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El PP critica la ordenanza del tráfico de Betanzos (A Coruña) y el gobierno niega que genere problemas
Los populares auguran "un caos" con la nueva ordenanza, mientras el ejecutivo local defiende que habrá un periodo de adaptación de tres meses y garantiza el acceso de los residentes
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El enfrentamiento político por la futura regulación del tráfico en el casco histórico de Betanzos suma un nuevo capítulo. El Partido Popular ha reclamado que la ordenanza sea rechazada en el próximo pleno al considerar que provocará "un caos" administrativo y perjudicará a vecinos y negocios, mientras que el gobierno local ha respondido acusando a la oposición de "desinformar" y de intentar generar una polémica "inexistente".
La portavoz del PP, Ceci Vázquez, aseguró este viernes que el expediente de resolución de las alegaciones demuestra que el texto inicial "nació mal". Según explicó, el Ayuntamiento propone desestimar 19 de las 41 alegaciones presentadas, aceptar nueve y estimar parcialmente otras 13.
Para los populares, el hecho de que la ordenanza haya tenido que ser modificada tras el periodo de exposición pública evidencia que no hubo suficiente diálogo previo. Además, sostienen que las correcciones introducidas responden únicamente a cuestiones particulares y no modifican el modelo de regulación.
Entre las críticas, el PP lamenta que el gobierno mantenga el límite de 30 minutos para acceder al casco histórico, rechace ampliar el plazo de 48 horas para justificar accesos no autorizados y conserve la prohibición para vehículos de más de 3.500 kilos, una medida que, según los populares, podría dificultar el suministro de algunos establecimientos.
La formación también considera que la normativa deja sin concretar cuestiones como la aplicación informática para gestionar las autorizaciones, las zonas de aparcamiento exprés o los horarios de acceso por las tardes, por lo que pronostica una implantación "complicada" y un incremento de la carga burocrática para el personal municipal.
Por ello, el PP ha pedido al resto de grupos políticos que voten en contra de una ordenanza que, según las previsiones del gobierno local, comenzará a aplicarse el 1 de octubre.
El gobierno defiende la ordenanza y niega que vaya a generar problemas
La respuesta del ejecutivo de María Barral no se hizo esperar. En un comunicado, el gobierno local lamentó la postura del PP y aseguró que sus declaraciones buscan "generar confusión, alimentar la crispación y crear una polémica inexistente".
El Ayuntamiento recordó que la regulación comenzará a funcionar de forma provisional en octubre con un periodo de adaptación de tres meses, durante el que no se impondrán sanciones y se atenderán las incidencias que puedan surgir.
Asimismo, el gobierno insiste en que ningún residente del casco histórico tendrá problemas para acceder a su vivienda, ya que la ordenanza contempla diferentes supuestos para responder a las necesidades de vecinos, personas dependientes, servicios asistenciales, repartos o empresas de servicios.
El ejecutivo también respondió a algunas de las críticas planteadas por el PP. En relación con las mudanzas, recordó que ya en la actualidad es necesario solicitar autorización municipal cuando implican ocupar la vía pública, por lo que ese permiso servirá también para autorizar el acceso al casco histórico.
El gobierno local sostiene que la finalidad de la ordenanza es ordenar la movilidad, mejorar la seguridad vial, proteger el patrimonio histórico y compatibilizar el uso residencial con la actividad económica y turística, al tiempo que asegura que durante los próximos meses continuará informando a la ciudadanía y resolviendo las dudas que puedan surgir antes de la implantación definitiva del sistema.
