En el centro, el guardia civil 'Fleky'. A los lados, los dos opositores.

En el centro, el guardia civil 'Fleky'. A los lados, los dos opositores. Enrique Recio

Reportajes

Los dos opositores de la Guardia Civil que han ganado la batalla contra el dichoso test de Ortografía

La Benemérita no contestó en el plazo establecido a sus recursos de alzada contra la prueba y, según la ley, deberían "readmitirlos cautelarmente en el proceso selectivo". 

30 septiembre, 2019 02:47

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Fleky (Javier Correa) avisó de que todavía guardaba un as bajo la manga y no mentía. Este guardia civil jubilado aseguró que no descansaría hasta que le diesen la razón. Lo hacía por su hijo pequeño, E., y por otros cuatro compañeros; los cinco aspirantes habían suspendido el polémico examen de ortografía en las oposiciones del pasado 13 de julio. Ahora, dos meses después de comenzar la batalla administrativa contra el Cuerpo al que pertenece, ha conseguido que dos de ellos, N. C. y J. J. D., estén un paso más cerca de conseguir su plaza como cabo en la Guardia Civil.  

Los dos chavales, de 20 y 24 años, prefieren no revelar su nombre ni su rostro, no saben hasta dónde pueden llegar las consecuencias si finalmente logran entrar en el Cuerpo. En compañía de estos dos jóvenes, Fleky, el representante de ambos esta contienda, cita a EL ESPAÑOL a las afueras de Madrid para desgajar cuáles han sido los pasos a seguir en este caso y también los que quedan para el resto de aspirantes, pues más de 10.000 suspendieron el examen y alrededor de 400 presentaron recursos para anular la prueba de ortografía. 

La situación de N. y J. J. no fue distinta a la de los demás suspensos, al principio. Les había tocado el examen del sábado, mucho más difícil que el del domingo, en el que suspendieron seis de cada diez aspirantes, frente al 70% de aprobados que hubo en el segundo test. Y tras quedar fuera del proceso selectivo, siguiendo el consejo de Fleky, interpusieron un recurso de alzada, una suerte de demanda para anular la prueba en la que el punto básico era el quebrantamiento del principio de igualdad en el acceso a la función pública, en relación a los principios de mérito y capacidad establecidos en la Constitución

Y es que la Carta Magna era precisamente la baza con la que Javier Correa iba a jugar sus cartas. La Guardia Civil tenía tres meses para contestar a todos los recursos, que podían enviarse a la Jefatura de Enseñanza desde el día siguiente a la publicación de las notas, es decir, a mediados de julio, en el plazo de 30 días. Pero había una excepción: si en esos escritos uno de los argumentos era el incumplimiento de un artículo de la Constitución, la Benemérita debía contestar de manera expresa en el plazo de un mes. De lo contrario, ese recurso sería positivo, es decir, les daría la razón automáticamente

La jugada de 'Fleky'

Los dos aspirantes a la Guardia Civil, N. y J. J., junto a Javier Correa.

Los dos aspirantes a la Guardia Civil, N. y J. J., junto a Javier Correa. ER

(La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde la solicitud de la suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el Órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto)

¿Y qué ocurrió? La Benemérita no contestó a estos dos aspirantes ni en un mes, ni en dos. Ante esto, la Guardia Civil incumplía el artículo 117 de la Ley 39/2015 de Administraciones Públicas (que ha podido leer en el párrafo anterior) y la única salida que tenía era "readmitir cautelarmente a N. y J. J. en el proceso selectivo" hasta que se resolviese su recurso, según explican fuentes jurídicas. De este modo, los dos aspirantes se incorporarían a las oposiciones y podrían realizar la segunda fase (pruebas físicas, médicas y psicotécnicas) que, precisamente, se ha estado realizando en las últimas semanas. 

La cuestión es: ¿Estos dos opositores han sido readmitidos? La respuesta es no. A día de hoy, la Guardia Civil no ha manifestado objeción alguna, a pesar de haber incumplido la ley. "No han respondido, ni piensan hacerlo. Es un acto de prepotencia, no van a mover ni un dedo porque ya dan por hecho que cuando llevemos esta causa al tribunal contencioso-administrativo nos van a dar la razón; saben que tenemos las de ganar, pero no van a admitir su error" cuenta, con bastante enfado, Fleky.  

Así que aunque para N. y J. J. esto haya significado una victoria, no deja de serlo a medias. Sus rostros, con gesto desesperanzado, y sus palabras no son precisamente triunfales. "Vivimos una situación de impotencia constante. Aunque tengamos razón, ¿qué hacemos?, ¿esperar y seguir preparándonos en una academia para que dentro de dos años un tribunal nos de la razón y nos admitan?", se pregunta, con indignación, uno de los aspirantes. "Están actuando con mala fe", añade.  

Toparse con ese examen de ortografía supuso un golpe bastante duro para estos dos aspirantes, que llevaban más de un año preparándose para lograr plaza. Un sueño truncado —por solo un error ortográfico que, por lo pronto, queda lejos para ambos. Y por el que además siguen pagando. En concreto, 1.500 euros al año, más lo que cuesten los libros. Ese es el precio que ambos están y seguirán pagando en una academia especializada de oposiciones en Getafe (Madrid) hasta que se resuelva esta batalla administrativa y, más tarde, judicial, o bien, se presenten a la siguiente convocatoria. "Esto va a ser desesperante", cuenta el otro damnificado. 

Persecuciones 

El guardia civil Javier Correa muestra el recurso de alzada contra el test de ortografía.

El guardia civil Javier Correa muestra el recurso de alzada contra el test de ortografía. ER

Aunque este triunfo ha sido algo amargo para Javier Correa y los dos opositores, hay algo de lo que sí están orgullosos y es que han logrado que la Guardia Civil "se ponga nerviosa" y, tal vez, "no se vuelva a producir algo así en unas oposiciones". No lo dicen a la ligera, tienen pruebas de ello. 

El fundamento está en los últimos movimientos que está haciendo la Benemérita. Al darse cuenta de que algunos plazos para responder a los recursos de alzada, como los de N. y J. J., habían caducado, "lo que están haciendo es enviar escritos idénticos de forma generalizada a todos los opositores para evitar un acto del derecho de defensa". La cuestión ha llegado al punto de que incluso La Benemérita está cambiando las fechas de llegada de los recursos, y está alegando que se enviaron fuera del plazo exigido, es decir, un mes después de la publicación definitiva de las calificaciones de la primera fase. 

Algo completamente falso, según ha podido verificar este periódico. Pues en las copias de los recursos que este guardia civil jubilado envió a la Jefatura de Enseñanza puede advertirse la fecha de los mismos que, además de estar sellada, se encuentra dentro del plazo que exigía la normativa.  

Si bien, esa no es la única "jugarreta de la Guardia Civil", como califica Fleky, sino que han llegado a realizar incluso "persecuciones para que algunos opositores firmasen las respuestas a sus recursos de alzada", cuenta este agente retirado. En el caso de un demandante, se presentaron en su casa tres patrullas de la Guardia Civil a las 23.00 horas, prácticamente rodearon la vivienda, solo para que firmase (parece que no tenía otra opción).

Batalla legal 

A otro le llamaron para que recogiese el documento en el cuartel de Huelva (Andalucía), pero argumentó que estaba en su pueblo natal y no podía desplazarse allí. Al día siguiente, una patrulla estaba en la puerta de su casa. Algo parecido le ocurrió también a otro demandante, solo que en su caso se presentaron en casa de sus suegros. 

"Están haciendo el ridículo, y todo por no asumir un error, pero aún están a tiempo de corregirlo", comenta Javier Correa. Si no, este guardia retirado tiene claro que llegará hasta el final. Ahora más aún, "teniendo pruebas de que la Guardia Civil no ha cumplido con los plazos que exige la ley". El siguiente paso es conseguir el silencio administrativo, algo que ya ha solicitado Fleky, y tras ello, llevar la causa a los tribunales. 

Será entonces cuando empiece la batalla legal contra la Administración, para la que cuenta con argumentos tan sólidos como el incumplimiento de la Constitución, en relación al principio de Igualdad, pruebas sobre la posible filtración de los exámenes y sentencias pioneras como la de Carmen Sánchez. Esta abogada consiguió su plaza como funcionaria administrativa después de que la Justicia le diese la razón y acreditase que su examen de ortografía en la oposición era más difícil que el que habían hecho sus compañeros en el otro turno. "Hemos ganado esta batalla, pero también ganaremos la guerra", sentencia este guardia civil.