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Las playas gallegas contarán con una evaluación de riesgos que determinará los socorristas

El análisis evaluará la "peligrosidad", teniendo en cuenta incidencias o grado de urbanización, y "vulnerabilidad", por su afluencia media
Una playa de Marín (Pontevedra).
Bea Císcar – EP
Una playa de Marín (Pontevedra).

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo plan de Protección Civil de Salvamento en Praias de Galicia (Sapraga) establece que los arenales gallegos se someterán a una evaluación de riesgos, un semáforo que establecerá, por ejemplo, la obligatoriedad de contar con un servicio de socorrismo. Además, este documento de salvamento obligará también a contar con un plan de seguridad en las playas.

La temporada de baño ya ha arrancado con los primeros socorristas en los arenales, determinado por el plan que está todavía en vigor y que tiene más de 20 años de vigencia. Sin embargo, se está ultimando este nuevo plan, que este martes ha pasado por la Comisión Galega de Protección Civil y que, según ha explicado a Europa Press Vicepresidencia primera de la Xunta, ahora tendrá que ir a Consello para recibir luz verde definitiva.

Los ayuntamientos con playas, tanto fluviales como marítimas, podrán adherirse de forma voluntaria a este nuevo plan (lo que les permitirá acceder a ayudas para la seguridad de las playas). La principal novedad de este plan es, de hecho, la elaboración de un análisis de riesgos de los arenales para fijar las medidas y recursos mínimos de protección para reducir riesgos.

Análisis de peligrosidad y vulnerabilidad

Así, las mismas fuentes consultadas han explicado que se realiza un análisis basado en la "peligrosidad", que estará determinada en función de la estadística de incidencias, el grado de urbanización, las condiciones habituales del agua, las características físicas y del entorno de la playa o río y las actividades recreativas que se realizan; y en la "vulnerabilidad", determinada por la afluencia media según datos estadísticos.

Sobre la base de estos análisis de riesgo, se clasificará la playa y se establece la obligación de "contar o no" con servicio de prevención y seguridad de la playa a los efectos de adherirse al plan. De este modo, la principales novedades son el análisis de riesgo fruto del cual se determinarán qué playas deben contar con servicio de socorrismo por tener una afluencia alta durante la época estival (más de una persona por cada diez metros cuadrados o más de 2.000 usuarios en 20.000 metros cuadrados).

Y en segundo lugar, el establecimiento de un plan de seguridad de la playa, que es un documento "sencillo" en el que quedarán reflejados los principales riegos de la playa, ya que el análisis del plan se hace a escala de la comunidad. También quedarán definidos los procedimientos operativos del servicio de socorrismo.

Vigilancia de las playas

La competencia de la vigilancia en los lugares de baño corresponde a los ayuntamientos conforme a la normativa de régimen local, la Ley de Costas y la orden por la que se dictan las normas e instrucciones para la seguridad humana en lugares de baño. Vicepresidencia de la Xunta Primera explica que, cada año, los ayuntamientos se adhieren al plan de seguridad a medida que ponen en marcha los servicios públicos de salvamento en playas. La novedad es que para adherirse este año tienen que cumplir los requisitos que establece el nuevo plan atendiendo al análisis de riesgos, explica.

Esta adhesión permite el contacto directo del Centro de Atención ás Emerxencias 112 de socorrismo ante una llamada comunicando cualquier incidencia en la playa y permite "una mejor coordinación" en el caso de movilización de otros recursos como, por ejemplo, salvamento marítimo o recursos sanitarios, e incluso en un caso de una emergencia extraordinaria que exigiese de activación del plan. Según han apuntado las mismas fuentes, una vez aprobado, se pondrá en conocimiento de los municipios para que formalicen su adhesión.

Por otra parte, en la comisión se ha informado del nuevo decreto para actualizar las actividades en centros obligados a presentar planes de autoprotección y la modificación de su orden de registro, que incluye la creación de un registro electrónico con una base de datos que los servicios de emergencia podrán consultar con el fin de "mejorar la eficiencia en sus intervenciones".

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