El Congreso de los Diputados.
Otra extraordinaria y urgente necesidad
Esta legislatura empezó mal y no podía terminar bien. Lo ocurrido con los decretos de vivienda es sólo un ejemplo más.
No podía terminar bien una legislatura que comenzó mal. No me refiero ahora a aquel intercambio de una ley de amnistía por los votos necesarios para conseguir el Gobierno de la Nación; un disparate sobre el que han corrido ya ríos de tinta.
Me refiero, más bien, a algo que ocurrió el mismo día de la investidura y que ha condicionado el desarrollo tortuoso de esta legislatura. La ausencia de un programa de Gobierno apoyado por una mayoría.
En nuestro sistema constitucional, la investidura del Gobierno es programática. Lo dice el artículo 99.1 de la Constitución: el candidato expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del gobierno que pretenda formar.
En este debate entre el candidato y los Grupos Parlamentarios se establece una relación fiduciaria basada en la personalidad del candidato y en su programa. Se vota una persona, ciertamente; pero se la vota en atención al programa presentado.
Pues bien, este carácter programático de la investidura es lo que quedó diluido desde el primer momento en la investidura del presidente Sánchez. Sus socios advirtieron ya de entrada que ellos tenían su propio programa. Unos la amnistía de los miembros del procés, otros la excarcelación de los etarras condenados, aquellos una financiación singular para su Comunidad Autónoma, estos otros el socavamiento del orden constitucional…
Todos ellos estaban de acuerdo en hacer presidente al candidato, pero nada más. Daban su voto para formar Gobierno, insistió alguno de ellos como Junts, no para sacar adelante un programa compartido.
El candidato aceptó esta tan precaria y humillante situación que le convertía en prisionero de siete diputados. Y asumió el Gobierno y sus consecuencias.
arles Puigdemont recibe en Waterloo (Bélgica) al secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y a Gorka Elejabarrieta.
Ha sido esa ausencia real de una mayoría de programa lo que ha impedido cumplir con la ineludible obligación de todo Gobierno de presentar los Presupuestos del Estado. Toda una legislatura sin aprobar los Presupuestos: pasará por ello a la historia.
Los Presupuestos son la traducción en cifras del programa de Gobierno y aprobar el Presupuesto del Estado es la clave del parlamentarismo.
Por eso, sin Presupuestos no hay legislatura en las democracias parlamentarias.
Ha sido también la ausencia de una mayoría de programa la que asimismo ha obligado al Gobierno a externalizar su iniciativa legislativa en los Grupos Parlamentarios con la conocida degradación del proceso legislativo y del propio Parlamento.
Y ha sido esa falta de mayoría de programa la que ha llevado al presidente del Gobierno a asegurar temerariamente que estaba dispuesto a gobernar sin el concurso del Legislativo.
La falta de un compromiso de sus socios en el programa de Gobierno ha marcado también el caminar errático en la política legislativa. El precio insoportable de lograr los apoyos puntuales para cada proyecto de ley ha reducido la actividad legislativa del Gobierno al mínimo: desde el 17 de agosto de 2023 hasta la fecha no ha podido tramitar más que veintiuna ley ordinaria y doce leyes orgánicas.
En la vida de nuestra joven democracia es imposible encontrar un desempeño legislativo tan pobre en cantidad y en calidad.
Esta ausencia de un programa de la mayoría ha supuesto asimismo la perversión de un mecanismo excepcional y constitucionalmente tasado como son los decretos ley, que se han convertido en el instrumento preferido de la caja de herramientas del Gobierno.
En la presente legislatura han sido aprobados nada menos que cincuenta y nueve decretos ley, a los que hay que añadir los cuatro que el Parlamento ha rechazado. Es decir, sesenta y tres decretos, más del doble que el número de leyes aprobadas.
Lo excepcional y extraordinario se ha convertido en lo habitual y ordinario.
Y finalmente, el hecho de faltarle esa mayoría programática ha hecho posible terminar esta legislatura con otro deterioro del Parlamento con ocasión de los últimos dos decretos ley aprobados. Su tramitación parece más bien el juego del trile en el que un jugador mueve velozmente el cubilete y termina preguntando al espectador "¿dónde está la bolita?".
Redactó dos decretos ley a la pata la llana y al calor del legítimo escándalo que en la conciencia social había generado el desahucio de una persona mayor y necesitada. Los presentó al Congreso. Este los rechazó. Disolvió fulminantemente el Congreso. Y volvió a presentar a la Diputación Permanente los decretos ley, debidamente tuneados.
![El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11370775.jpg?p=w:1706\/h:960&h=_YlbBlew"])
¿Dónde está la extraordinaria y urgente necesidad? Buena pregunta para el Tribunal Constitucional.
Extraordinario es lo que no se ha podido prever, pero ocurre: una dana, un terrible accidente, un conflicto internacional que pone en riesgo el suministro energético… Son hechos imposibles o muy difíciles de prever y que justifican el recurso al decreto ley.
Pero, según el Consejo General del Poder Judicial, desde mediados de 2018 hasta hoy se han producido nada menos que 272.000 desahucios en España. Sólo el año pasado, han sido 24.540 los desahucios. ¿Es que no eran previsibles los últimos desahucios?
¿Qué ha hecho el Gobierno en estos ocho años al respecto?
Otra buena pregunta para el Tribunal Constitucional.
Y con el mismo gesto de indignación impostada con el que en la película Casablanca el capitán Louis Renault decía "qué horror, aquí se juega", recibía la coima y ordenaba el desalojo del bar, el presidente del Gobierno reconoce indignado que esto es intolerable, que "aquí se desahucia" desde hace más de ocho años, disuelve las Cámaras y aprueba nuevamente los dos decretos ley.
¿Qué puede hacer la Diputación Permanente con los nuevos decretos que, en sus elementos nucleares, son los mismos que la semana pasada había rechazado el Congreso y que vuelve a aprobar el Gobierno?
Decenas de personas protestan por Maricarmen, frente al Congreso. Europa Press
La Diputación Permanente es un órgano constitucional que garantiza la representación política de los ciudadanos cuando el Congreso no está en sesión o cuando se han disuelto las Cámaras. Sus competencias están tasadas en el artículo 78 de la Constitución. Entre ellas está la de aprobar los decretos ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
Junto a la presidenta del Congreso, está compuesto por sesenta y ocho diputados que no son elegidos por la Cámara, sino nombrados por los Grupos Parlamentarios.
Además de sus tasadas competencias tiene la misión de "velar por los poderes de la Cámara cuando estas no estén reunidas".
Velar por los poderes de la Cámara es un concepto indeterminado sobre el que no hay jurisprudencia y que obliga a hacerse la siguiente pregunta. ¿Es velar por los poderes de la Cámara derogar una decisión que expresamente acaba de tomar el pleno del Congreso con otra decisión que toman los sesenta y nueve comisionados?
Por desconsiderado que sea, y lo es con descaro, el procedimiento seguido en la elaboración y aprobación de estos decretos ley, dudo que el Tribunal Constitucional enmiende la plana al Gobierno, dado el tenor literal del artículo 78 de la Constitución y el escaso interés de este Tribunal en vigilar la limpieza de los procedimientos parlamentarios.
Decía que esta legislatura empezó mal y que no podía terminar bien. Lo ocurrido con estos decretos es un ejemplo. Es de temer que, lejos de resolver el problema angustioso de miles de personas, puedan agravarlo a medio plazo. Y en todo caso envenenarán todavía más el clima político en plenas elecciones.
El problema de la vivienda desgraciadamente va a seguir ahí mientras no lo acometan de consumo el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
Y por eso seguirá ahí pendiente otra extraordinaria y urgente necesidad. Es la necesidad de que el Gobierno que resulte del presente proceso electoral tenga la inteligencia, el valor y la humanidad de sentarse inmediatamente con la oposición que resulte para afrontar urgentemente entre todos este tremendo drama que están sufriendo centenares de miles de españoles.
*** Virgilio Zapatero es rector emérito de la Universidad de Alcalá.
