El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al líder de ERC, Oriol Junqueras, el pasado jueves en la Moncloa. Efe
¿Es la financiación autonómica de izquierdas o de derechas?
Resultaría muy sorprendente que, tras vencer la batalla ideológica de la financiación autonómica y lograr que la derecha aceptara la solidaridad territorial, quien pusiera ahora en duda el modelo fuera la propia izquierda.
La izquierda política venció el debate hace décadas y consiguió que la derecha aceptara la equidad, la justicia social y la solidaridad como valores esenciales de la España autonómica.
Hay cuestiones que definen un modelo de país. Y decisiones que muestran indudablemente una visión ideológica. La financiación autonómica es una de ellas.
Desde la izquierda conseguimos, en la propia Constitución Española y en las leyes de financiación autonómica, que los partidos del ámbito de la derecha asumieran nuestros principios de solidaridad y de justicia social y fiscal en el modelo de financiación autonómica de este país.
Se alcanzó un amplio consenso político, basando el modelo sobre dos pilares: cómo se aporta al sistema y cómo el sistema financia los servicios públicos.
Se entendió que quien aporta al sistema no deben ser los territorios, sino las personas.
Cada ciudadano o empresa debe aportar pagando sus impuestos según su capacidad económica. Quien más gana y/o más tiene, más debe aportar.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presenta la propuesta del nuevo modelo de financiación autonómica. Europa Press
Y, por otro lado, se determinó que cada territorio debe recibir financiación según las necesidades (y costes) que le suponga asumir los servicios públicos que hay previstos para que exista un mínimo común de igualdad en todo el país.
La derecha renunció a tratar de imponer su ideología y aceptó estos principios de igualdad, solidaridad y justicia fiscal en un tema esencial de Estado, como es la financiación autonómica.
Esto no tenía por qué haber sucedido necesariamente así. El modelo podría haber sido otro.
Por ejemplo, que cada territorio recaudara todos los impuestos generados en su territorio y utilizara esos fondos para financiar sus propios servicios. Simplemente, pagaría al Estado central los costes de los servicios que este preste en su territorio. Pero nada tendría que ver con financiar servicios de otros territorios con menos capacidad de generar ingresos propios.
Podría haber sido este el modelo. Y lo fue. Pero sólo para País Vasco y Navarra.
En resumen, se adoptó un modelo autonómico de inspiración "socialista" con la excepción "liberal-conservadora" de País Vasco y Navarra, por razones históricas asumidas en la Constitución.
En el proceso de decisión del modelo autonómico y de su financiación, los partidos de derechas reconocieron (en contra de la raíz de sus planteamientos ideológicos) que quien más tiene debe aportar más. Y que todas las personas deben tener iguales oportunidades y acceso a servicios públicos, vivan donde vivan y sea cual sea su renta o su riqueza.
Políticamente, resultaría muy sorprendente que, tras vencer esta enorme batalla ideológica con gran esfuerzo y acierto de muchos/as socialistas (como, por ejemplo, Paco Marugán), quien pusiera ahora en duda el modelo y quien pudiera reabrir este debate no fuera la derecha, sino la propia izquierda.
"No tendría ningún sentido que fuera directamente la izquierda quien planteara renunciar a sus valores ideológicos para aplicar los de la derecha liberal-conservadora en un cambio de modelo de financiación autonómica"
Los partidos de la derecha, afortunadamente, no están tratando de reabrir un debate político para plantear un nuevo modelo más acorde a su ideología.
No tendría ningún sentido que fuera directamente la izquierda quien planteara renunciar a sus valores ideológicos para aplicar los de la derecha liberal-conservadora en un cambio de modelo de financiación autonómica.
Esto es lo que supondría la introducción en la financiación autonómica de la ordinalidad en su acepción más regresiva.
Este concepto de ordinalidad entiende, para empezar, que son los territorios (y no las personas) quienes aportan al sistema. No admiten que quien aporta es cada persona física o jurídica según su capacidad económica, sino que interpretan que es un determinado territorio el que aporta la suma de los impuestos de todos sus individuos.
Pero es que además, esta acepción regresiva de la ordinalidad establece que cada territorio debe recibir su financiación en función de lo que aporta (entendiendo que aportan los territorios) y, además, en estricto orden de lo que aporta (y no de lo que realmente necesite para tener servicios públicos e infraestructuras en condiciones de igualdad con el resto de las regiones).
Es como si el ciudadano que más aportara (por tener más renta y riqueza) tuviera que recibir más becas y ayudas sociales.
Y, claro, quien menos aportara (por tener rentas más bajas) tuviera que recibir menos.
Estamos ante la misma definición de la regresividad y ante el camino más directo para aumentar, aún más, la desigualdad y el desequilibrio de oportunidades.
Hace poco más de un año tuve la suerte de dedicar unos meses a conversar e intercambiar papeles y análisis con Guillermo Fernández Vara sobre esto.
Estuvimos trabajando en la preparación del Congreso Federal del PSOE de hace un año. Y, también, en la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado, donde se debatió profundamente esta cuestión durante numerosas sesiones.
Estos días recordaba y releía algunas de esas conversaciones e intercambio de papeles con Guillermo. Fue muy satisfactorio para muchos compañeros y compañeras que se consiguiera (con mucho esfuerzo previo) la posición tan sensata que se consiguió en el Congreso del PSOE.
La importancia histórica que el PSOE ha dado a las resoluciones de sus Congresos, emanadas de la militancia, como inspiración y límite a su acción de gobierno, debe suponer una garantía ética e ideológica incuestionable. También en esta cuestión.
Por cierto, este mes comienzan los actos de recuerdo del 40º aniversario del fallecimiento de don Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid e impulsor de los primeros debates y negociaciones de la financiación local.
Hoy en día, la gran olvidada.
*** Juan Lobato es senador y técnico de Hacienda del Estado.
