Peajes en la autopista AP-9.
El enredo interminable de la AP-9 de Galicia: un rescate y una gratuidad sin aclarar
La reclamada transferencia a Galicia de la Autopista del Atlántico, que eliminaría los peajes, se encalla por la falta de medidas del Estado y de Bruselas después de que la Comisión Europea declarase ilegal la prórroga de su concesión
Más información: El Gobierno recurre el dictamen de Bruselas y evita tomar ya una decisión sobre la AP-9
¿Y ahora, qué? Cuando un asunto de interés general que implica a distintas administraciones públicas lleva mucho tiempo atascado o depara nuevos episodios sin resoluciones claras, surgen más incertidumbres en el camino que eternizan la situación. Ocurre con la demandada transferencia a la Xunta de Galicia de la AP-9, un cambio de gestión que podría derivar en su gratuidad.
El último capítulo vuelve a dejar el futuro de la Autopista del Atlántico, que vertebra la comunidad gallega de norte a sur, a la espera indefinida de nuevos pasos que conciernen al Gobierno del Estado y a la Comisión Europea (CE).
El caso puede desembocar ahora en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que Bruselas certificase hace dos meses la ilegalidad de la prórroga hasta 2048 de la concesión a Audasa autorizada por el Gobierno del PP en 2000, por lo que debería anularse.
Transcurrido el periodo que la CE dio al Ejecutivo de Pedro Sánchez para responder al dictamen que recoge las irregularidades, el Gobierno socialista evita por el momento tomar medidas frente a la prórroga de los populares, postura que ha censurado en Galicia el otro partido de la oposición, el BNG.
La AP-9 vista desde A Zapateira en A Coruña.
Al avanzar el PSOE que defenderá "el interés general" en este asunto, el Gobierno estatal vincula el desenlace respecto a la AP-9 a los órganos de justicia europeos.
¿Otra gestión? ¿Sin peajes?
¿Qué supone este nuevo escenario para los gallegos? Como era de esperar, aplaza sine die cualquier esperanza próxima de una autopista gratuita porque las resoluciones del TJUE, en caso de que el conflicto no se resuelva antes, tardan años en dictarse y ejecutarse.
![ap9](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2018\/12\/17\/invertia\/361478816_145373843_320x180.jpg"])
También deja en punto muerto la aplicación de un rescate de la concesión de la que el año pasado tomó el control el fondo de pensiones holandés APG (este mes el fondo suizo Swiss Life ha tenido luz verde para entrar con participación en el grupo Itínere); un rescate que las administraciones estatal y autonómica, así como el BNG, han cuantificado con distintos números, entre 900 y 6.000 millones de euros.
Una reclamación recurrente
Hasta el año pasado el Congreso de los Diputados había tramitado cuatro veces el traspaso a Galicia de la AP-9, un vial con una de las tarifas de peaje más caras de España. Desde 2016 el Parlamento gallego ha aprobado por unanimidad la transferencia, que luego la Cámara Baja ha bloqueado.
Trazado de la AP-9.
Razones técnicas, económicas o políticas han estancado el traspaso de la carretera a la comunidad autónoma, un argumento más que ha figurado en los programas electorales de los partidos con la promesa de implantar su gratuidad.
Desde el pasado 1 de enero, circular por la Autopista del Atlántico entre las ciudades de A Coruña y Vigo cuesta 20,45 euros el trayecto en una dirección, un 5,41% más que un año antes; son 26,85 euros entre los extremos del vial, Tui y Ferrol, 214,7 kilómetros. Cada año han subido las tarifas en distinto porcentaje.
La construcción de la AP-9 fue concedida en 1973, con la inauguración del tramo A Barcala (Cambre)-Santiago Norte seis años después. La concesión iba a finalizar en 2012 y fue prorrogada dos veces: en 1994 hasta 2023 por el Gobierno de Felipe González (PSOE) y en 2000 hasta 2048 por el Ejecutivo de José María Aznar (PP).
Esta ampliación es la que la Comisión Europea ha concluido que se tramitó de forma ilegal, sin licitación ni publicidad del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea, por tanto sin transparencia ni competencia como obliga la normativa comunitaria.
Vista aérea de un tramo de la AP-9.
Pero el Gobierno español no se ha manifestado con claridad sobre el paso que va a dar a continuación y Bruselas tampoco ha sido transparente, limitándose a advertir de que la CE puede devolver el caso al TJUE y proponer sanciones económicas. Sin medidas concretas aún, la gratuidad o el rescate de la AP-9 vuelve a encallarse en un punto impreciso del trayecto.
Los inciertos capítulos siguientes
Con el futuro de la autopista gallega condenado a la indefinición, los actores de esta historia miran hacia nuevos horizontes, tampoco esclarecedores.
![El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello da Xunta.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/05\/26\/actualidad\/1003743775007_255906846_320x180.jpg"])
La Xunta ya avisó la semana pasada de que acudirá a los tribunales si el Ministerio de Transportes no le facilita el expediente del procedimiento de infracción en el que Bruselas señaló la ilegalidad de la Autopista del Atlántico.
El Estado alude a "agotar las posibles opciones de respuesta" y al apelar al abstracto "interés común" abre la posibilidad de que la AP-9 se enquiste en los tribunales de justicia europeos, demostrando que no está nada claro su interés por que la carretera elimine sus peajes.
El coste del rescate que cifra Transportes, 6.000 millones de euros, es una razón de peso para retrasar cualquier decisión concluyente. La Xunta tiene una estimación de cerca de 2.400 millones, rebajada a algo más de 900 en el caso del BNG.
Y a todo esto, la dueña de la autopista mantiene su explotación y se agarra a las cláusulas de indemnización que pueden aplicarse si la concesión se modifica o se anula. Más enredo para un conflicto interminable.
