Un juez investiga a empleados de Navantia por robar piezas de un astillero y volvérselas a vender por 250.000 euros

Escándalo en Navantia: la sociedad pública española dedicada a la construcción naval, civil y militar, de fragatas, patrulleros y submarinos de última generación, como el 'Isaac Peral' (S-81). EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que el Juzgado de Instrucción número 4 de Cartagena ha autorizado el registro de la Guardia Civil de los astilleros de Cartagena, en el marco de una investigación por la "sustracción continuada de piezas, maquinaria y materiales, propiedad de la empresa pública Navantia".

Tales materiales habrían sido robados de los astilleros, para volver a ser vendidos a Navantia. Así lo refleja un auto judicial al que ha tenido acceso este diario y donde se recalca que se ha producido el "hallazgo" de diversas piezas y maquinaria: "En poder de varias mercantiles de la zona de Cartagena, empresas que resultan ser proveedoras de servicios o materiales del Departamento de Compras del Negociado de Submarinos de Navantia SA en Cartagena".

La investigación la asume la Unidad Orgánica de Policía Judicial. En el mencionado auto se autoriza la entrada y registro de los astilleros de Navantia en la ciudad portuaria, así como la empresa Sealife y varios inmuebles, a la vista de las siguientes irregularidades que ha destapado la Guardia Civil:

“En el ámbito de la primera investigación en el tiempo, del atestado policial y las investigaciones llevadas a cabo por la fuerza actuante, así como de las diligencias de investigación judiciales, se desprenden indicios racionales de criminalidad contra los investigados L. T. R. y R. T. R., quienes presuntamente formarían parte de un grupo criminal, debidamente estructurado".

De hecho, el auto expone que "durante los últimos 10 o 15 años", el citado grupo criminal "habría facilitado, con participación activa u omisiva de otros empleados de la empresa pública Navantia SA, la entrega de diversas piezas y materiales adquiridos por la citada mercantil, tras su irregular consideración como [piezas] “obsoletas”, “rechazadas” o “dadas de baja””.

Todo ello, según prosigue el auto, “a fin de que, desde el Departamento de Ingeniería correspondiente al negociado de submarinos, sin comprobación de existencia de estocaje, se realizaran “ordenes de pedido” que eran gestionadas por el Departamento de Compras, donde sin control y conforme a criterios de absoluta arbitrariedad, recurriendo a falsas comunicaciones de petición de ofertas o fraccionando de manera irregular e indebida los contratos a celebrar, eran adjudicadas las compras a empresas externas favorables o previamente concertadas en el presunto engaño a la perjudicada".

"Y además, por precios desorbitados y fuera de mercado, lo que integra un indicio añadido del perjuicio extraordinario para el erario público”. “De esta forma, las piezas y materiales que debían volver a ser suministradas a Navantia S.A. salían de forma irregular de sus instalaciones, previa presunta falsificación de “pases de entrada”, de “visita” o “salida”, ocultas en los vehículos de empresas externas, sin ser sometidas a control por el departamento de Seguridad Industrial".

Alteraban números de serie

La dinámina proseguía con la modificación de los números de referencia de las piezas robadas, para volver a colocárselas a la sociedad pública española dedicada a la construcción naval, civil y militar:

"Y eran trasladadas a las instalaciones de empresas privadas, donde presuntamente eran manipuladas de forma burda, con alteración de números de serie, además de falsificar los certificados de calidad de ésta, simulando haber sido suministradas por terceras empresas, certificados de calidad que debían ser entregados al departamento de Calidad y Compras de Navantia SA, así como supervisados por éstos, sin que conste tal control”.

“Por parte de UOPJ de la Guardia Civil de Murcia, en oficio presentado en este Juzgado, se nos indica que destaca “Expediente de investigación 'X' de irregularidades Sealife222', en el cual se deja constancia que al menos desde el pasado 03 de agosto de 2022, empleados de Navántia sustraían piezas del almacén del astillero situado en Cartagena para posteriormente ser entregadas a la empresa denominada Sealife, en la cual se troquelaban los números de serie y eran vendidas nuevamente a NAVANTIA con un precio sobre elevado, siendo el total estafado en la venta de las piezas previamente sustraídas de unos 250.000 euros”.

EL ESPAÑOL se ha dirigido a la sociedad pública para recabar su versión de los hechos y esto es lo que sostienen: "El origen está en una investigación interna que realizó la propia Navantia y que detectó indicios de criminalidad que se denunciaron ante la Guardia Civil".
 
"Navantia está prestando toda la colaboración en la investigación de este presunto delito y está personada como acusación particular a través de la Abogacía del Estado". Raúl Pardo-Geijo es el letrado de uno de los investigados, pero de momento, el afamado penalista no ha querido pronunciarse acerca de la investigación judicial que ha causado un terremoto en los astilleros.