No es absentismo, es enfermedad: desmontando un relato interesado

En ese pequeño giro lingüístico cabe toda una estrategia: desplazar la mirada desde la enfermedad hacia la sospecha.

Y así, casi sin darnos cuenta, se desliza la idea de que detrás de cada baja hay una voluntad, una conveniencia, incluso una connivencia con el sistema sanitario. Como si millones de personas trabajadoras y miles de profesionales médicos hubieran decidido, de forma coordinada, tensar el sistema para vivir mejor cobrando menos.

La ironía es evidente: para sostener ese relato hay que ignorar tanto la realidad jurídica como la sanitaria.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez. José Verdugo

Porque conviene recordar algo elemental.

En nuestro sistema, quien determina la existencia de una enfermedad y la necesidad de una incapacidad temporal es un médico del servicio público de salud. Es decir, un profesional dependiente de las comunidades autónomas.

Sin embargo, el abono de la prestación —esa que algunos presentan como un incentivo— recae en gran medida en la administración central, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Dicho de otro modo: unas administraciones diagnostican y otras pagan. Y entre medias, la persona trabajadora enferma.

Este reparto competencial introduce una variable que rara vez aparece en el debate.

La inversión en Sanidad, la reducción de listas de espera, la rapidez en el diagnóstico y la calidad asistencial dependen fundamentalmente de las comunidades autónomas. Cuando ese sistema no funciona con la agilidad necesaria, los procesos se alargan, las patologías se agravan y las bajas se prolongan.

El resultado es doble: deterioro de la salud de las personas trabajadoras y aumento del gasto en prestaciones, que asume la Seguridad Social. Resulta difícil encontrar un ejemplo más claro de cómo la falta de inversión en salud pública termina trasladando costes —humanos y económicos— a otros ámbitos.

Pero el relato dominante prefiere mirar hacia otro lado. Se habla del "coste" de la incapacidad temporal como si estuviéramos ante una anomalía contable y no ante un problema de salud pública.

"Hoy se pretende normalizar un discurso que convierte la enfermedad en sospecha y el derecho a la salud en una variable económica"

¿De verdad ese es el enfoque que hubiéramos aceptado en plena pandemia? ¿Habríamos discutido entonces cuánto costaba que la gente enfermara o cuánto costaba curarla? La respuesta es obvia.

Sin embargo, hoy se pretende normalizar un discurso que convierte la enfermedad en sospecha y el derecho a la salud en una variable económica.

La propia configuración de la prestación desmonta, por sí sola, la idea de que exista un incentivo a la baja.

Durante los tres primeros días no se percibe nada.

Del cuarto al decimoquinto día se cobra el 60% de la base reguladora con cargo a la empresa.

Del decimosexto al vigésimo, ese mismo porcentaje lo asume la Seguridad Social.

Y a partir del día 21, el 75%.

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Es decir, la persona trabajadora pierde una parte sustancial de su salario durante buena parte del proceso. En muchos casos, además, los convenios colectivos no cubren esa diferencia hasta el 100%.

No estamos, por tanto, ante un privilegio, sino ante una situación de vulnerabilidad económica añadida a la enfermedad.

Mientras tanto, los datos muestran un incremento de los procesos de incapacidad temporal, con mayor duración y con un peso creciente de patologías como los problemas de salud mental.

Este fenómeno no es exclusivo de España; se está produciendo en todas las economías avanzadas. Ansiedad, depresión, estrés crónico… no son invenciones estadísticas, sino el reflejo de un modelo productivo que tensiona cada vez más a las personas.

Y aquí aparece otra de las grandes incoherencias del debate.

Las mismas organizaciones empresariales que alertan con preocupación sobre el aumento de las bajas se han negado reiteradamente a avanzar en el fortalecimiento de la prevención de riesgos laborales.

"No estamos ante un problema de fraude masivo ni de conductas oportunistas, sino ante un problema de salud laboral y de funcionamiento del sistema sanitario"

No quieren hablar de cómo evitar el deterioro de la salud en el trabajo, pero sí de las consecuencias de ese deterioro. Es como si alguien rechazara invertir en mantenimiento y, al mismo tiempo, se escandalizará por el coste de las averías.

Sin embargo, nuestro propio marco normativo reconoce algo que ahora parece olvidarse.

El reciente real decreto sobre coeficientes reductores de la edad de jubilación parte de una evidencia compartida: hay actividades con mayores niveles de penosidad, peligrosidad o toxicidad que generan más enfermedad y más procesos de incapacidad temporal.

Ese reconocimiento no fue unilateral: fue fruto del acuerdo entre sindicatos, empresas y Gobierno. Y la norma añade algo decisivo: antes de adelantar la edad de jubilación, debe analizarse si es posible mejorar las condiciones de trabajo.

Es decir, el propio ordenamiento jurídico señala el camino: actuar sobre las causas, no sobre las consecuencias. Identificar los sectores con mayor incidencia, intervenir sobre la organización del trabajo, reforzar la prevención y adaptar el sistema sanitario a las nuevas patologías.

Todo lo demás es ruido.

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Porque, en el fondo, la pregunta no es cuánto cuesta la incapacidad temporal. La pregunta es cuánto cuesta no invertir en salud, no prevenir riesgos, no diagnosticar a tiempo.

Y la respuesta es sencilla: cuesta más enfermedad, más desigualdad y, paradójicamente, más gasto.

Conviene, por tanto, recuperar el sentido común y también el rigor.

No estamos ante un problema de fraude masivo ni de conductas oportunistas. Estamos ante un problema de salud laboral y de funcionamiento del sistema sanitario. Y mientras no se asuma esa realidad, seguiremos discutiendo sobre palabras en lugar de abordar los hechos.

La salud no es un gasto improductivo. Es la condición imprescindible para que exista trabajo digno, productividad sostenible y una economía que no se construya a costa de las personas.

Todo lo demás, por mucho que se repita, es sólo relato.

*** Pepe Álvarez es secretario general de UGT.