A Carmen le okuparon la casa, se la quemaron, la agredieron y amenazaron de muerte: lleva en huelga de hambre una semana

Está todo calcinado. Todo. Cubertería, ropa, muebles, paredes, armarios, libros...hasta comida. Además de no haber podido recuperar nada de la que ha sido su casa, su hogar, durante 10 años, la huelga de hambre está haciendo estragos en su cuerpo: "Estoy muy débil".

EL ESPAÑOL ha contactado con Carmen, una mujer de 56 años de San Javier (Región de Murcia). Al otro lado del teléfono se le escucha triste, frágil, con gran pesar por la pérdida de su vivienda. En ocasiones, pierde el hilo de la conversación. Lleva siete días sin probar alimento. 168 horas sin ingerir ni siquiera un trozo de pan. Sobrevive a base de agua y manzanilla.

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"Voy flojeando un poco. Estoy algo mareadilla. Me siento bastante débil", subraya esta mujer a este diario sobre su actual situación. Todo comenzó el pasado mes de febrero, cuando Beatriz, la inquiokupadora, una "mujer medio gitana" dejó de pagar el alquiler a Carmen.

La víctima describe a su verduga como una mujer de 46 años, que aparenta una edad menor, con dos hijos y "muy violenta". "Me ha hecho la vida imposible desde febrero", agrega Carmen.

Beatriz amenazó de muerte a Carmen. Las cámaras de videovigilancia captaron esas advertencias vertidas sobre la damnificada y esta procedió a interponer una denuncia ante el puesto de la Guardia Civil de San Javier.

Llamaron a declarar a Beatriz, pero no se presentó ante las autoridades. "Encima, esta mujer llegó a decir que yo le había amenazado cuando no ha sido así. Todo lo que dice es mentira", relata Carmen.

El incendio se produjo hace exactamente un mes, durante la madrugada del 16 de noviembre. Sobre las 6:00, la vivienda comenzó a arder tras la ignición provocada por la inquiokupa de Carmen.

Interior de la vivienda de Carmen, una vez calcinada. E. E.

La damnificada afirma que, además de la inquiokupación por parte de Beatriz y sus dos hijos, "entraron dos encapuchados, españoles de unos 30 años más o menos". "No entiendo por qué también le tuvieron que pegar fuego a mi casa", se indigna Carmen.

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Cuando Carmen comenzó la huelga de hambre, se instaló en la entrada del Ayuntamiento de San Javier. A los cuatro días, el jueves, se trasladó a las puertas de los juzgados de la localidad. Pero de esta última localización tuvo que marcharse porque "había cerca una barriada un poco conflictiva y no estaba a gusto".

La mujer confirma que desde el Consistorio se han puesto en contacto con ella para interesarse por su situación. Una de las ediles le comentó que tendría que realizar un escrito para enviárselo a un abogado y de ahí, remitirlo a un juzgado. Además, tratarían de encontrar una vivienda para los inquiokupas.

La murciana ha pedido ayuda a sus familiares, pero tienen miedo. Se encuentra sola y desamparada: "Le he contado todo a un hermano mío pero no quiere ayudarme por si se ven salpicados".

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"Me deben muchísimo dinero, me han roto cuadros, la puerta de corredera de los coches, el motor... No he podido recuperar nada y ahí siguen los delincuentes". Esta mujer, quien no ha especificado a cuánto asciende la deuda, mantuvo un negocio de hostelería en Lo Pagán, otro municipio murciano, durante 33 años. Se divorció hace varios años y sus hijas iban de vez en cuando a verla.

"Seguiré en huelga de hambre hasta que recupere mi casa. Me quedaré aquí hasta que lo consiga o me lleve la ambulancia", sentencia Carmen.

Entrada a la vivienda de Carmen, después del incendio. E. E.

Inquiokupación, al alza

El término inquiokupación va cada vez cogiendo más fuerza en España. Este fenómeno se suma a la okupación tradicional, que es un acto por el cual una persona se instala a vivir en un inmueble que no le pertenece.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación revela que el verdadero desafío no es la ocupación tradicional, sino el impago de alquileres crónico, que se dispara debido a la lentitud judicial y la desprotección al pequeño propietario.

Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación, ha revelado las estadísticas que envuelven esta situación. Según el registro de la entidad, de las más de 3.000 llamadas recibidas en los últimos ocho meses, el 81,45% corresponden a casos de inquiokupación.

Sevilla explica que este fenómeno se ha disparado porque "es tan evidente que se puede dejar de pagar el alquiler y pasar años sin que el procedimiento judicial concluya". Considera que la lentitud de los procesos judiciales y la falta de mecanismos eficaces agravan el problema.

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El 93% de las personas que acuden a la plataforma son pequeños propietarios y pensionistas. De ese 93%, el 44,5% son pensionistas que utilizan la vivienda para complementar sus ingresos o su pensión.

El portavoz aclara que solo el 1,1% de ese 93% tienen más de cinco viviendas, lo que demuestra que los rentistas no son los grandes afectados.