Una de las manifestaciones de la Plataforma
Carmelo Sevilla, sobre la okupación en España: "El 81% de las llamadas que recibimos son por inquiokupación"
La Plataforma de Afectados por la Ocupación revela que el verdadero desafío no es la ocupación tradicional, sino el impago de alquileres crónico, que se dispara debido a la lentitud judicial y la desprotección al pequeño propietario.
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El debate sobre la vivienda en España vuelve a situarse en el centro de la preocupación social. La okupación clásica pierde protagonismo frente a un nuevo fenómeno: la inquiokupación, una práctica que afecta cada vez a más pequeños propietarios y pensionistas.
Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación, ha revelado datos preocupantes. Según el registro de la entidad, de las más de 3.000 llamadas recibidas en los últimos ocho meses, el 81,45% corresponden a casos de inquiokupación.
Sevilla explica que este fenómeno se ha disparado porque "es tan evidente que se puede dejar de pagar el alquiler y pasar años sin que el procedimiento judicial concluya". Considera que la lentitud de los procesos judiciales y la falta de mecanismos eficaces agravan el problema.
El retrato del afectado
Sevilla destaca que esta problemática afecta principalmente a ciudadanos vulnerables y a pequeños propietarios, desmintiendo la idea de que los grandes rentistas sean las principales víctimas.
El 93% de las personas que acuden a la plataforma son pequeños propietarios y pensionistas. De ese 93%, el 44,5% son pensionistas que utilizan la vivienda para complementar sus ingresos o su pensión. El portavoz aclara que solo el 1,1% de ese 93% tienen más de cinco viviendas, lo que demuestra que los rentistas no son los grandes afectados.
"Se trata de una situación que realmente afecta a personas vulnerables" subraya.
Impacto humano
Sevilla advierte de las graves consecuencias personales de esta situación. Relata casos de afectados que, tras años de litigio, han llegado a plantearse el suicidio ante la desesperación.
Uno de ellos es el de una mujer que tardó más de dos años en recuperar su vivienda alquilada y luego inquiokupada. Durante ese tiempo, tuvo que volver a vivir con sus tres hijos adolescentes en casa de sus padres, en un piso de dos habitaciones, mientras seguía pagando la hipoteca.
"Son situaciones que se pueden aguantar un mes, dos meses, pero cuando ya son años, como está pasando, pues se convierten en situaciones dificilísimas" explica indignado.
Desde la Plataforma también denuncian las dificultades de las fuerzas de seguridad para actuar. Según Sevilla, los inquilinos morosos y okupas están muy informados de sus derechos, lo que limita las actuaciones policiales.
En algunos casos, los agentes se han visto obligados a permitir que el okupa permaneciera en la vivienda e incluso a advertir al propietario de posibles consecuencias legales si intentaba recuperarla por la fuerza.
Carmelo Sevilla (camisa de color azul) y Ricardo Bravo (camisa de color azul marino) tras la Comparecencia en el Congreso de los Diputados junto a laPresidenta de la Comisión (en el centro)
Acciones de la Plataforma
La Plataforma de Afectados por la Okupación e inquiokupación ha puesto en marcha una intensa recogida de firmas como parte de su estrategia para ejercer presión política, un esfuerzo que su portavoz, Carmelo Sevilla, denomina "hacer un poco de lobby".
El objetivo principal de esta campaña es presentar 100.000 firmas en el Congreso antes del 1 de noviembre, con el fin de visibilizar sus inquietudes y propuestas ante los diputados, ya que la Plataforma maneja información obtenida de miles de personas afectadas y mantiene contacto con todos los grupos políticos del Parlamento
Aunque la recolección de firmas es catalogada como "algo complicada" —especialmente la recolección en papel—, la Plataforma se encuentra actualmente cerca de alcanzar su meta, con una cifra que ronda las 90.000 firmas, habiendo conseguido cerca de 70.000 de ellas a través del sello ORC. Este "último esfuerzo" busca superar las dificultades logísticas derivadas de operar con "mucha capilaridad" en todas las regiones españolas.
