Tribuna Libre
El trabajo que no aparecía en ninguna factura
Por Benlly Hidalgo, CEO de Postgradum Salud University
Un médico cobra su consulta. Un fisioterapeuta, su sesión. Un nutricionista, su hora. El farmacéutico, en cambio, lleva décadas dando consejo clínico de calidad sin cobrar un euro por él. Y cuando lo hace especialmente bien, corre el riesgo de que alguien, desde algún despacho, lo llame intrusismo.
El País Vasco acaba de romper esa lógica. Su Departamento de Salud, junto con Osakidetza y los colegios de farmacéuticos, remunerará a las farmacias comunitarias por el seguimiento de pacientes con diabetes tipo 2 polimedicados: una dotación de 100.000 euros anuales y, este es el matiz que de verdad importa, un pago vinculado a los resultados en salud. No se paga por el número de gestiones, sino porque el paciente esté mejor.
Conviene detenerse en lo que esa decisión reconoce. Cuando un médico de atención primaria dispone de siete minutos por paciente y no llega a comprobar si un diabético con ocho fármacos los toma como debe, nadie habla de escándalo: hablamos, con razón, de un sistema saturado. Pero cuando la farmacia de barrio —que ve a ese mismo paciente una vez al mes, y a veces más— detecta que la adherencia falla y hace seguimiento, entonces aparece la palabra incómoda en algún comunicado. La pregunta que casi nadie formula en voz alta es sencilla: ¿el problema es que el farmacéutico invade un terreno clínico, o que llevábamos años dejándole trabajar gratis mientras el resto del sistema facturaba su tiempo?
Escribo esto desde un lugar concreto, y quiero ser honesto con él. No soy sanitario ni pretendo serlo. Dirijo una institución que forma a profesionales de la salud, y esa posición —la del aula, no la de la bata— me da una perspectiva que a veces se pierde en el debate: veo quién quiere formarse, en qué y por qué. Y lo que veo desde hace tiempo es inequívoco.
El farmacéutico que se matricula en un posgrado de atención farmacéutica, de seguimiento del paciente crónico o de detección de interacciones no lo hace para invadir a nadie. Lo hace porque ese paciente entra en su farmacia, le plantea las dudas que no pudo resolver en la consulta y él quiere estar a la altura. La demanda de formación es el mejor termómetro de hacia dónde se mueve una profesión, y este termómetro lleva años marcando lo mismo: la farmacia quiere, y puede, ocuparse de más.
Ahí es donde el debate del intrusismo se desarma solo. Invadir es hacer algo para lo que uno no está preparado. Y por eso lo contrario del intrusismo no es la prohibición: es la competencia. La competencia no se decreta, se construye formando. Si nos preocupa —y debe preocuparnos— que alguien asuma responsabilidades clínicas sin la preparación adecuada, la respuesta sensata no es levantar muros entre profesiones, sino exigir y garantizar formación rigurosa a quien va a asumir esa tarea. El País Vasco no ha decidido que cualquiera vigile a un paciente; ha decidido pagar por que alguien preparado lo haga y, además, medir si funciona.
Porque al final de esta discusión no hay un colegio profesional ni un titular de prensa: hay una persona con ocho cajas de pastillas sobre la mesa de la cocina que no siempre sabe cuál va con el desayuno y cuál con la cena. Esa persona no necesita que decidamos de quién es su cuidado. Necesita que alguien, con tiempo y con criterio, la mire, la escuche y la acompañe. Y esa es, para mí, la parte que la buena formación transforma de verdad: no solo lo que un profesional sabe, sino cómo mira, cómo escucha y cómo acompaña a quien tiene delante. El conocimiento se examina; la mirada se educa.
El caso vasco es modesto en dinero —100.000 euros no cambian por sí solos un sistema sanitario—, pero es enorme en lo que señala. Durante años hemos discutido de fronteras entre profesiones mientras dejábamos sin reconocer, y sin pagar, un trabajo que ya se estaba haciendo. Reconocer el valor de cada profesional formado hasta el techo de su capacidad, y remunerarlo por los resultados que consigue, no amenaza a nadie: es, seguramente, la única forma de sostener sin romperlo un sistema tensionado hasta el límite.
Me gusta pensar que dentro de unos años miraremos este debate como miramos otros que un día parecieron polémicos y hoy resultan obvios. Que la pregunta ya no será quién invade el terreno de quién, sino a quién hemos formado lo bastante bien como para confiarle el cuidado de una persona. El País Vasco ha empezado a responderla con dinero público. A quienes nos dedicamos a formar nos corresponde la otra mitad de la respuesta: asegurarnos de que, cuando el sistema por fin pague por cuidar bien, haya profesionales preparados para merecerlo.