La regulación de las redes sociales: quién maneja mi barca

Cantaba Remedios Amaya en Eurovisión allá por 1983: “Ay, ¿quién maneja mi barca? Que a la deriva me lleva”. La canción quedó última en el concurso hace ya más de cuarenta años, y sin embargo enuncia una pregunta que es perfectamente actual y que nos sirve para reflexionar sobre la influencia de las redes sociales en nuestra vida diaria.

Las normas que regulan estas plataformas no siempre resultan fácilmente aplicables: el derecho (que emana de la soberanía popular, al menos en los estados de derecho) es esencialmente territorial, mientras que en internet las fronteras se desvanecen, lo cual dificulta la regulación de las plataformas digitales y la persecución de los incumplimientos.

En este contexto, la Unión Europea ha optado por imponer la aplicación de su Reglamento sobre Servicios Digitales (conocido como “DSA”) siempre que éstos se dirijan a “destinatarios del servicio que tengan su lugar de establecimiento o estén situados en la Unión, con independencia de donde los prestadores de dichos servicios intermediarios tengan su lugar de establecimiento”. Esta norma, que se aplica a las grandes tecnológicas (redes sociales, plataformas de vídeo, servicios de intercambio de archivos, o marketplaces), persigue crear un espacio digital más seguro en el que se protejan los derechos fundamentales de los usuarios y fomentar una competencia equitativa.

Estos fines se concretan en la lucha contra la desinformación o la persecución de los delitos de odio en las redes sociales, y están provocando enormes fricciones con las grandes empresas tecnológicas, y por ende con el actual gobierno de Estados Unidos, quienes consideran que se trata de límites a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. El pasado diciembre, la Comisión Europea impuso a X (antes Twitter) una multa de 120 millones de euros por incumplir la DSA al usar marcas de verificación engañosas, ocultar información sobre anuncios e impedir el acceso a datos de los investigadores. Apenas un mes después, Estados Unidos anunciaba el “veto” (la prohibición de entrada al país norteamericano) a varios activistas vinculados a la persecución del odio digital y la desinformación al amparo de la DSA, así como a Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios Digitales y principal impulsor de la norma.

En medio de este incendio atlántico, recientemente el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado un paquete de medidas dirigidas a las grandes plataformas que resultan en algunos aspectos más restrictivas que la DSA. Estas medidas incluyen la prohibición de acceso a redes sociales para los menores de 16 años, que ya se ha adoptado en Australia y se estudia en Francia o Grecia. En España, esta medida ya estaba prevista en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, mediante la prohibición de prestar consentimiento para el tratamiento de datos personales hasta esta edad.

El objeto de este Proyecto de ley, que surge tras haberse encontrado evidencia de los efectos nocivos del uso de redes sociales para la infancia y adolescencia, es garantizar su protección en el entorno digital. Para ello se contempla la obligación para los fabricantes de hardware de incluir siempre en sus sistemas operativos la funcionalidad de control parental, la prohibición de acceso a los mecanismos aleatorios de recompensa o su activación por personas que sean menores de edad, y la mencionada prohibición de prestar consentimiento para tratar datos personales, y por tanto para abrir un perfil en redes sociales, para menores de 16 años.

No obstante, no se concreta qué mecanismos se usarán para verificar la edad de los usuarios. En este sentido, la utilización de un sistema de verificación biométrica como el uilizado en Australia no es compatible con la normativa de privacidad europea, que trata con especial cuidado los datos personales biométricos y de menores de edad. Como alternativa, la Comisión europea trabaja en un plan de verificación de edad respetuoso con la privacidad, que no obstante ha sido criticado porque parece enmarcarse en su objetivo de una identidad digital unívoca para todos los usuarios de la red, que impediría la navegación anónima.

La propuesta de aumentar la regulación para las redes sociales en España no ha sido bienvenida por estas plataformas. Mientras Elon Musk, propietario de X (antes Twitter) ha calificado a Pedro Sánchez de “fascista totalitario” y “traidor al pueblo de España”, el dueño de Telegram se ha explayado en un mensaje enviado a través de su plataforma a todos los usuarios españoles. En este mensaje, analiza cada una de las medidas propuestas así como los peligros que entiende que conllevan, y que concluye “son pasos hacia el control total”, al tiempo que alienta a mantenerse vigilantes, exigir transparencia y luchar por los derechos.

En definitiva, en la guerra abierta entre los gobiernos europeos y las grandes tecnológicas acerca de la protección de los menores de edad en relación al uso de redes sociales, cabe preguntarse quién maneja esa barca, y darles a los más pequeños todas las herramientas posibles para que sean ellos quienes lleven los remos.