El hijo del dueño de La Suiza, la pastelería de Gijón acosada por 6 sindicalistas ahora en prisión: "Nos amenazaron de muerte"

Los seis sindicalistas de CNT conocidos como 'Las Seis de La Suiza', que fueron condenados por un delito de obstrucción a la justicia y por un delito continuado de coacciones graves al propietario de una pastelería de Gijón, ingresaron el pasado jueves 10 de julio en el centro penitenciario de Asturias para cumplir una pena individual de tres años y medio de prisión.

Los condenados son Olga Pérez, Héctor Augusto González, Rosa Blanca Carrio, Jara Casanova, María Cristina Bermejo y Beatriz García.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Gijón, que el pasado mes de junio desestimó la solicitud de las defensas y de la Fiscalía para que se suspendiera la condena, dictó el miércoles 9 de julio una orden de detención e ingreso en prisión para estas seis personas, que se presentaron en el centro penitenciario de forma voluntaria. Ya están en régimen abierto, en el centro de inserción social anexo a la cárcel de Asturias.

José Álvarez en la pastelería La Suiza. Cedida

Los hechos se remontan a junio de 2016, cuando la pareja sentimental de Olga, Héctor González, se personó en la pastelería La Suiza y, tras tener una discusión con el dueño del local, le pegó una patada a una nevera. El dueño, José Álvarez López, terminó denunciándolo por amenazas y destrozos en su local.

"Este altercado ocurrió antes de que la trabajadora acudiera al sindicato. Tras tener que ir al hospital por riesgo de aborto por las condiciones en las que trabajaba, la pareja fue a ver al empresario. En alguna discusión le pegó una patada a una nevera y la rompió. En una de las reuniones se propuso descontar el precio de la nevera de las reclamaciones que se hacían y así quedaba eso cerrado. De ahí viene la condena por obstrucción a la justicia que, por cierto, obstruir a la justicia es destruir pruebas o cosas así, no lo que han hecho ellos", explica Álvaro del Río, secretario general del CNT de Gijón en conversación con EL ESPAÑOL.

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Esta declaración ha sido desmentida por el hijo de José, Pablo Álvarez, quien confirma que Héctor amenazó de muerte a su padre y golpeó el frigorífico por no entregar los papeles del seguro para dar de baja a Olga tras haber sufrido sangrados durante el embarazo. Se acusó en un primer momento a José de acoso laboral y sexual, sin embargo, la condena quedó archivada por falta de pruebas.

"No es cierto que sufriera sangrados por las condiciones laborales. Olga llamó a su pareja para comentarle los sangrados y éste entró como un energúmeno al local exigiendo los papeles del seguro. No entraba en razón a lo que mi padre le decía de que la mutua de la empresa no se hacía cargo de eso por ser un embarazo de riesgo", explica a este periódico José.

Tras este acontecimiento, tanto Héctor como Olga solicitaron una reunión con el empresario, pero al no aceptarla, acudieron al sindicato CNT, al que pertenece él, sin previa denuncia por acoso laboral y sexual. La solución fue salir a la calle a manifestarse, difundir vídeos de la situación que estaba viviendo "una compañera" y distribuir pasquines -escritos anónimos, de carácter satírico y contenido político-. "Buscábamos hacer presión al empresario para que se sentara a hablar con nosotros e hizo efecto, porque hubo varias reuniones para llegar a algún acuerdo", aclara el consejero de CNT.

Mientras que el sindicato veía este tipo de actuaciones de naturaleza sindical, la familia Álvarez recibía coacciones para que la trabajadora fuera despedida e indemnizada, además de la retirada como acusación particular en el juicio contra Héctor.

Pablo junto al letrado Gómez Bermúdez. Cedida

"Las coacciones fueron continuadas según recoge la sentencia y provocaron el cierre de los dos locales, Gijón y Oviedo. Teníamos a 50 personas delante del propio local que dificultaban la entrada de la clientela al negocio. Muchos dejaron de entrar tras ser acusado mi padre de agresor sexual. La Policía lo único que hizo fue obligarlos a situarse en la acera de enfrente para despejar la zona", comenta Pablo.

La Audiencia Provincial concluyó que los manifestantes no tenían motivo aparente para acudir a protestar a la pastelería por "inexistencia de conflicto laboral alguno". El sindicato estuvo mes y medio coaccionando a la familia sin haber interpuesto una demanda. El día previo a la conciliación por la querella de José a Olga por calumnias, esta decidió denunciarlo por acoso sexual.

"La sentencia deja bien claro que nunca hubo ningún derecho sindical. Es que no tenían que ir a nada porque nunca se reclamó nada. Esta gente fue allí a extorsionar, esa es la palabra, claramente. Como la mafia siciliana, o como el impuesto revolucionario, lo que querían era recibir un dinero ilegal", considera Pablo.

Coacciones y obstrucción

"Es un ataque al sindicalismo de calle. Por un lado se está interpretando que coaccionar es intentar llegar a un acuerdo. Si nosotros llamamos al boicot a una empresa que no cumple las condiciones laborales y cierra porque la gente es consciente de que no se están cumpliendo las cosas, nuestro problema no es", sostiene Álvaro, secretario general del sindicato.

En contraposición a lo expuesto por Álvaro, el juez ordenó el cumplimiento de la condena -que fue ratificada por el Tribunal Supremo en junio de 2024- para las seis personas que fueron condenadas por delitos de coacciones graves continuadas y obstrucción a la Justicia.

Las resoluciones judiciales destacaron que los condenados protagonizaron coacciones graves con las continuas manifestaciones realizadas en el local para exigir que Olga fuera despedida, recibiese la indemnización correspondiente y que José se retirara como acusación particular.

La condena por obstrucción se debe a las presiones ejercidas para que José modificara su postura en el proceso penal. 

Tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial de Asturias y luego el Tribunal Supremo concluyeron que las protestas ante la pastelería fueron "coercitivas" y provocaron la pérdida de clientela, por lo que el empresario se vio obligado al cierre del negocio. De ello se jactaron los condenados en carteles que colocaron por la ciudad.

"El sindicato no entiende las penas porque nunca han entendido nada. Ni lo asumen ni lo entienden", lamenta Pablo.

Posible indulto

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reunió el pasado viernes en Oviedo con las seis personas condenadas y se comprometió a apoyar la tramitación de su indulto por parte del Gobierno, una medida para la que el Ejecutivo asturiano ya ha expresado formalmente su conformidad.

Un compromiso que ha reafirmado en su perfil de BlueSky, en el que ha asegurado que está trabajando en el seno del Gobierno para que sean indultadas "cuanto antes".

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"El sindicalismo es un derecho, no un delito. Nadie debe estar en prisión por defender los derechos laborales", ha defendido, ignorando los hechos probados en la sentencias.

En los últimos meses también se han pronunciado en defensa de las 'Seis de la Suiza' varias formaciones políticas como PSOE, IU, Podemos, Sumar o EH Bildu.