Halit Sahitaj, el capo serbio con contactos en el Kremlin que lideraba una mafia en Marbella para chantajear a empresarios

En la vivienda de la calle Arturo Rubinstein de Marbella donde vivía con su pareja, Jana Kleiner, había un par de Bentleys, varios Mercedes AMG y un Lamborghini Urus, además de diez relojes Bulgari, Rolex y Hublot, dieciocho anillos, siete colgantes, nueve pendientes y diez pulseras.

Aunque no se intervinieron, la policía dejó también constancia de que obraban en su poder decenas de zapatos de Dior, Chanel, Hermès, Louis Vuitton, Hogan, Prada y Gucci valorados en más de mil euros cada par (la mayoría sin estrenar). De los armarios colgaban abrigos de piel y alta costura de Saint Laurent, Chanel y Valentino.

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Halit Sahitaj fue detenido durante ese operativo, que incluía registros simultáneos en otras propiedades vinculadas.

El asunto fue sonado, no sólo porque se tratara de un mafioso conocido situado bajo el radar de la policía española desde los 90, sino porque la irrupción en su vivienda era la culminación a un largo y sofisticado trabajo de ingeniería policial que arrojaba luz sobre un hecho sorprendente: en España, ha estado operando durante años una estructura mafiosa transnacional con base en la Costa del Sol, especializada en extorsionar a millonarios y en blanquear capitales.

Halit Sahitaj.

Se servían de un entramado de testaferros de distintos orígenes, pero su verdadero centro de gravedad se encontraba en Rusia, en manos de redes criminales protegidas por funcionarios corruptos del Servicio Federal de Rusia (FSB) y de la Fiscalía de Moscú, que convertían las instituciones judiciales en un instrumento de chantaje y persecución contra sus víctimas exiliadas en Europa occidental o, más particularmente, en España.

El serbio y sus seis cómplices fueron procesados el pasado mes de junio. El juicio ya ha concluido y ahora están a la espera del fallo judicial definitivo, en el que se decidirá su suerte tras una vista oral cerrada y documentada.

Se sabe, sin embargo, que seis de los siete acusados llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Málaga en virtud del cual admitieron la pertenencia a organización criminal y, en varios casos, también extorsión, blanqueo y falsedad, a cambio de una rebaja sustancial de las penas.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a algunos de los testigos que intervinieron en la vista así como a los documentos de la UDYCO Costa del Sol y la Fiscalía Anticorrupción. Y la postal del sistema criminal de extorsión que pergeña la investigación no deja lugar a dudas.

Sabíamos que Rusia ha exportado a España a través de algunos de sus funcionarios y agentes de influencia todos los sistemas de adoctrinamiento de menores y propaganda tóxica. Ahora también tenemos la certeza de que aquí operan diferentes estructuras mafiosas vinculadas a la justicia y las agencias rusas de seguridad.

Se ha juzgado a los delincuentes que estaban al alcance de nuestra justicia, pero no al resto de los implicados rusos de la trama. La sentencia contra los hampones ha sido redactada ya y sólo falta que sea firmada. Todos excepto uno han aceptado los cargos.

La organización criminal instalada en la Costa del Sol funcionaba como un apéndice de las mafias rusas. Desde Moscú llegaban las órdenes de Egor Sementsov y en España se desplegaba la maquinaria: al frente, Halit Sahitaj, un capo local con vida de oligarca, era el encargado de mantener contactos internacionales y de mover grandes cantidades de dinero negro. A su lado, Igor Radionov, trasladaba las instrucciones de los mandos en Moscú.

El brazo ejecutor eran los intermediarios operativos, representados por Thomas (Toomas) Madmets, que localizaban a las víctimas, las citaban en hoteles o despachos, y les hacían llegar amenazas veladas o directas de prisión y muerte. Había también un especialista en interceptar comunicaciones para rastrear objetivos, Marat Tashimov, y un emisario llamado Ruslan Tsagaev, que volaba desde Rusia para recoger en mano parte de los pagos.

El dinero se canalizaba a través de un sistema de blanqueo en España: coches de lujo, relojes, joyas y estancias en hoteles cinco estrellas. Para tapar la pista, se usaban familiares cercanos —Marcel Maassen y Jana Kleiner, hijo y esposa del serbio— que prestaban su identidad en contratos y facturas, actuando como pantallas para justificar adquisiciones imposibles de explicar con ingresos legales.

Víctima lituana

Es más que probable que se hubieran salido con la suya si los afectados no hubiesen finalmente hablado. El primero de los nombres de las víctimas que apareció en la Audiencia de Málaga fue el de Rymantas Razinskas, un empresario lituano de origen humilde y nacido en la región de Kaunas, que había prosperado durante los años turbulentos de la transición postsoviética.

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Como tantos otros compatriotas, creyó hallar en España su refugio: le seducía su clima suave, su seguridad jurídica y los miles de kilómetros que la separan de Moscú. Pero el 16 de agosto de 2018 se derrumbó su sueño cuando fue detenido por nuestra policía en virtud de una orden internacional emitida desde Rusia. Pasó un mes en prisión provisional antes de ser puesto en libertad. Y esa detención fue justamente la grieta por donde se coló en su vida la organización criminal asentada en la Costa del Sol.

La mecánica era sencilla en apariencia, pero sofisticada en ejecución. A Razinskas le empezaron a llegar llamadas desde Moscú. Al otro lado del teléfono había un hombre que se identificaba como Ruslán. "Tienes un mes para dar una respuesta", le advirtió. "Si no lo haces, funcionarios de la investigación viajarán a España para llevarte a Rusia, y allí nadie podrá ayudarte".

No le resultó difícil dar crédito en vista de que había sido arrestado. La amenaza sonaba oficial, burocrática, como si viniera de un fiscal. Y en parte era cierto: los papeles llevaban membretes del Ministerio del Interior ruso, con números de expediente y firmas que parecían auténticas, producto de la connivencia de funcionarios corruptos en Moscú.

La presión subió de tono en los meses siguientes. La red desplegó su aparato en territorio español y le exigió medio millón de euros para "cerrar" su expediente. No todo se resolvía por teléfono. Concertaron citas en hoteles de Girona y en cafeterías discretas.

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Allí, Thomas (Toomas) Madmets, el intermediario estonio, le transmitía de viva voz las condiciones: debía pagar en metálico, en entregas rápidas, o la maquinaria judicial rusa le aplastaría. Durante esos encuentros, le ponían sobre la mesa copias de documentos y le repetían el guion: o el dinero o la extradición.

Parte de la estrategia consistía en fabricar cargos reales en Moscú, activados con ayuda de fiscales corruptos, para luego ofrecer al empresario la posibilidad de "resolverlo" a cambio de dinero. Razinskas, atrapado entre la memoria de su arresto en 2018 y la presencia de enviados en España, acabó convencido de que era el Estado ruso quien estaba detrás de su persecución.

Las reuniones en hoteles fueron el punto de inflexión. Allí no había solo llamadas telefónicas o mensajes encriptados: había emisarios en persona, hombres de acento extranjero como Thomas (Toomas) Madmets, el intermediario estonio, o Ruslan Tsagaev, llegado de Moscú.

Algunos, como Halit Sahitaj, tenían apariencia de empresarios; otros, como Igor Radionov, se sentaban con él, le sonreían y al mismo tiempo le recordaban que su vida podía cambiar en un instante si decidían activar la orden. El dispositivo estaba diseñado para que la víctima no pudiera distinguir dónde terminaba la mafia y dónde empezaba la burocracia rusa (en realidad, no hay fronteras definidas entre ambas, lo que hacía más creíble la amenaza).

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Pero fueron tan lejos que Razinskas comenzó a cantar. Primero, con su abogado y después con la policía española, lo que permitió abrir la pieza del sumario en Marbella. El relato que dio en Málaga es de manual de mafia postsoviética: un empresario refugiado en la Costa Brava que recibe llamadas directas desde Moscú con tono de fiscalía; que se sienta en un hotel con un emisario extranjero que le exige medio millón en efectivo, y que termina convencido de que el mismísimo Estado ruso lo está cazando.

Cuando su nombre apareció en la Audiencia de Málaga, ya no era solo un empresario lituano en problemas, sino la prueba viviente de que en España operaba una red mafiosa transnacional conectada con fiscales rusos. En sala relató cómo lo engañaron, cómo lo llevaron a creer que Moscú lo perseguía, cómo lo sentaron en hoteles y cafés para exigirle medio millón de euros bajo la sombra de una orden de detención internacional.

El ex policía ruso

Otro caso que ocupó buena parte del sumario fue el de Viacheslav Bykov, antiguo agente antidroga ruso, a quien involucraron en un caso de tráfico de cocaína. Había caído en desgracia por enfrentarse a capos protegidos por el FSB, y se había instalado con su familia en Cataluña. Para la organización, era una presa doblemente atractiva: tenía dinero y además guardaba grabaciones y pruebas de corrupción.

Desde Moscú le hicieron llegar mensajes con un ultimátum: debía retractarse de sus declaraciones y entregar las grabaciones. Cuando se negó, la amenaza escaló hasta la brutalidad: "Te vamos a matar directamente… Es indiferente que te hayas marchado a España porque conseguiremos traerte a Rusia".

El sumario recoge cómo en diciembre de 2020, el emisario checheno Ruslan Tsagaev viajó a Madrid para reunirse en un hotel de la calle Agustín Foxá con un intermediario del propio Bykov y con Razinskas. Allí se habló de sumas que habían comenzado en un millón de euros, y que posteriormente fueron rebajadas a 500.000.

Llegaron a entregar en mano un anticipo de 20.000 euros, con la promesa de que los cargos desaparecerían. La cantidad total pactada nunca llegó a pagarse y el proceso siguió adelante. Bykov fue detenido en Platja d’Aro en 2018 y pasó más de tres años en prisión preventiva, mientras la Audiencia Nacional aprobaba su extradición.

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Se tragaron con cucharón las acusaciones fabricadas por los criminales. La paradoja sigue siendo grotesca: un hombre perseguido por mafiosos al que la Fiscalía Anticorrupción consideraba una víctima de una maquinaria de extorsión apoyada por funcionarios rusos está a punto de ser extraditado todavía hoy por unos cargos fabricados. Desde diciembre del pasado año, Bykov se encuentra huido, escondido, sin pasaporte y con sus cuentas bloqueadas, mientras sigue vigente su entrega a Rusia.

El tercer nombre que aparece en el sumario es el de Valery Sergeyevich Subbotin, empresario ruso con pasaporte chipriota, residente en Mónaco junto a su esposa, Nadezda Streltsova. Subbotin llevaba años moviéndose en la Costa Azul, entre negocios energéticos, cenas con otros expatriados y viajes relámpago a España, cuando en abril de 2020 recibió un contacto inesperado.

Alguien lo llamaba desde Marbella, y lo hacía con un tono inquietante: le hablaba de un procedimiento penal en marcha en España que lo implicaba directamente. En cuestión de días, empezaron a llegarle por WhatsApp documentos con el membrete de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción.

No eran simples amenazas verbales: parecían autos de procedimiento, informes oficiales, incluso extractos de diligencias. El mensaje era claro: Subbotin estaba bajo investigación por blanqueo de capitales y, si no quería ser detenido, debía pagar para que el caso se "cerrase".

Autos secretos del Juzgado de Marbella, de 2020.

La red de Halit Sahitaj no improvisaba. Había perfeccionado la falsificación hasta un punto en el que incluso abogados podían dudar de si los papeles policiales españoles eran reales. La trampa estaba servida: a un empresario acostumbrado a moverse entre jurisdicciones europeas se le planteaba un dilema imposible. Pagar para librarse de un proceso, o enfrentarse a la posibilidad de que España le abriera una causa real que arruinara su vida en Mónaco.

Subbotin acabó denunciando, primero en su país de residencia y después en Madrid. Ante los investigadores españoles relató que incluso se le había ofrecido "un policía en la UDEF" que, a cambio de dinero, podía ayudarle a desactivar el procedimiento.

Cuando en el juicio de Málaga se reconstruyó su caso, quedó claro que había sido víctima de un montaje transnacional en el que la mafia usaba el prestigio de las instituciones españolas como herramienta de chantaje.

Hoy, Subbotin sigue residiendo entre Mónaco y Chipre, reforzando su seguridad personal y recordando que durante meses pensó que la justicia española estaba a punto de golpear a su puerta. El sumario de Málaga demostró que no era un procedimiento real, sino una obra de ingeniería criminal.

Quién es Sahitaj

Cuando se considera lo ocurrido acude a la mente inevitablemente la pregunta de quién es ese delincuente que lidera una red capaz de fabricar causas penales en Moscú o España, disfrazarlas con membretes oficiales y utilizarlas como armas de extorsión en hoteles de Marbella o Madrid. Halit Sahitaj nacido en Istok (Kosovo) en 1966, aunque posee la nacionalidad serbia.

Su biografía en España arranca en los noventa, cuando ya figuraba en archivos policiales por falsedad documental y delitos económicos. En 2006 y 2007 pasó por Soto del Real, pero lejos de venirse abajo, regresó a Marbella convertido en un magnate.

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No tenía actividad empresarial declarada ni pagaba impuestos, pero circulaba por la Costa del Sol en Mercedes AMG, Bentley y Lamborghini Urus. La policía española le describió como un hombre que "vive como oligarca sin haber trabajado nunca en nuestro país".

Lo que lo distinguía de un delincuente común no era solo su tren de vida, sino su capacidad para articular la extorsión con la cobertura del Estado ruso. Si la red de Sahitaj pudo funcionar, no fue solo porque en Marbella hubiera un puñado de mafiosos balcánicos con documentos falsos. Lo decisivo fue la conexión con Rusia, y en particular con un grupo de funcionarios y operadores que daban cobertura "oficial" al entramado.

El primero es Egor Sementsov, pieza clave de la Fiscalía de Moscú, descrito en los atestados como "coordinador de la fabricación de causas penales". Su papel era seleccionar a las víctimas —empresarios rusos o exsoviéticos con dinero en Europa— y activar contra ellos expedientes judiciales, con testigos falsos y órdenes de detención internacionales.

El atestado de la Policía Nacional.

Fue Sementsov quien fabricó los documentos que luego recibieron Razinskas, Bykov y Subbotin, y quien mantenía contacto directo con los intermediarios en España. Sin su participación, la extorsión habría carecido de credibilidad: era su sello el que hacía temblar a las víctimas.

Otro nombre que aparece es Andrey Arfeev, fiscal adjunto en Moscú, mencionado en los informes como parte del grupo de funcionarios que legitimaban los expedientes. Aunque no hay auto judicial español contra él, su rol consistía en dar salida institucional a documentos fabricados, como si fueran procesos auténticos.

En paralelo, se identificó la figura de "Ruslán", un intermediario moscovita que llamaba directamente a las víctimas desde Rusia. Fue él quien telefoneó a Razinskas en 2018, exigiéndole medio millón de euros y advirtiéndole de que "funcionarios viajarían a España para llevárselo a Moscú, donde nadie podría ayudarle". Su identidad completa nunca llegó a concretarse en los sumarios, pero en las transcripciones aparece su voz como eco de Moscú en los oídos de los extorsionados.

También figura el nombre de Vladimir Siljn, abogado ruso que se puso en contacto con Bykov para transmitirle que la petición de extradición podía desaparecer previo pago de un millón de euros (rebajado después a 500.000). Ese contacto ilustra cómo la red no se limitaba a policías y fiscales corruptos, sino que incorporaba también a abogados dispuestos a "negociar" la libertad a cambio de dinero.

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Y por encima de todos, aunque nunca citado en procedimientos formales, está la sombra del FSB. El escrito de la fiscal María del Mar López-Herrero señala expresamente que la organización española estaba "compuesta por gánsteres y funcionarios judiciales rusos y agentes del FSB".

Esa mención abre la puerta a entender el caso no como una mafia corriente, sino como una operación híbrida en la que el Estado ruso participaba activamente, ya fuera con agentes de seguridad, fiscales o abogados que viajaban a España para supervisar pagos y encuentros.

En los atestados también se documenta la llegada de emisarios rusos a la Costa del Sol, hombres de negocios con pasaportes diplomáticos o de servicio, que acompañaban a Sahitaj en cenas y encuentros. Ninguno de ellos fue procesado, pero los investigadores apuntaron a que actuaban como "garantía" de que las órdenes venían de arriba.

Mafia albanokosovar

En los medios de comunicación balcánicos, Sahitaj es considerado un oligarca con conexiones con el crimen organizado albanokosovar y con figuras como Ismet Osmani, alias Curi, un mafioso de peso en Pristina. Hay incluso artículos que lo vinculan con operaciones de espionaje en Rusia .

Su fachada social en Málaga es la de jugador profesional de póquer: aparece con el alias Alex en torneos como la liga Marbella Classic Poker 770 . Se cruzó, de hecho, con otros investigados —como el estonio Toomas Mandsmets— en casinos donde el azar es menos importante que las relaciones.

Halit Sahitaj, durante un torneo de póker en Marbella (a la derecha).

Las escuchas telefónicas incluidas en el atestado lo retratan pidiendo favores, gestionando certificados médicos falsos y moviéndose como vértice de una red que une a rusos, estonios y albaneses.

Pero los contactos de Sahitaj iban aún más lejos. Investigaciones periodísticas recientes publicadas por Gunpowder Chronicles detallan que también trabajaba con Igor Vladislavovich, un oficial del GRU —los servicios de inteligencia militar rusos— con quien se reunió en Zúrich poco antes de ser detenido en 2020.

Esas reuniones, según las filtraciones recogidas por la publicación citada, no solo trataban de dinero: también de campañas de desinformación destinadas a erosionar al Tribunal Especial para Kosovo en La Haya, en connivencia con periodistas afines como Milaim Zeka. En otras palabras: además de extorsionar a millonarios, la red tenía un pie en la guerra híbrida del Kremlin.

La trayectoria internacional de Sahitaj refuerza el perfil: en Suiza, los registros lo vinculan a joyerías de Ginebra y Zúrich, usadas como tapadera de blanqueo; en España, blanqueaba mediante coches y objetos de lujo; en Mónaco, extorsionaba a millonarios con expedientes falsos. Su figura encarna la esencia de lo que la Fiscalía define como estructura híbrida: mafiosos balcánicos que no existirían sin la colaboración del aparato judicial y de seguridad ruso.

Esa mezcla letal quedó en evidencia durante el juicio de Málaga, cuando seis de los siete acusados aceptaron los cargos. Los documentos incautados confirmaban que las amenazas estaban avaladas por funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía rusa.

La pregunta de fondo, sin embargo, sigue ahí: ¿Es Sahitaj un capo local con buenos contactos o un engranaje de la maquinaria del Kremlin? La lógica de los hechos sugiere que es el puente vivo entre la Costa del Sol y el Kremlin, un mafioso con chófer que ha servido de correa de transmisión a los sótanos del FSB y del GRU.

Según el abogado de Bykov, Javier Ruiz Blay, "se engañan quienes piensan que estas organizaciones criminales sólo actúan contra ciudadanos rusos porque una vez se les agoten las víctimas de la Federación de Rusia irán también a por los españoles, del mismo modo que del tráfico de tabaco se pasó en su día al de cocaína".

A juicio del letrado, "es una situación muy grave porque se han aprovechado de las instituciones de nuestro país para extorsionar a gente debido a que aceptan todas las resoluciones que provienen de Rusia sin hacer una comprobación efectiva de las mismas. Nuestra administración no puede permitirse ser un herramienta en manos de esos delincuentes".