El hecho milagroso ocurrió hace justo 9 días. De los 17 representantes de los pueblos de la Cerdanya -al norte de Cataluña y entre las provincias de Lérida y Gerona- fueron 16, entre concejales y alcaldes, los que levantaron la mano votando a favor de una moción en el Consell de La Cerdanya, gobernado por Junts.
La moción estaba fuera del orden del día del pleno mensual de este órgano comarcal. Lo que votaron también estaba fuera de todo código o ideario político independentista: pidieron reforzar la presencia de la Guardia Civil en la comarca. Porque de los 17 municipios, 10 están gobernados por Junts y 2, por ERC.
Enclavados en un valle pirenaico, La Cerdanya hace frontera con Francia y con Andorra. Los pueblos que componen el Consell son Alp; Bellver de Cerdanya; Bolvir; Das; Fontanals de Cerdanya; Ger; Guils de Cerdanya; Isòvol; Lles de Cerdanya; Llívia; Meranges; Montellà i Martinet; Prats i Sansor; Prullans; Puigcerdà; Riu de Cerdanya y Urús. Once de ellos pertenecen a la provincia de Lleida y los otros seis, a Girona.
En la votación solo un representante se abstuvo, pero no se opuso: pertenecía al municipio de Isòvol y era un concejal de Esquerra Republicana. Al margen de los apoyos de Junts y ERC, el resto de representantes municipales que apoyaron la iniciativa son de 5 pueblos gobernados por partidos independientes.
El alcalde de Bolvìr, Isidre Chía (Junts), quien es también el presidente del Consell, estaba a favor. Tan a favor que fue él, precisamente, el artífice de elevar aquella moción para ser aprobada.
Así, y superado el ecuador de la presumible supresión de competencias de la Guardia Civil en áreas clave como fiscal, puertos, aeropuertos, seguridad marítima y SEPRONA pactadas entre el Gobierno y Junts, la historia de cómo fue posible esa insólita estampa de reconciliación la narra a EL ESPAÑOL, en primer lugar, Mila Cívico, secretaria nacional de Justicia Guardia Civil (JUCIL).
Como agente de la Benemérita, Cívico está destinada en Cataluña. "Me llegó que el presidente del Consell de la Cerdanya, Isidre Chía, se había entrevistado con los subdelegados del Gobierno en Lleida y Girona, solicitándoles que la Guardia Civil continuara con sus labores en intervención de armas y el SEPRONA. Y que también le había escrito una carta al respecto a la directora de la Guardia Civil hace unos meses".
Por ello, procedió a pedirle una reunión. "La aceptó. Para nosotros fue un triunfo", abunda. A ese encuentro, celebrado el 22 de mayo en la sede del Consell de la Cerdanya, acudió también Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL. "Al llegar, y aunque es algo anecdótico, nos sorprendió que ondeara en el edificio la bandera de España", explica Mila Cívico. "Porque en otros edificios no ondea", precisa.
El encuentro fue cordial. "Le solicitamos que presentara una moción en el pleno comarcal y que la hiciera extensiva a los ayuntamientos en sus diferentes plenos". El documento, al que ha tenido acceso este periódico, pide que se amplíe el catálogo de la Guardia Civil en la comarca, así como que se doten de más medios técnicos y materiales a los agentes.
"En el caso de Cataluña, la supresión del SEPRONA y de determinadas unidades de Intervención de Armas en algunas zonas supondrá una notable merma en la capacidad de respuesta ante emergencias ambientales", recoge la moción. Esta decisión "conlleva una reducción significativa en las labores de vigilancia y protección del medio natural, así como una pérdida de control sobre la tenencia y el uso de armas y explosivos".
Mila Cívico advierte que lo que solicitaba inicialmente el Consell, mediante la carta a la directora general de la Guardia Civil y a los subdelegados de Gobierno era no perder ni el servicio del SEPRONA ni la intervención de armas como especialidades de la Guardia Civil. "Nos dijo que iba a presentarlo al pleno del día 28, y que no creía que hubiera problemas en su aprobación". No los hubo en absoluto: 16 votos a favor y una abstención.
Para no coartar la libertad de los miembros del Consell a la hora de votar, Jucil no hizo pública aquella reunión. "Solo hablamos cuando se aprobó la moción".
Lo aprobado finalmente por los municipios fue, efectivamente, dotar de mayores medios y plantilla a la Guardia Civil "con el objetivo de garantizar la vigilancia y protección del medio natural y la lucha contra actividades delictivas como el narcotráfico, el tráfico ilegal y el blanqueo de capitales".
Los motivos
Por su parte, el presidente del Consell de la Cerdanya, Isidre Chia (Junts) que también es alcalde de Bolvir, ha aseverado en estos días que en la comarca "prevalece el sentido común, y esto es que tú tienes unas prestaciones policiales en la comarca que no las puedes perder". "Estamos a sueldo de nuestros vecinos y prevalecen las necesidades de la Cerdanya delante de las ideologías de nuestros partidos".
Porque "más allá del tema ideológico [en el pleno del Consell] se hizo una valoración de las necesidades que tenemos" y por ello "primó la seguridad". ¿Los motivos? Muchos. Es una comarca montañosa, y hay muchos cazadores, de ahí que el control de armas sea fundamental, así como la expedición de permisos.
"También hay minas, por lo que las competencias en materia de control de explosivos es también importante", precisa a EL ESPAÑOL Alfonso Merino, delegado de AUGC en Girona y Barcelona.

Un agente del SEPRONA en Lleida, haciendo labores de vigiliancia. GC
Merino subraya que con el SEPRONA, en sus competencias de velar por el Medio Ambiente, "la Guardia Civil patrulla con motos, porque la zona es montañosa, y es algo que no pueden hacer allí los Mossos. O en Fronteras, porque hay temas de impuestos, alcohol y tabaco". Precisa que le alegra mucho "que se haya aprobado esta moción porque significa que estos alcaldes miran por sus ciudadanos".
Es más, según Jucil, el Consell "consideró oportuno extender la petición a la comarca de Pirineus, formada por Alta Ribagorça, Alt Urgell, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Val d’Aran y Ripollès".
En la Cerdanya habrá destinados "una treintena de agentes" en puestos pequeños, precisa Alfonso Merino, quien indica que ha estado "32 años en este lugar". "Tengo muy buenos recuerdos del monte. Te abrían las casas de par en par. Esto de que nos vayamos de Cataluña ha surgido de los despachos y en los últimos 10 años".
Así, el delegado de la AUGC sostiene que lo ocurrido en el pleno de la Cerdanya es "el mundo al revés. Porque lo que ha pasado allí es que la gente no mira el color. La gente no quiere sentirse abandonada, y lo que ve es que allí hacemos un buen trabajo".
Las reivindicaciones
Que los apoyos vengan de municipios gobernados por partidos independentistas es una prueba "de que quien de verdad nos quiere echar es el Gobierno y el PSC: hace un par de días el consejero de Interior de la Generalitat, que es del PSC, ya dijo que quieren para los mossos el cien por cien de las competencias. Y en septiembre se supone que asumen Inmigración, Puertos y Aeropuertos. Llevamos dos meses esperando que nos dé una cita", añade Merino.
"Es que no queremos salir por la puerta de atrás: llevamos 181 años dando servicio a los ciudadanos", incide Mila Cívico, de Jucil. Por ello, valora mucho la postura del Consell de la Cerdanya y de sus 17 municipios. "Nos sorprendió muy gratamente, porque además luego han mantenido la misma versión: que es que les da igual el color del uniforme".
Tanto Jucil como la AUGC, así como otras asociaciones policiales, forman parte de la plataforma PN & GC SOS Cataluña. Constituida recientemente para mostrar su rechazo al acuerdo PSOE-Junts en cuanto a la cesión de competencias, está realizando ya movilizaciones. En esta plataforma también se encuentra integrado IGC (Independientes por la Guardia Civil).
Su portavoz nacional, Daniel Fernández, detalla a este periódico que son varios los puntos a destacar sobre la situación de la Guardia Civil en La Cerdanya. El primero de ellos es que en la comarca, "actualmente cumplimos principalmente con funciones de policía judicial, investigación, información, SEPRONA, intervención de armas, fiscales y fronteras...".
En esas áreas "hemos demostrado nuestra eficiencia no solo en Cataluña, sino en todo el territorio nacional. Específicamente en Cataluña, desde el traspaso de competencias en materia de seguridad ciudadana y tráfico, se ha observado un deterioro en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía, especialmente en las zonas rurales, donde el despliegue territorial de la Guardia Civil era mucho más próximo a los ciudadanos".

Los consejeros del Consell de la Cerdanya, enter alcaldes y concejales, el día en el tomaron posesión. Consell de la Cerdanya
El hecho de abandonar la zona "repercutiría no solo en la seguridad del ciudadano, sino también en la cohesión y coordinación establecidas con la ciudadanía y otras fuerzas y cuerpos de seguridad", explica el portavoz de AIG.
Porque desde hace años "hemos colaborado activamente y en conjunto con otras fuerzas y cuerpos de seguridad en numerosos casos, lo que ha dado como resultado un nivel de éxito en el esclarecimiento de hechos y delitos que, gracias a la experiencia y especialización del cuerpo, permite una resolución más profesional y rápida".
También cree Fernández que "con la plantilla actual de los Mossos d'Esquadra, las competencias en la Cerdanya serían insuficientes, ya que, incluso realizando un traspaso gradual de competencias, el personal, la capacitación y los medios serían insuficientes, lo que repercutiría en el ciudadano de a pie".
En La Cerdanya
Los dos últimos argumentos los da a EL ESPAÑOL un agente de la Guardia Civil que presta servicio en la Cerdanya. "Llevo muchísimos años aquí y me siento hasta un poco catalán. Como yo, hay muchos agentes plenamente integrados. Tenemos mujeres catalanas. Nuestros niños son de aquí. Y generamos riqueza: si nos vamos, son 40 familias que dejan de comprar y de consumir".
Continúa el guardia civil abundando: "Yo llegué muy joven, y salía con los chicos del pueblo, que ahora son amigos míos. Nos peleamos, claro, que si el Barcelona, que si el Madrid, pero con armonía. Cuando vienes aquí, como está tan lejos, para dos días que libras no te vas a tu casa: te vas al bar del pueblo y te integras. Y aquí la gente nos quiere".
Con respecto al apoyo que han dado a su presencia los alcaldes de La Cerdanya, sostiene que "nos ha gustado muchísimo. Nos da igual que sean de Junts o de ERC. Porque la política en ocasiones no tiene nada que ver con lo que necesitan los ciudadanos. Hay que sumar, no restar: la política no puede estar por encima de las necesidades de los ciudadanos, y aquí lo que importa es la gente".
Lo mismo opina Jose Cobreros, delegado de IGC en Lleida y Girona. "Quitaron al Grupo de Rescate de Montaña (GREIM) de la Guardia Civil en Puigcerdà. Y cuando a ti se te pierde un hijo en la montaña, te da exactamente igual quien te lo rescate. Lo que quieres es que te lo rescaten". explica.
"Ahora están con lo de los aeropuertos y fronteras. La cosa es que además de todo, hay agentes que estamos muy arraigados, y muchos guardias civiles están optando por integrarse en los Mossos para no irse". Por eso, este agente sostiene que "felicito a los alcaldes. Ya era hora de que alguien hable. Estamos hartos de tanta discrepancia".
EL ESPAÑOL ha contactado con los ayuntamientos de Alp; gobernado por Carlos Adserá Guillen, de Endavant Cerdanya, partido político vinculado a ERC en sus orígenes; con el consistorio de Llívia, gobernado por Albert Cruïlles, (Agrupación de Electores Hacemos Llívia); y con el Ayuntamiento de Riu de Cerdanya, cuyo alcalde, Abel Alfonsín, es de Junts.
No ha habido respuesta por parte de ninguno de los tres. Tampoco ha logrado EL ESPAÑOL contactar con el presidente del Consell de la Cerdanya, Isidre Chía. Todo ello pese a realizar las gestiones oportunas con el Consell, que facilitó el contacto. Se estableció y Chía se comprometió verbalmete a atender a EL ESPAÑOL. A partir de entonces ha procedido a colgar las llamadas entrantes y no ha respondido tampoco a los mensajes.
Fuentes de toda solvencia cuentan que la aprobación de esta moción de apoyo a la Guardia Civil, para potenciar su presencia "les está suponiendo recibir presiones" por parte del independentismo catalán. Alcaldes de Junts y ERC, acusados de ser "españolistas".