José María Peláez, el 'sabio' de las oposiciones, sobre el máster de acceso para ser funcionario: "El Gobierno los quiere dóciles"

José María Peláez (Zújar, Granada, 1955) es inspector de Hacienda desde 1984. Superó entonces esta oposición del grupo A1 y desde hace más de 30 años es preparador. Por sus manos han pasado “más de 500 altos funcionarios” a lo largo de toda su trayectoria.

Concretamente, él enseña a los opositores a Inspector de Hacienda, del grupo A1, y a Técnico de Hacienda, del grupo A2. Precisamente, a estos dos grupos (A) pertenecen los funcionarios de más alto nivel en el Estado. Y ahora el Gobierno quiere cambiar la forma de acceder a un empleo público de esta categoría.

Lo hace en el marco del nuevo plan de transformación de la administración pública presentado el pasado lunes por Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, y que lleva por nombre Consenso por una Administración Abierta.

Imagen de archivo de un examen de oposiciones. Efe

Con esta medida, los aspirantes a alto funcionario del grupo A (abogados del Estado, inspectores de Hacienda, diplomáticos, economistas del Estado…), tras superar un examen, sólo deberán hacer un curso de dos años, una suerte de máster. Tras acabarlo “sólo los mejores”, es decir, los que tengan mejores notas, accederán a la función pública. El resto recibirá un título oficial.

El caso es que este nuevo sistema está levantando ampollas entre los altos funcionarios, los preparadores y los opositores. Por ello, EL ESPAÑOL ha contactado con José María Peláez, también portavoz de la Asociación de Inspectores de Hacienda, para que explique qué opinan los preparadores.

Él, tajante, ha declarado que “un curso en un centro de formación se presta a que al final los aprobados no sean realmente los mejores, sino aquellos que tengan mejores padrinos”. De hecho, cree que esta medida “es una imposición del poder político, del Gobierno, para lograr que los funcionarios tengan menos especialización, menos profesionalización, que sean más dóciles y que el poder político pueda ejercer su influencia sobre dichos funcionarios”.

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Pregunta.– ¿Por qué las asociaciones de funcionarios rechazan la propuesta Consenso por una Administración Abierta?

Respuesta.– Partimos de que el sistema actual prepara a grandes profesionales con una especialización y profesionalización muy alta. Estamos hablando de abogados del Estado, de economistas, de interventores, de inspectores de Hacienda, de inspectores de Trabajo… O sea, profesiones que exigen un nivel muy alto de preparación.

Ese nivel se ha conseguido gracias a nuestro sistema de oposiciones. Éste tiene algunos defectos que habría que reformar, pero siempre ha sido un sistema que realmente ha generado profesionales con una cualificación muy alta.

Ahora se quiere sustituir por otro, muy general, con un examen tipo test y un curso de dos años o un máster, como lo quieran llamar, que prácticamente no tiene especialización ninguna. Entonces, el nuevo sistema va a producir un descenso en la calidad de la preparación y en los conocimientos específicos necesarios para estos cuerpos de altos funcionarios.

P.– ¿En qué se podría notar ese descenso en la calidad de la preparación y en el aprendizaje de conocimientos con el nuevo sistema?

R.– Fundamentalmente en dos factores: el tiempo y los contenidos. Cualquier oposición de un alto funcionario (abogados del Estado, inspectores de Hacienda, jueces…) es de tres, cuatro o cinco años de media. Son muchos años de un esfuerzo bastante importante aprendiendo todo tipo de temas para superar varios exámenes y fases de la oposición.

En nuestro caso, por ejemplo, los inspectores de Hacienda tenemos un primer examen escrito de una serie de materias como Derecho Civil, Mercantil, Administrativo y Economía. Un segundo examen de Contabilidad y Matemáticas Financieras con cinco supuestos prácticos. Un tercer examen, un dictamen, que es un caso práctico mezclando todo lo que se tiene que saber de derecho para desarrollar la idea de la función de decretos de Hacienda… Y luego vienen los dos exámenes orales. Con todo eso realmente se consigue una especialización, una preparación muy importante.

Además, luego se remata con un año en la Escuela de Hacienda Pública de aplicación práctica. Pues todo eso se quiere sustituir por un curso de dos años que va a ser idéntico para todo el mundo y, en función del curso y de las plazas que haya, uno saldrá preparado para ser abogado del Estado, otro será inspector de Hacienda, otro será economista del Estado, otro técnico comercial, prácticamente sin ninguna preparación ni especialización.

P.– Entiendo.

R.– En esos dos años es imposible que todos esos colectivos que van a salir de esa escuela tengan la preparación actual que tenemos nosotros. No sólo el tiempo, sino el contenido de esos cursos presenta muchas deficiencias respecto de la preparación que tenemos actualmente. Y si la preparación es deficiente, los funcionarios no van a estar igual de capacitados y formados como hasta ahora, en consecuencia, los servicios públicos se van a ver resentidos.

José María Peláez prepara a opositores desde hace más de 30 años. Cedida

P.– Tras ese curso de dos años los nuevos funcionarios deben aprobar un examen para ejercer. Los que no, no entrarían en la función pública. ¿Es justo?

R.– Es totalmente injusto que estés dos años con la expectativa de acceder a un puesto de los más importantes de la administración, nivel A1 o A2, y que al final no lo consigas. En su lugar, te dan el regalo: un título de máster para buscarte la vida. Para eso que hagan un máster directamente y se dediquen a la empresa privada o lo que sea. Además, aquí hay un punto importante para el presupuesto público: si en una escuela meten 1.000 personas y al final sólo aprueban 500, el coste de esos 500 no aprobados es un coste innecesario porque al final no van a ser funcionarios públicos.

P.– Hay muchas asociaciones, como la suya, que están defendiendo que esta nueva forma de elegir “podría aumentar la subjetividad en los procesos”. ¿Por qué?

R.– Eso pensamos. Sabemos por experiencia que con un examen tipo test de conocimientos generales y un curso general puede aumentar la subjetividad. El curso se presta a la subjetividad y lo puede aprobar el que tenga mejor padrino o mejor recomendación por parte de nuestros gobernantes y no el mejor capacitado, el mejor formado.

De esta manera, debo decir que nuestro sistema de oposiciones actual es imparcial. Podrá ser más duro o menos, pero al final es muy difícil que en un examen oral, que es público, haya un aprobado que realmente no haya dado el nivel. Sin embargo, todos sabemos que un curso en un centro de formación se presta a que al final los aprobados no sean realmente los mejores, sino aquellos que tengan mejores padrinos.

P.– ¿Y en qué se basan para afirmar que los aprobados pueden ser los que tengan mejores padrinos?

R.– Poniendo un ejemplo práctico lo va a entender: los políticos y los gobernantes quieren tener la máxima influencia de poder en cualquier ámbito de la vida. En el caso de la administración, por supuesto, sobre los funcionarios. El ejemplo práctico es que el puesto de directores generales de cualquier ministerio, según normativa, debe ser cubierto por un funcionario del grupo A salvo en circunstancias excepcionales que lo justifiquen.

La circunstancia actual es que los políticos le han dado la vuelta a esto y ahora prácticamente todos los directores generales son personas del entorno, personas de confianza de los ministros, saltándose la legislación... O sea, nuestros políticos quieren realmente tener poder de decisión sobre los funcionarios, en general, y el objetivo a conseguir es tener mayor control sobre los funcionarios de grupos A1 y A2.

Por eso, con nuestra experiencia, sabemos que un curso en el cual se van a estudiar una serie de materias, va a haber unos profesores y va a haber unas influencias externas, va a repercutir en que aumente el grado de subjetividad en la elección de esos funcionarios que actualmente no se tiene. Por eso decimos que se va a incrementar el grado de subjetividad cambiando a este sistema.

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P.– Según varias asociaciones de funcionarios A1 o A2, el proyecto “no ha tenido en cuenta la opinión de los cuerpos funcionariales que se verán afectados”. ¿Qué opina?

R.– Bien, este proyecto surgió en 2019 con el ministro Iceta. Luego pasó por manos del ministro Escrivá y ahora está en manos del ministro Óscar López. Son tres ministros, pero el proyecto prácticamente es el mismo. Entonces, cuando los políticos saben que hay un proyecto que va generar confrontación tienen que cubrir el expediente y disimular diciendo que ha habido consenso.

El consenso, en este caso, se ha limitado a no querer recibir a las asociaciones y, en concreto, a la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. Varias asociaciones, a lo largo de los años, hemos emitido un montón de propuestas para reformar el sistema de oposiciones, que tiene algunos defectos, y, por supuesto, tiene áreas de mejora.

Eso sí, la mejora nunca puede ser derribar el sistema aprovechándose de esa deficiencia para crear uno nuevo, totalmente incierto y sin saber los resultados. Pero a fin de cuentas, ninguna de las propuestas ha sido atendida. Y, pese a que ha habido tres ministros, la propuesta de Función Pública ha sido prácticamente inamovible desde que empezó a elaborarse.

P.– Entonces, ¿usted(es) qué mejoraría(n) en el sistema de oposiciones?

R.– Yo lo mejoraría en dos temas. Uno: las facilidades económicas para preparar las oposiciones, las becas. Ellos, en el documento, hablan de democratizar y modernizar las oposiciones, pero el argumento que usan para democratizar es el de decir: “Un conductor de autobús nunca puede dedicar cuatro años para estudiar la oposición de judicatura o inspector de Hacienda”. Pero la cuestión no es el tiempo. Son las ayudas.

Le voy a poner el ejemplo de Valencia: la Generalitat lleva muchos años dando becas para preparar a inspectores y técnicos y otros cuerpos de A1 y A2 de la Generalitat Valenciana. Son becas que duran un año y son de 700 euros mensuales prorrogables hasta tres años. Y dan la beca a aquellas personas que superen una nota en el expediente y, sobre todo, que sean de una unidad familiar con una renta por debajo de la establecida. Con eso das ayudas a quienes lo necesitan y merecen y el opositor se forma bien.

P.– ¿Y el segundo tema que mejoraría?

R.– La segunda mejora es la siguiente: hay oposiciones que necesitan cambiar el número de temas orales. Se pueden reducir y sustituir por algún supuesto práctico. En el caso nuestro, el de los inspectores de Hacienda, el tema está equilibrado, pero hay oposiciones que necesitan una revisión.

Entonces, resumiendo a las preguntas, las dos propuestas nuestras más importantes son: dotar al sistema de becas para aquellos que no tengan medios económicos realmente puedan preparar la oposición. Y, segundo, mirar oposición por oposición y corregir lo necesario apoyándose en la asociaciones que tienen propuestas de mejora que a Función Pública no le interesa oír.

El inspector de Hacienda, José María Peláez. Cedida

P.– ¿Por qué a Función Pública no le interesa oír sus propuestas?

R.– Porque quieren implantar un sistema que supone tirar por tierra todo lo que hay. Quieren implementar un sistema que puede provocar la reducción del nivel de exigencia, conocimientos y capacitación profesional de estos funcionarios de la administración.

De esta manera, estableciendo sistemas de carácter subjetivo en los cuales ellos puedan influir de alguna forma, no se va a elegir a los mejores, sino que podrá haber funcionarios afines a sus padrinos. Al final va a ser un tema de clientelismo político.

P.– Si la propuesta va hacia adelante, ¿qué ocurriría con los opositores que se están preparando en este momento?

R.– Los opositores están totalmente conmocionados y alarmados porque, aunque los políticos prometan que va a haber un periodo transitorio de uno, dos, tres años, realmente no se sabe bien. Entonces, cualquier noticia de cambio de sistema –y de que ese esfuerzo tan tremendo personal y económico que están haciendo puede que no valga para nada– provoca una desmotivación muy importante y les genera desasosiego. Me dicen: “¿Y ahora qué pasa? Si va a ser un examen tipo test y un máster, dejo de estudiar”.

P.– ¿Cómo influye que en los próximos 10 años se va a jubilar el 60 % de los funcionarios?

R.– Precisamente ése es uno de los argumentos que utiliza el Gobierno para reformar todo el sistema. Como el 60 % de las plantillas que existen actualmente en la Administración General se va a jubilar, quieren inventar un sistema con un tipo test y un curso con el que pueden meter 1.000 funcionarios de golpe. O 2.000. O los que hagan falta. El problema es que estos nuevos funcionarios no tendrían ni los conocimientos ni la especialización necesarios propios de los funcionarios A1 o A2. Lo que ha habido, en este sentido, es una deficiente planificación por parte de Función Pública.

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P.– ¿Se podría calificar esta nueva forma de acceder a la función pública como un parche que puede agilizar el proceso de cara a suplir las plazas?

R.– Correcto. Sí, porque con un tipo test y dos años de formación general puedo meter de manera rápida a la cantidad de funcionarios que se necesite. Pongo a unos de diplomáticos, a otros de abogados del Estado, a otros de economistas del Estado y a otros inspectores de Hacienda. Y ya está. Ya tengo cubiertas todas las plantillas. Pero la solución al déficit de funcionarios que habrá en los próximos años no es meter masivamente funcionarios sin la cualificación necesaria.

P.– ¿Algo más que quiera añadir?

R.– Sólo decir que los que nos dedicamos a esto, desde un punto de vista técnico, no vemos que este nuevo proceso de selección vaya a mejorar la función pública y, por tanto, el servicio al ciudadano. Todo el proyecto son palabras vacías.
La única conclusión que podemos sacar es que esto es una imposición del poder político, del Gobierno, para lograr que los funcionarios tengan menos especialización, menos profesionalización, que sean más dóciles y que el poder político pueda ejercer su influencia sobre dichos funcionarios.

P.– Entonces, a su juicio, ¿es una forma de politizar la Administración Pública?

R.– Correcto.