Agresiones sexuales y lesiones silenciadas: el infierno en el reformatorio de La Rioja, donde víctimas conviven con verdugos

No son denuncias cruzadas: son datos recogidos en un informe oficial que cuestiona los mecanismos de protección en un espacio donde el Estado tiene el deber reforzado de garantizarla.

El informe del Defensor del Pueblo, publicado en su página oficial el 16 de enero de 2026, no surge, por tanto, de una querella ni de un proceso judicial, sino de una visita de oficio realizada por técnicos de la institución.

En su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP) durante tres días —8, 9 y 10 de julio de 2025— los inspectores, junto con una psicóloga externa, analizaron el funcionamiento del Centro de menores Virgen de Valvanera de Logroño, dependiente del Gobierno de La Rioja y gestionado por la Fundación Diagrama. Las conclusiones dibujan un escenario inquietante.

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La Fundación Diagrama, creada en 1991 en Murcia, es la entidad privada en la que la Administración delega responsabilidades y la que opera en este centro de menores bajo un convenio público.

Entre los hallazgos más relevantes, figura la existencia de tres expedientes por violencia sexual ocurrida dentro del propio centro entre 2022 y 2025, dos de ellos correspondían a menores que presentaban indicios de discapacidad no detectados previamente.

Esto suma gravedad al asunto ya que, según el informe del Defensor, "no se presta a las menores de las que se sospecha discapacidad la especial protección prevista en la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social".

Uno de los aspectos más contundentes del informe afecta directamente a los mecanismos de protección y comunicación. Los técnicos del Defensor constataron que "ninguno de los dos dossieres de ingreso contenía información sobre los procedimientos de comunicación de situaciones de violencia regulados por las administraciones públicas y aplicados en el centro".

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En el momento de la visita, nueve menores internados cumplían medidas por delitos de agresión sexual, lo que representaba aproximadamente la mitad de los menores infractores. En el momento de la visita las niñas no llegaban a representar el 15% del total de menores que se encontraban cumpliendo penas.

De esta forma, el informe no se limita únicamente al planteamiento de episodios de violencia sexual, sino que pone sobre la mesa una cuestión de mayor calado: la convivencia dentro del mismo espacio de víctimas y verdugos condenados por este mismo tipo de delitos que, a la vista está, siguen cometiendo, porque las agresiones se siguen produciendo.

Ausencia de protocolos

Durante las entrevistas realizadas en la visita, ni los menores ni parte de la comunidad educativa conocían la existencia de protocolos de detección de prácticas de violencia sexual y de investigación de los casos detectados.

La ausencia de esa información no es un matiz burocrático. Es una garantía básica incumplida ya que "los centros de internamiento involuntario deberán contar con protocolos específicos" que garanticen "el acompañamiento y protección de las víctimas de la violencia y la tramitación de las denuncias o reclamaciones".

Otro de los ejes del documento se centra en la preparación del personal. La Ley Orgánica 10/2022 establece la obligación de formación específica en materia de violencia sexual para quienes trabajan en centros de menores.

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Sin embargo, el Defensor señala que "consta falta de formación del personal, entre ellos del equipo de psicología, en materia de violencia de género y de violencias sexuales".

En materia de discapacidad y enfoque de género, la situación resultaba aún más preocupante. El informe indica que no constaban acciones formativas en los años 2023, 2024 y 2025, incluyendo al equipo de psicología.

Este déficit no aparece descrito como una irregularidad menor, sino como "un factor de riesgo de haber sufrido o sufrir agresión sexual o violencia de género".

A diferencia de otros centros autonómicos, en el Centro de menores Virgen de Valvanera no constaba la activación de protocolos destinados a detectar violencias sexuales sufridas antes del internamiento.

Tampoco figuraban preguntas específicas en los exámenes de ingreso.

El Defensor del Pueblo considera esta carencia incompatible con la obligación legal de promover la recuperación física y psicológica de menores.

El propio perfil de los internos en el centro refuerza esta preocupación. Según la memoria del centro, más de la mitad de los menores habían sido víctimas de maltrato en el ámbito familiar.

Otro de los apartados sensibles está en las medidas de contención física: no contaban con pautas específicas para la inmovilización de las niñas. El acta menciona "una queja por lesión por parte de una menor tras una contención, que se recoge en parte médico".

Recomendaciones en trámite, respuestas ausentes.

El documento concluye con nueve recomendaciones y dos recordatorios de deberes legales dirigidos a la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de La Rioja.

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Entre ellas figuran la elaboración de protocolos específicos de violencia sexual, refuerzo de la educación afectivo-sexual, formación obligatoria del personal, mecanismos de denuncia seguros y coordinación con recursos especializados.

Más de un mes después de que haya trascendido públicamente el contenido del informe, las principales instituciones implicadas evitan pronunciarse. Nadie quiere valorar las conclusiones. Nadie ofrece explicaciones. A fecha actual, todas las respuestas oficiales están "en trámite".

Este medio intentó recabar la versión de los principales actores implicados. Sin embargo, la dirección del Centro Educativo Virgen de Valvanera declinó atender las preguntas planteadas por EL ESPAÑOL.

De la misma manera, la Fundación Diagrama remitió cualquier valoración a la administración autonómica y, desde la Dirección General de Justicia se indicó que las consultas debían canalizarse a través del gabinete de prensa.

Este diario también ha intentado que la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja responda a algunos de estos interrogantes, sin embargo, las respuestas han sido pospuestas hasta el momento del cierre de este reportaje.

El Gobierno de La Rioja ha manifestado únicamente que "se activaron los mecanismos previstos y dio traslado a las autoridades competentes", sin entrar en el contenido concreto de las observaciones formuladas por el Defensor.

El informe no establece responsabilidades penales ni identifica autores, pero sí señala carencias relevantes en los mecanismos de prevención, detección y respuesta institucional que afectan a derechos fundamentales de menores bajo tutela institucional.

Las recomendaciones siguen abiertas. Las explicaciones, pendientes.

Mientras tanto, el documento plantea una pregunta incómoda que trasciende el caso concreto: qué sucede cuando el órgano encargado de supervisar al Estado detecta fallos graves en la protección de menores y la respuesta oficial se diluye en trámites administrativos.

El documento no formula acusaciones directas sobre la organización de los módulos ni sobre decisiones concretas de clasificación interna. Sin embargo, la combinación de datos abre interrogantes inevitables.

Uno de los aspectos más sensibles que sobrevuelan el caso es la gestión posterior a los episodios de violencia sexual.

Traslados a 700 kilómetros

El propio Defensor del Pueblo abrió un segundo frente de análisis vinculado al centro riojano: los traslados de menores al centro La Zarza, en Murcia, gestionado también por la Fundación Diagrama.

La institución también ha solicitado a la administración autonómica que explique las razones por las que se realizan derivaciones a casi 700 kilómetros de distancia.

La distancia geográfica no es una cuestión menor en contextos de menores internados. Implica cambios de entorno, alejamiento familiar y modificación de vínculos educativos y terapéuticos.

Lo que el Estado hace con los menores tutelados cuando nadie mira

El informe no relaciona expresamente estos traslados a episodios de violencia sexual, pero la pregunta formulada por el Defensor refleja que la práctica fue considerada suficientemente relevante como para requerir una explicación.

De manera que todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se articula la convivencia en un centro donde una parte significativa de los internos cumple medidas por delitos sexuales? ¿Qué ocurre tras la notificación de una agresión?

Lo más preocupante es que tras cada respuesta está el porvenir de un grupo de menores especialmente vulnerables.