Pedro Sánchez, en Barcelona.
A menos Estado ¿menos corrupción?
La concentración de poder político y económico es tan inquietante como la voladura de la separación de los poderes del Estado.
Con la sucesión de escándalos que acorralan al gobierno han regresado a la palestra de nuestro maltrecho debate público algunas de las tesis habituales sobre cómo atajar la corrupción.
La que exponía recientemente Juan Ramón Rallo en el ABC, en la estela de cierta corriente liberal muy en boga entre tertulianos y youtubers, consiste en refutar la apuesta por más y mejores controles o regulaciones, abogando decididamente por la reducción del Estado como presupuesto que, de forma natural, nos conduciría al edén de un mundo con escasas posibilidades para la corrupción.
Esta intuición simple nos recuerda a otras repetidas hasta la saciedad en tertulias y coloquios, con rúbricas similares a la del economista.
Especialmente célebre es aquella que apunta a que la economía de un Estado debe guiarse por los mismos principios aplicables a una economía familiar, como por ejemplo no gastar más de lo que se ingresa. Si eso sirve para las cuentas de la abuela, ¿cómo no iba a hacerlo para el presupuesto público?
Ocurre que las intuiciones no siempre son acertadas y que la realidad suele ser más compleja que los latiguillos guiados por cierto "sentido común".
De la misma forma que la economía de un Estado nada tiene que ver con la economía de una familia y que, por tanto, la comparación entre sus gastos e ingresos es disparatada o capciosa, sostener que la reducción del peso y la dimensión del mismo llevaría inexorablemente aparejada la minoración de la corrupción es otra intuición seguramente interesada y, casi siempre, tramposa.
María Jesús Montero y su sucesor al frente del Ministerio de Hacienda, Arcadi España.
Si todo fuera tan fácil, algunos de los países menos corruptos del mundo, como Dinamarca, Finlandia o incluso la liberal Nueva Zelanda, no encajarían con el retrato robot "minarquista", puesto que todos ellos están diametralmente alejados del ideal del "Estado mínimo", una suerte de quimera sin correlato real en el mundo, según la cual sólo la seguridad, la defensa y la justicia deberían ser públicas.
Es más, algunos de los países con menor corrupción, según todos los índices solventes que miden este tipo de parámetros, son más bien Estados pesados y grandes, con una presión fiscal sobre el PIB media-alta o alta, en comparación incluso a otros Estados desarrollados de la OCDE, con servicios públicos universales que, por supuesto, apelan a derechos sociales incompatibles con el recetario dizque liberal que maneja Rallo.
Por el contrario, la realidad, siempre más compleja y tozuda de lo que pretenden quienes tratan de encajarla en sus dogmáticas miras ideológicas, presenta algunos de los países más corruptos del mundo, entre otros Somalia, Sudán del Sur o República Democrática del Congo, como Estados muy ligeros y livianos, por no decir fallidos, con una presión fiscal sobre el PIB muy baja y con una inexistente provisión de servicios públicos.
No aspiro a realizar aquí una vuelta de tuerca al binomio correlación-causalidad como la que plantea Rallo, pero sí advertir contra una intuición aparentemente sensata, pero abiertamente falaz: hay Estados muy grandes que son especialmente poco corruptos y otros muy pequeños que se encuentran en la cúspide de los rankings de corrupción mundial.
Si la solución para conjurar la corrupción fuera tan sencilla como achicar el peso del Estado, la realidad arrojaría datos muy diferentes.
Obviamente, la fórmula más o menos Estado, por sí sola, explica muy pocas cosas y constituye una simpleza de uso tan habitual como inútil para entender un fenómeno que tiene más que ver con una compleja conjunción de factores.
Despreciar la calidad de los contrapesos, regulaciones e instituciones que, por ejemplo, eviten que los ex presidentes del gobierno se conviertan en lobbistas y conseguidores al servicio de intereses privados, en una inquietante confusión entre los intereses del Estado y el negocio familiar, no casa bien con la mejor tradición liberal que apuesta, de forma muy sensata, por la limitación del poder.
Uno de los problemas de ciertas escuelas de economía, de cuyas fuentes beben predicadores varios, es que, mientras invocan el liberalismo como un concepto unívoco, han erosionado el mejor espíritu del liberalismo político que ha terminado decayendo en favor del integrismo de la "escolástica neoliberal", por formularlo en palabras de Martín Alonso Zarza.
El fundamentalismo de mercado que se esconde tras algunas veleidades minarquistas, por no hablar del anarcocapitalismo "a lo Milei" que trata de impugnar la mera existencia del Estado, abogando por su eliminación (aun de la forma más contradictoria del mundo, como es gobernar un Estado nación como la Argentina), ha debilitado los cimientos de aquella honrosa tradición política que temía y desconfiaba de la arbitrariedad de cualquier grupo de poder, máxime cuando aspiraba a una concentración excesiva del mismo en pocas manos.
Si somos rigurosos al analizar la corrupción, deberíamos inferir que nos encontramos ante una mixtura de intereses que persiguen capturar recursos públicos y privados, al tiempo que obtienen ingentes beneficios económicos a través de actividades mercantiles, desde luego no ajenas a la economía capitalista, indiciariamente delictivas.
Leonardo Marcos y Marlaska en un acto en 2024. Europa Press
No debemos reducir todo análisis a una simplista rivalidad entre los partidarios de más Estado o los que preferirían más mercado, sino constatar empíricamente que tenemos tanto un mercado como un Estado cautivos de grupos de interés que han socavado el bien común y que desprecian cualquier contrapeso institucional o legal que someta a fiscalización efectiva su desempeño discrecional, con frecuencia carente de escrúpulos y rebosante de codicia.
La concentración de poder político y económico es tan inquietante como la voladura de la separación de los poderes del Estado. La aspiración a una justicia verdaderamente independiente debería ser perfectamente compatible con el repudio ético y político a que todos estos negocios y tejemanejes terminen desembocando en empresas instrumentales radicadas en paraísos fiscales.
¿O es que acaso resultaría creíble para la aspiración liberal de controlar los excesos de acumulación del poder político que se considere admisible que el poder económico fomente una ingeniería fiscal y tributaria que horade los cimientos más elementales de la democracia y del Estado de derecho?
Paradójicamente, detrás de algunas intuiciones supuestamente sencillas y populistas se esconden paradojas y contradicciones de primer orden: la más obvia de todas es que la impugnación del Estado, en el fondo, es la apuesta por una aterradora voladura del Estado de derecho y de los controles y fiscalizaciones públicas que permiten que sigamos viviendo en un estado de civilización, y no en un estado de naturaleza fértil para que las mafias campen por sus respetos.
![Los eurodiputados Raquel García Hermida-Wan der Walle y Javier Zarzalejos, durante la rueda de prensa de la misión LIBE sobre independencia judicial y corrupción.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/17\/espana\/politica\/1003744134772_261486258_1706x960.jpg"])
Si siguen existiendo algunos diques de contención frente a la arbitrariedad mafiosa de unos pocos, no los fortaleceremos ni protegeremos si patrocinamos la dilución de las instituciones del Estado que siguen en pie, ni tampoco de las reglas que garantizan la existencia del propio mercado y que otorgan cierta seguridad jurídica y estabilidad a las sociedades. Sólo será posible si acometemos una profunda revisión de todas las disfuncionalidades y vacíos regulatorios de los que se benefician los corruptos y corruptores de cualquier pelaje y condición.
Una de las mejores lecciones kantianas fue la defensa de un marco institucional que estuviera pensado "incluso para un pueblo de demonios", esto es, que no dependiera de ningún acto de fe sobre la mejor o peor naturaleza del ser humano. Había que preparar las instituciones incluso para el peor de los escenarios imaginables.
Desde luego, me convence mucho más la vigencia de la máxima kantiana que los atajos fundamentalistas de quienes aprovechan las grietas de un Estado deficiente para vindicar una patente de corso para ese estado de naturaleza en el que los demonios, especialmente aquellos a los que nunca señalan ni reprueban, impongan su arbitrariedad como única ley vigente.
*** Guillermo del Valle es abogado y director de 'El Jacobino'.
