AP-7 apunta a la mafia albanesa por drogas: ha habido 3 raptos en 6 semanas
La policía trata de reconstruir qué ocurrió durante las horas de cautiverio y qué buscaban los autores antes de dejar libre a la víctima
Más información: Secuestro en Montornès del Vallès: asaltantes se hacen pasar por policías y se llevan a su víctima en plena AP-7
Eran alrededor de las siete y media de la tarde del sábado cuando el tráfico de la AP-7 se detuvo entre Montornès del Vallès y Vilanova del Vallès. Dos coches habían cerrado el paso a un tercero y de ellos comenzaron a bajar varios hombres vestidos de negro, con el rostro cubierto y chalecos reflectantes con la palabra Policía escrita en la espalda.
La escena podía parecer durante unos segundos una intervención policial. Había cinco hombres alrededor del vehículo y algunos testigos advirtieron que llevaban armas. Después abrieron una de las puertas, sacaron por la fuerza al ocupante de la parte trasera, que tenía la cara ensangrentada, y lo introdujeron en otro automóvil mientras los conductores atrapados en la retención grababan desde sus coches.
Tres horas más tarde, el hombre apareció con vida en otro punto de Cataluña. Los cinco falsos agentes habían desaparecido.
La División de Investigación Criminal de los Mossos trata ahora de identificar a los autores, reconstruir el recorrido de los vehículos y averiguar qué ocurrió durante esas horas. Fuentes policiales sitúan el origen de la acción en una disputa entre grupos criminales, aunque el móvil concreto continúa bajo investigación y, hasta ahora, tampoco consta que la puesta en libertad estuviera condicionada al pago de un rescate.
Un vuelco
Ese último detalle modifica la pregunta que plantea el vídeo. El interés ya no reside únicamente en quiénes eran los hombres que se hicieron pasar por policías, sino en qué pretendían conseguir llevándose a otro delincuente —si finalmente se confirma esa relación— y devolviéndolo después con vida.
Esa distinción tiene incluso una traducción jurídica. El Código Penal reserva el delito de secuestro para aquellos casos en los que se exige alguna condición para poner a la víctima en libertad; privar a alguien de ella sin esa exigencia encaja, en principio, en la detención ilegal.
La propia ley contempla además una agravación cuando cualquiera de las dos conductas se ejecuta simulando una autoridad o función pública. La diferencia ayuda a entender una parte de estas acciones criminales: llevarse a una persona puede ser un medio y no el negocio en sí mismo. La mercancía, una deuda o aquello que los agresores quieren averiguar pueden importar más que mantener cautiva a la víctima durante días.
Imagen de archivo de una zona de investigación de los Mossos d'Esquadra.
Los investigadores catalanes conocen bien esa mecánica. En octubre de 2025, los Mossos y la Policía Foral de Navarra desarticularon una organización especializada en interceptar camiones que los asaltantes creían cargados con droga. Sus miembros utilizaban armas, distintivos policiales, esposas e incluso material para simular controles.
La memoria de la Policía Foral correspondiente a aquel año define al grupo como una organización dedicada a los "vuelcos", el término con el que se conoce en el mundo criminal el robo de droga a otros traficantes, y señala que sus integrantes acumulaban un historial delictivo internacional y disponían de una base operativa en el Baix Llobregat. Cinco personas fueron detenidas.
Uno de sus golpes explica con especial claridad por qué una víctima puede ser secuestrada y liberada después. El 26 de abril de 2025, un camionero procedente de Marruecos estacionó en un polígono de Arazuri, en Navarra. Dos coches se acercaron y varios hombres que aparentaban ser policías lo esposaron y lo introdujeron en uno de los vehículos.
Otro de ellos tomó el control del camión y comenzó un viaje de centenares de kilómetros hacia Cataluña. Durante el trayecto, los captores golpearon e interrogaron al conductor porque buscaban hachís escondido dentro del vehículo. Acabaron dejándolo en libertad entre Cunit y Cubelles.
Cuando recuperó el semirremolque y denunció lo ocurrido, los investigadores encontraron cortes realizados con una radial para acceder a un espacio oculto de la estructura del camión. Dos días después, los mismos vehículos aparecieron vinculados a otro asalto contra dos camioneros llegados de Tánger en Celrà, Girona. Los hombres fueron reducidos, esposados y despojados del vehículo, la documentación y los teléfonos.
El rapto del conductor de Arazuri duró lo necesario para que sus agresores trataran de localizar la mercancía que buscaban. La víctima servía además para obtener información sobre el camión y su carga. Su liberación, por tanto, no convertía el episodio en un fracaso ni significaba que la violencia hubiese sido gratuita: el objetivo estaba fuera de la persona retenida.
Los narcoasaltos
Es una lógica que aparece repetidamente en investigaciones sobre narcoasaltos, donde el valor de una partida de droga y la imposibilidad de acudir después a una comisaría permiten a los atacantes actuar contra víctimas que, cuando participan del negocio ilícito, tienen muchos menos incentivos para denunciar.
Marc Bayón, entonces responsable de investigación de los Mossos en el Tarragonès, resumía ese problema en 2024 al advertir que "la cifra de los narcoasaltos no está del todo dimensionada". Un traficante al que otro grupo acaba de quitarle decenas de kilos de marihuana no puede explicar a la policía qué le han robado sin incriminarse a sí mismo.
Héctor Muñoz, responsable de Policía Judicial de la Guardia Civil en Tarragona, describía por su parte un cambio en las prioridades de seguridad de las organizaciones: buena parte de sus medidas de protección se dirigen contra otros delincuentes que conocen el valor de la mercancía y quieren arrebatársela.
El capitán de la Guardia Civil Héctor Muñoz y el subinspector de los Mossos d'Esquadra Sergi Sánchez, durante una comparecencia conjunta.
La apariencia policial tiene en ese mundo una utilidad práctica. Permite acercarse armado sin provocar una huida inmediata, ordenar a una persona que detenga el coche, reducirla en segundos y ganar un tiempo precioso antes de que quienes están alrededor comprendan qué sucede.
También ofrece a los asaltantes una ventaja frente a otros delincuentes: un narcotraficante que transporta droga tiene motivos adicionales para obedecer cuando cree que quien le da el alto pertenece realmente a las fuerzas de seguridad. En la AP-7, esa ambigüedad alcanzó incluso a quienes contemplaban la escena desde los vehículos parados. Algunos testigos dudaron inicialmente de la naturaleza de la intervención antes de avisar al 112.
Como policías
El recurso está documentado desde hace años. El 10 de julio de 2022, cinco hombres prepararon un narcoasalto contra una vivienda de Calonge, en el Baix Empordà, donde sabían que se almacenaba hachís. Habían viajado desde Madrid, utilizaron varios coches y se vistieron con armillas con emblemas de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Llevaban pistolas y escopetas —el tribunal no pudo acreditar después que todas fueran armas de fuego operativas—, golpearon y esposaron a dos hombres y se marcharon con la droga. La Policía Local llegó después de que unos vecinos sospecharan que aquella supuesta intervención policial tenía algo extraño y encontró a las víctimas inmovilizadas.
Cuatro de aquellos asaltantes fueron condenados por la Audiencia de Girona en febrero de este año a penas de entre ocho años y tres meses y diez años y siete meses de prisión, aunque la resolución fue recurrida. La investigación encontró después en Madrid parte del material utilizado durante el golpe: prendas policiales y los vehículos empleados, además del hachís sustraído que todavía conservaban.
El tribunal consideró probado que los hombres se habían organizado específicamente para entrar en la vivienda, someter a quienes custodiaban la mercancía y llevársela. La falsa condición de policía formaba parte de la preparación del robo tanto como las matrículas, las armas o el desplazamiento desde Madrid.
Otro caso investigado en 2024 muestra hasta qué punto las fronteras entre traficante, proveedor y ladrón pueden llegar a mezclarse. En Bàscara, en el Alt Empordà, tres hombres entregaron una partida de marihuana a dos transportistas y colocaron una baliza en el camión para seguirla.
Poco después localizaron el vehículo, reaparecieron vestidos como policías y recuperaron por la fuerza la misma droga que acababan de vender. Los Mossos encontraron casi nueve kilos de marihuana y la investigación condujo meses después hasta Murcia.
En los registros aparecieron siete balizas de geolocalización, matrículas francesas, un visor nocturno, un cinturón policial y 36.000 euros en efectivo. El episodio muestra que un vuelco puede requerir vigilancia previa, conocimiento exacto del cargamento y medios preparados antes de que la víctima vea aparecer el primer chaleco policial. Eso complica también la respuesta a quién encarga estas acciones.
Los procedimientos conocidos no dibujan una única organización dedicada exclusivamente a recibir encargos violentos. En Calonge actuó un grupo que se desplazó desde Madrid para ejecutar el robo; la organización desmantelada en 2025 estaba especializada en localizar camiones y atacarlos mediante falsos operativos; en Bàscara, quienes habían participado en la propia circulación de la droga organizaron después su sustracción.
![Un efectivo del GEI, durante una prueba de tiro en las instalaciones de los Mossos d'Esquadra a las afueras de Sabadell.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10952982.jpg?p=w:320\/h:240&h=0FaK7Xu4"])
Violencia en aumento
La violencia que acompaña a ese mercado lleva años preocupando a los investigadores. Ya en 2021, los Mossos habían contabilizado durante el año anterior 102 incidentes violentos relacionados con la marihuana, la mayoría narcoasaltos, y en el 68% aparecieron armas de fuego.
Toni Salleras, entonces responsable del área central de crimen organizado, advertía de que "las plantaciones de marihuana llevan asociada la violencia" porque las organizaciones tienen que defender cultivos y almacenes frente a la policía y frente a otras bandas interesadas en quedarse con ellos.
Tres años después, los Mossos registraron 69 episodios con disparos en Cataluña durante 2024, un 23% más que el ejercicio anterior, e intervinieron 445 armas de fuego vinculadas a actividades delictivas. Ramon Chacón, entonces jefe de la Comisaría General de Investigación, relacionó parte de aquel incremento con el tráfico de drogas y los narcoasaltos.
Efectivos de los Mossos, junto a la Policía Nacional, en una operación en conjunto.
Esos datos describen el contexto de violencia armada y deben separarse de las estadísticas sobre secuestros o detenciones ilegales: un tiroteo, un vuelco y un rapto pertenecen a categorías distintas aunque una misma operación criminal pueda reunirlos.
El episodio de la AP-7 tampoco aparece aislado en el calendario. El pasado 7 de septiembre, apenas doce días antes, un motorista fue tiroteado en Gavà, introducido herido en el maletero de un coche y abandonado horas después en Sabadell.
Los Mossos investigan aquel ataque y señalaron entre las posibles causas una represalia vinculada al tráfico de drogas. De nuevo hubo una víctima retenida y posteriormente liberada, pero todavía no existe una reconstrucción policial que permita trasladar ese móvil al hombre capturado el sábado en la autopista.
En la AP-7, por ahora, queda el minuto que grabaron los conductores y las tres horas que todavía intenta reconstruir la policía. La primera parte muestra cinco hombres que consiguen detener una autopista durante unos instantes amparándose en una apariencia que normalmente induce a obedecer.
La segunda contiene aquello que permitirá saber para qué lo hicieron. El hombre apareció vivo. No consta un rescate. Los Mossos sitúan el episodio dentro de una disputa criminal y buscan a sus autores. Los antecedentes explican que, en este tipo de violencia, llevarse a una persona puede servir para robar una mercancía, localizarla, presionar a quien la controla o imponer por la fuerza una cuenta pendiente.
Determinar cuál de esas lógicas, si alguna, está detrás de las imágenes de la AP-7 es ahora el trabajo de la investigación.
