La trama del atún rojo ilegal pacta con la Fiscalía para evitar la cárcel: multas de 143.000€ y penas por debajo de los 2 años

El mayor exportador de atún rojo del mundo -el Grupo Ricardo Fuentes- será condenado por el Juzgado Central número 3 de Madrid por comercializar el citado túnido procedente de la pesca ilegal. De hecho, sus responsables, los hermanos José y Juan Pedro Fuentes García, acaban de cerrar recientemente un acuerdo con la Fiscalía, para no entrar en prisión, tras admitir los delitos de integración en grupo criminal, contra la salud pública y falsedad documental.

La magistrada María Tardón había fijado juzgar a ocho personas y doce empresas, entre ellas, el Grupo Ricardo Fuentes de Cartagena, por la comercialización de atún rojo pescado ilegalmente. Además, le inyectaban aditivos para darles una apariencia de frescura y para avivar el característico color de la carne de este pescado, considerado un manjar, "poniendo en grave peligro la salud pública de los consumidores". Todo ello, para después blanquear los "cuantiosos" beneficios obtenidos.

EL ESPAÑOL ha accedido a un auto judicial que revela que se ha cerrado un pacto por parte de siete de los encausados, para evitar poner un pie en prisión, y en el listado de nombres se encuentran los hermanos José y Juan Pedro, cuyo grupo factura más de 370 millones de euros con su marca ‘Fuentes el Atún Rojo’, presente en cuarenta países y con Japón como principal cliente.

“En el presente procedimiento abreviado, por el Ministerio Fiscal, se ha presentado escrito de acusación de conformidad, junto con todas las partes personadas en la causa, contra los siguientes investigados: […]”, tal y como expone el citado auto donde se enumera la condena propuesta para cada uno de los que están en la diana de la magistrada María Tardón.

De modo que la Fiscalía pide para Juan Pedro Fuentes García penas de cárcel que suman un año, 10 meses y 28 días, por debajo de los dos años, para que no entre en prisión este reconocido empresario. El pacto contempla 5 meses y 29 días, por falsedad documental; 11 meses de cárcel, por un delito contra la salud pública; y 5 meses y 29 días, por integración de grupo criminal, así como el pago de dos multas que suman 143.200 euros.

Para su hermano, José Fuentes García, propone la misma condena que suma un año, 10 meses y 28 días. De forma que tampoco pasará una temporada a la sombra, a pesar de aceptar una conformidad con la Fiscalía por la autoría de los delitos de falsedad documental; contra la salud pública; y pertenencia a grupo criminal. Además, se compromete a abonar sendas multas con cuotas diarias de 400 euros hasta alcanzar los 143.200 euros.

"Ante un proceso que apuntaba a alargarse al menos 2 años, con el enorme desgaste que ha supuesto y todavía podía suponer, la prioridad ha sido encontrar una solución conjunta cuanto antes con el objetivo de evitar más juicios paralelos injustos. Incluso, aunque esta decisión lleve asociado asumir un gran coste personal", según admite el Grupo Ricardo Fuentes en un comunicado que ha difundido a raíz de la exclusiva de este diario. 

Unos hombres sujetan el atún rojo que los buzos acaban de capturar en las granjas de la empresa Ricardo Fuentes e Hijos. Jorge Barreno Cartagena, Murcia

El Grupo Ricardo Fuentes tiene su sede central en Cartagena y dispone de diferentes granjas de engorde en Malta y Túnez, así como almadrabas en Cádiz, Marruecos, Italia y Portugal. En su página web venden así su producto: “Todos nuestros atunes rojos son ejemplares adultos salvajes, capturados con técnicas de pesca sostenibles. Son pescados, alimentados y extraídos a demanda, siguiendo la técnica japonesa del ike jime”. Pero este auto judicial vincula a los hermanos con una organización dedicada a vender atún procedente de la pesca furtiva.

Dentro de esta trama del atún rojo -Thunnus thynnus- se encuentran también los dirigentes del Grupo Pescnortmar –Carlos Fernández Fernández, Javier Amorós y Khalid Mouslim– y un agente de la Guardia Civil que daba cobertura a la red, aportándoles información sobre los seguimientos de los que eran objeto. Prueba de ello es que en este auto, fechado el 14 de julio, la Fiscalía propone idénticas penas para esos directivos que tampoco entrarán en prisión.

Carlos Fernández Fernández: 5 meses y 29 días, por falsedad documental; 11 meses de cárcel, por un delito contra la salud pública; y 5 meses y 29 días, por integración de grupo criminal, así como el pago de dos multas que suman 143.200 euros. Lo mismo propone para Javier Amorós y Khalid Mouslim.

El auto recoge que en la negociación con el Ministerio Público, llevada a cabo por los letrados que ejercían las defensas de los directivos de los grupos Ricardo Fuentes y Pescnortmar, también se ha tenido en cuenta la "circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento". Tal demora ha contribuido a fijar estas condenas de cárcel a la baja.

De modo que los abogados han aceptado el resultado final de las condenas tras lograr establecer plazos para el pago de las multas: "Las defensas de los acusados manifiestan su conformidad en consignar los importes de multa contenidos en el presente documento, en tres tramos temporales".

El atún rojo es el más caro que hay en el mercado de entre los 15 tipos de especies de túnidos que existen. El coste varía en función de si se trata del lomo, la ventresca o la carrillera, pero solo con consultar los portales de venta on line se aprecia que el kilo de Thunnus thynnus tiene un precio de partida de 48 euros en adelante, pero en mercados como Tokyo su precio de dispara exponencialmente.

Mercado de pescado Tsukiji, Tokio, (2015) . Es el más grande del mundo y donde van toneladas de atunes rojos de España. Antonio J. Liarte Tokio

El auto que encaminaba a juicio a todos los protagonistas de la trama, detallaba que parte de la actividad de las mercantiles se llevaba a cabo de manera legal, de acuerdo con la normativa vigente, mientras que otra parte se realizaba de manera irregular, introduciendo en el mercado atún rojo pescado ilegalmente, con omisión o falsificación de la documentación requerida para su captura y comercialización para consumo humano.

"Esta confusión deliberada entre el atún de procedencia ilícita y en buen estado y el atún de procedencia ilícita y en mal estado fue ideado por la organización para dificultar la detección del fraude", según recogía el auto publicado en su momento por Europa Press y que alertaba de las pésimas condiciones de salubridad de las instalaciones usadas por los investigados.

Incluso el transporte del género no cumplía con unas condiciones mínimas de higiene como su aislamiento en continente hermético. Para introducir el género capturado de forma irregular o procedente del exceso gestionado en granjas de engorde, la trama recurría a falsedades documentales de diversa índole, unas veces era manipulada, otras alterada o simulada, para impedir conocer la trazabilidad de los ejemplares de atún rojo. Es decir, era una incógnita su procedencia, la fecha en la que habían sido sacrificados, cuánto tiempo llevaban en expedición...

"Se han detectado concentraciones de histamina en niveles superiores al máximo aconsejable", según recogía ese auto publicado por Europa Press y donde se subrayaba que el riesgo para la salud de las personas llegó a concretarse en la detección de alguna intoxicación alimentaria.

Pero no les importaba porque todo lo hacían para embolsarse millones de euros. "El objetivo final del entramado creado por el grupo criminal es el lucro económico, por lo que las acciones que los investigados realizan en sus diferentes intervenciones están siempre encaminadas a enmascarar la captura de los animales, mediante la pesca furtiva y su posterior paso a la cadena de comercialización, amparados en documentos falsos emitidos por los integrantes de la organización".

Una motosierra apoyada sobre una de las bodegas del barco pesquero donde después irá el atún. Jorge Barreno

En el comunicado difundido por el Grupo Ricardo Fuentes se subraya que esta condena pactada no altera la hoja de ruta de la compañía y defienden que las intoxicaciones alimentarias detectadas durante la investigación no tienen nada que ver con sus túnidos:

"Este es un procedimiento que se inició hace más de 7 años y durante el que se nos ha acusado de muchas cuestiones que, como ha quedado demostrado, nada tienen que ver con la realidad. Todas ellas han quedado fuera de la sentencia definitiva y, por tanto, descartadas por todas las partes, incluidos el Ministerio Fiscal y la acusación popular".

"La sentencia convenida no supone ninguna limitación en nuestra actividad empresarial. No la ha habido en ningún momento del proceso -de hecho el grupo como entidad jurídica quedó fuera hace meses- y no la habrá en el futuro".

"Ha quedado demostrado que, como siempre hemos defendido, nuestros productos han ofrecido y ofrecen todas las garantías para los consumidores. La seguridad alimentaria está y ha estado siempre asegurada. Ninguno de nuestros atunes ha generado nunca ningún problema de salud alimentaria y todos los análisis e informes realizados sobre nuestros productos han reafirmado que cumplimos los máximos estándares de calidad".