Carmelo Sevilla ha recuperado su casa de un 'inquiokupa' tras siete años: "La ley animó a los inquilinos a dejar de pagar"

La caída de la norma dejó en el aire una medida que llevaba años congelando miles de procedimientos judiciales en toda España.

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También ha permitido reactivar muchos de ellos. Como el de Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación.

Durante seis años, la puerta de una de sus viviendas, situada en el distrito madrileño de Hortaleza y a pocos metros de su primera vivienda, permaneció cerrada para él.

Carmelo alquiló la vivienda en 2018. Durante los primeros meses, todo funcionó con normalidad.

Pero en 2019 comenzaron los retrasos. Primero puntuales. Después continuados.

A comienzos de 2020 los pagos dejaron de llegar. El pensionista acudió entonces a los tribunales para recuperar la vivienda.

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Cada vez que el juzgado fijaba una fecha, la legislación aprobada durante la pandemia volvía a paralizar el proceso.

La medida, aprobada en 2020 como respuesta a la emergencia sanitaria, terminó prolongándose durante años mediante sucesivas prórrogas legislativas.

Desde entonces, esta norma ha provocado un fuerte enfrentamiento político y social entre quienes la entienden como una red de protección y quienes denuncian que el sistema ha trasladado el coste de esa política a propietarios particulares.

"Nos han estado utilizando como escudo social con los recursos que no son capaces de conseguir construyendo viviendas sociales", sostiene Carmelo Sevilla.

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La polémica volvió a estallar hace un mes y medio cuando el Congreso rechazó el decreto que pretendía prorrogar de nuevo esas medidas.

La caída de la norma dejó en el aire la continuidad de las moratorias y permitió reactivar miles de procedimientos judiciales que llevaban años suspendidos.

Uno de ellos era el suyo. A sus 71 años, después de casi siete años de litigios, suspensiones y prórrogas legislativas, Carmelo se ha convertido en uno de los primeros propietarios en recuperar su vivienda tras la caída del decreto.

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El decreto ómnibus

Para entender por qué el caso de Carmelo se prolongó durante casi siete años hay que volver a marzo de 2020.

Con el país paralizado por la pandemia, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 11/2020, una batería de medidas sociales destinada a evitar que miles de familias perdieran su vivienda en plena emergencia sanitaria.

Entre esas medidas se encontraba la suspensión de los desahucios cuando el inquilino pudiera acreditar una situación de vulnerabilidad económica y no dispusiera de una alternativa habitacional. Fue esa la razón por la que Carmelo no podía echar a sus inquilinos.

Carmelo Sevilla asegura a EL ESPAÑOL que esta ley generó un "efecto llamada": "Animó a los inquilinos a no pagar".

La norma se planteó como una medida excepcional. Sin embargo, con el paso de los meses fue prorrogándose en distintos decretos aprobados por el Gobierno hasta convertirse en una de las herramientas más controvertidas de la política de vivienda.

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Para las organizaciones sociales, esas prórrogas eran necesarias para evitar que miles de familias se quedaran sin casa en un contexto económico todavía frágil.

Para las asociaciones de propietarios, en cambio, el sistema terminó trasladando a particulares una responsabilidad que debería asumir el Estado.

"Los pequeños propietarios hemos estado cargando con el peso de la vulnerabilidad social del país", declara Carmelo Sevilla.

La polémica gira en gran medida en torno a quién soporta el peso de esa protección. Según los datos que manejan las asociaciones de propietarios, la mayoría de las viviendas en alquiler en España pertenecen a particulares.

"La extrema izquierda nos ha llamado de todo: fondos buitre, rentistas, usureros, etcétera. Lo que hacemos es vender el usufructo de una vivienda que hemos comprado gracias a nuestro esfuerzo", afirma Carmelo.

A su juicio, el problema no está en la necesidad de proteger a familias vulnerables, sino en la falta de alternativas habitacionales por parte de las administraciones públicas para las personas en situación de vulnerabilidad económica y social.

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Carmelo afirma que se ha creado una "falsa idea de vulnerabilidad" y considera que "aproximadamente el 75% son falsos vulnerables" porque "si para serlo tienes que cobrar menos de 1800 mensuales, más de la mitad de la sociedad española sería económicamente vulnerable".

Asegura, además, que "existe mucha gente sin escrúpulos, que mientras vivían gratis y declarados supuestamente vulnerables, subían fotos a redes sociales de vacaciones".

La prolongación de estas medidas ha tenido también efectos en el propio mercado del alquiler. La inseguridad jurídica percibida por muchos propietarios ha llevado a retirar viviendas del mercado o a optar por fórmulas de alquiler más cortas.

"No hay confianza en la justicia. No es más que el artículo 47 que sacan tanto a relucir. Tener derecho a una vivienda es tener acceso a poder comprarla. No sé por qué están haciendo creer a la gente que es poder vivir en una", declara Carmelo Sevilla.

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Del juzgado al Congreso

Ese clima de tensión fue alimentando un debate político cada vez más intenso en torno a las moratorias.

Durante años, el Congreso ha discutido repetidamente la prórroga de estas medidas dentro de distintos paquetes legislativos.

El último de esos intentos terminó con el rechazo parlamentario del decreto que pretendía extender la suspensión de los desahucios.

La caída de este decreto 'ómnibus' ha permitido que miles de procedimientos judiciales paralizados vuelvan a ponerse en marcha. Entre ellos, el de Carmelo.

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Su caso también ha servido para poner sobre la mesa una pregunta que sigue dividiendo el debate público: qué ocurre cuando la protección de unos derechos termina afectando a otros.

A medida que su caso se prolongaba en el tiempo, Carmelo decidió dar un paso que muchos propietarios en su situación evitan: hacerlo público.

Durante años participó en encuentros con medios de comunicación y asociaciones de afectados por la 'inquiokupación'.

Su objetivo, explica, era trasladar su experiencia a quienes toman las decisiones políticas: "Si hice público mi caso fue para ponerles las pilas a los políticos, para que se centraran en la realidad y no en sus teorías", afirma Carmelo Sevilla.

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A partir de ese momento, su historia dejó de ser solo un procedimiento judicial más para convertirse en un argumento dentro del debate político sobre la vivienda.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación, de la que es portavoz, comenzó a mantener reuniones con representantes de distintos partidos con la intención de explicar el impacto que estaban teniendo las moratorias de desahucios.

Esas reuniones se produjeron con formaciones de diferentes posiciones ideológicas. "Nos hemos reunido con todos los grupos políticos y no encontramos ninguno capaz de rebatir los argumentos que planteamos", sostiene.

El debate llegó al Congreso en varias ocasiones. Cada votación parlamentaria se convertía en una nueva batalla política sobre el modelo de vivienda.

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La plataforma trató de influir en ese debate trasladando sus propuestas a distintos grupos parlamentarios con el objetivo de encontrar apoyos.

"Salvo con Bildu y Podemos, nos hemos reunido con todos, hasta con el PSOE", asegura. "A día de hoy me sigue sorprendiendo sobremanera que nos citara Puigdemont", añade.

Sin embargo, la ministra de vivienda nunca ha querido reunirse con la Plataforma de Afectados por la Ocupación para conocer sus preocupaciones.

"El PSOE no nos ha hecho ni puñetero caso y la ministra de Vivienda no nos ha querido recibir".

"Tiene narices que todos los meses le pasamos por registro electrónico una petición de reunión para pedirle y proponerle soluciones y nada”, explica Carmelo Sevilla a EL ESPAÑOL.

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El contacto con algunos partidos de la oposición sí que ha sido especialmente intenso, especialmente con el Partido Popular.

"Nos hemos reunido con Feijóo en dos ocasiones y hemos participado en el plan de vivienda actual del partido. Muchas de nuestras propuestas están reflejadas en el documento que ya presentaron en enero de 2025", reconoce.

De hecho, hace unos días Feijóo les mandó una carta de agradecimiento "por el tiempo que hemos dedicado a ayudarles" y "por los matices que hemos podido aportar".

Mientras se reunían con la oposición, el debate político seguía creciendo dentro del Parlamento. Las prórrogas de las moratorias se convirtieron en uno de los puntos más controvertidos de las negociaciones legislativas en materia de vivienda.

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El último intento de prorrogar estas medidas llegó a través del decreto ómnibus que debía prolongar la suspensión de los desahucios.

Pero esta vez el resultado fue distinto. El Congreso rechazó la norma.

La caída del decreto dejó en el aire la continuidad de las moratorias y permitió que miles de procedimientos judiciales paralizados volvieran a activarse. Entre ellos estaba el de Carmelo Sevilla.

Tras años de debate político, la historia de Carmelo terminó donde había empezado: en la puerta de su propia casa. Pero esta vez la puerta se abrió.

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La vuelta a casa

Después de casi siete años, recuperar esa vivienda suponía el fin de una etapa. Carmelo reconoce a EL ESPAÑOL que ahora quiere volver al anonimato y seguir desde la Plataforma reivindicando el problema al que se enfrentan los pequeños propietarios.

Aunque en su caso la vivienda la encontró en "condiciones aceptables" es consciente de que la experiencia de otros propietarios suele ser distinta.

"En muchísimos de los casos, cuando se recupera la posesión de una vivienda, esta está hecha un desastre absoluto. En general los 'inquiokupas' se ensañan para dañar algo de lo que, encima, se han estado aprovechando durante mucho tiempo", subraya.

Pero las consecuencias del proceso no se limitan al estado de la casa ni al impacto económico de las rentas impagadas. Para muchos propietarios, el problema termina teniendo también un daño psicológico difícil de medir.

Una de las manifestaciones de la Plataforma. E.E.

"Me ha llamado gente al borde del precipicio", relata Carmelo al recordar las llamadas que recibe la plataforma de propietarios que atraviesan situaciones similares.

Carmelo explica que la incertidumbre sobre cuándo se resolverán y la sensación de desamparo ante las administraciones generan "un desgaste que va más allá de las pérdidas económicas".

En muchos casos, se trata de personas mayores que dependen de esa vivienda como complemento a su pensión o como parte de su patrimonio familiar.

Ese es el punto en el que el debate deja de ser únicamente jurídico para convertirse en un dilema social.

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Detrás de cada procedimiento hay dos realidades que chocan: la de quienes no pueden pagar el alquiler y necesitan protección pública, y la de quienes llevan años sin poder recuperar una vivienda que forma parte de su patrimonio.

El caso de Carmelo terminó donde había empezado: en la puerta de su casa, que durante seis años permaneció cerrada para él por una decisión legislativa pensada para proteger a otros.

En un país con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa, el conflicto termina a menudo resolviéndose entre particulares. Su historia, sin embargo, no cierra el debate.

Mientras la política sigue discutiendo cómo resolver ese conflicto, miles de procedimientos continúan moviéndose lentamente entre juzgados, decretos y votaciones parlamentarias.

Y, detrás de cada uno de ellos, la misma pregunta sin resolver: quién debe asumir el coste de garantizar el derecho a la vivienda.