Un vecino apesadumbrado por el incendio de Cualedro, en Ourense. EFE
Los incendios empiezan cuando el monte deja de ser rentable
Gastamos casi dieciocho veces más en apagar el fuego que en evitar que se produzca. Es absurdo.
Cada verano, España vuelve a enfrentarse a las mismas imágenes. Miles de hectáreas reducidas a cenizas, pueblos amenazados, medios aéreos sobrevolando el humo y administraciones prometiendo más recursos para apagar incendios.
Y, una vez más, el debate gira en torno al cambio climático y a que todo pasa por alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática y los incendios.
Sin embargo, casi nadie se hace la pregunta verdaderamente importante. ¿Por qué nuestros montes llegan al verano convertidos en un auténtico polvorín?
La respuesta no está únicamente en el clima. Está, sobre todo, en la economía. El monte español ha dejado de ser rentable.
Durante siglos, el monte se cuidaba porque producía.
La recogida de piñas generaba ingresos.
Zonas calcinadas por el incendio de Pontón. Europa Press
El corcho era una actividad económicamente viable.
El carboneo y la fabricación de picón daban trabajo a muchas familias.
La ganadería extensiva mantenía limpio el monte mientras producía carne, leche y fijaba población en el medio rural.
Cada uno de esos aprovechamientos eliminaba biomasa, reducía el riesgo de incendios y justificaba que el propietario invirtiera en conservar su finca.
Hoy, prácticamente todo eso ha desaparecido.
Las piñas apenas compensan el coste de recogerlas. El corcho lleva años atravesando una profunda crisis de rentabilidad. Oficios tradicionales como el carboneo han quedado para la memoria. La ganadería extensiva sobrevive con enormes dificultades, sin relevo generacional, con multitud de problemas sanitarios y con márgenes cada vez más estrechos.
A la desaparición de esos ingresos se suma una realidad que conocen bien quienes viven del monte. Una burocracia creciente que convierte cualquier actuación forestal en un laberinto de autorizaciones, informes y limitaciones. Podar, desbrozar, abrir un camino forestal o realizar determinados tratamientos selvícolas exige procedimientos administrativos que, en demasiadas ocasiones, desaniman incluso a quien quiere invertir en su finca.
El resultado es sencillo de entender. El propietario forestal soporta cada vez más obligaciones y menos ingresos. Y cuando una actividad únicamente genera pérdidas, deja de realizarse. No porque falte compromiso. Porque faltan incentivos.
Las cifras publicadas en estos días por un prestigioso medio digital ilustran perfectamente esa contradicción. Las comunidades autónomas destinan este año apenas 148 millones de euros en ayudas para la limpieza y prevención de incendios en montes privados.
Mientras tanto, el coste estimado de apagar los incendios ya supera los 2.600 millones de euros.
Gastamos casi dieciocho veces más en apagar el fuego que en evitar que se produzca.
Más llamativo todavía resulta recordar que el 72% de la superficie forestal española pertenece a propietarios privados. Es decir, la inmensa mayoría de nuestros montes dependen de miles de personas y familias a las que los políticos exigen mantener limpio, reducir el riesgo de incendios y conservar un patrimonio natural del que todos disfrutamos, pero cuya gestión apenas encuentra respaldo económico.
España habla constantemente de sostenibilidad, biodiversidad, descarbonización y transición ecológica. Europa impulsa estrategias para capturar carbono, proteger los ecosistemas y restaurar la naturaleza. Todos reconocemos que los montes son esenciales para combatir el cambio climático, regular el ciclo del agua, proteger el suelo, conservar la biodiversidad y mejorar la calidad del aire.
Sin embargo, quienes hacen posible que esos servicios ambientales existan apenas reciben compensación por ello.
![Una persona apagando fuegos en viviendas y naves en Piedralaves, durante el incendio de Burgohondo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11327651.jpg?p=c:1729:969:nowe:96:155\/w:1706\/h:960&h=GipXlF66"])
Se exige al propietario forestal que conserve un patrimonio que beneficia a toda la sociedad, mientras desaparecen las actividades que históricamente financiaban esa conservación. Las ayudas públicas son insuficientes y con mil requisitos que se convierten en una soga en el cuello para los titulares de montes privados. Es un modelo condenado al fracaso.
En economía existe un principio muy sencillo: cuando una actividad genera beneficios públicos, pero pérdidas privadas, esa actividad acaba desapareciendo. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con la gestión forestal.
El monte produce beneficios para todos, pero los costes recaen casi exclusivamente sobre quien lo posee. Y ninguna política pública puede sostenerse sobre semejante contradicción.
No se trata de convertir al propietario en un "subvencionado" permanente. De hecho, ningún titular privado quiere eso.
Es más, todos preferirían no depender nunca de una ayuda pública.
Pero para ello, lo que necesita el monte es volver a ser rentable.
Recuperar superficies agrarias tradicionales y los aprovechamientos forestales donde sigan siendo viables.
Impulsar la bioeconomía y los nuevos usos de la biomasa.
Dar un apoyo decidido a la ganadería extensiva, que sigue siendo una de las herramientas más eficaces para prevenir incendios.
Simplificar la burocracia que penaliza la gestión activa.
Diseñar una fiscalidad forestal que incentive la inversión a largo plazo.
Y, sobre todo, empezar a remunerar de forma seria los servicios ecosistémicos que presta un monte bien gestionado.
Porque un propietario que mantiene limpio su monte no sólo está cuidando su finca. Está reduciendo emisiones futuras, almacenando carbono, conservando biodiversidad, protegiendo recursos hídricos y evitando incendios cuyos costes terminará pagando toda la sociedad.
La paradoja es evidente.
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Estamos dispuestos a gastar miles de millones cuando el monte arde, pero seguimos considerando un gasto, y no una inversión, ayudar a que ese monte no llegue nunca a arder.
Quizá haya llegado el momento de cambiar el enfoque.
Los incendios no empiezan cuando alguien prende una cerilla. Empiezan muchos años antes, cuando el monte deja de tener valor económico para quien debe cuidarlo. Porque un monte abandonado no es el fracaso de un propietario. Es el fracaso de un modelo que ha olvidado que la mejor política ambiental no consiste únicamente en proteger la naturaleza, sino en hacer posible que alguien pueda vivir de conservarla.
La mejor política contra los incendios no despega de un aeropuerto: entra cada mañana por la cancela de un monte que merece la pena seguir cuidando.
Llevo años viendo cómo desaparecen los aprovechamientos que mantenían vivo el monte. Temo que falten propietarios dispuestos a cuidarlo; pero más temo que llegue el día en que ya no quede ninguna razón económica para hacerlo.
*** Luis Ramírez es ingeniero agrónomo y secretario general de ASAJA Cádiz.
