La sanidad privada debe desgravar… en beneficio de la pública

Un millón y medio de trabajadores están de baja laboral todos los días en nuestro país.

A la vista de estos datos, este asunto debería presidir de forma evidente cualquier debate sobre financiación, equidad y organización sanitaria.

Mientras el Sistema Nacional de Salud (SNS) no sea capaz de absorber esa demanda de manera razonable, la política sanitaria sólo debería tener un objetivo: abrir vías de acceso.

Sala de espera de urgencias de un hospital español. EFE

Entre esas vías, una destaca por su impacto directo, inmediato y medible: la de favorecer que las personas que puedan suscribir un seguro sanitario tengan una desgravación fiscal razonable, temporal y condicionada a la situación real del sistema.

No porque eso beneficie al sector privado (que también se beneficia, traduciéndolo luego en más puestos de trabajo y más impuestos para el Estado).

Sino porque beneficia al propio sistema público y lo hace más accesible, equitativo y sostenible.

El problema es que parte del debate sanitario sigue anclada en un marco ideológico desfasado: público versus privado.

"La justicia social, de la que tanto nos enorgullecemos, no la define el proveedor que da el servicio. La define que tengas acceso al servicio en tiempo y forma, o no"

Sin embargo, esa no es la pregunta importante.

La pregunta importante es "¿el ciudadano recibe atención o no la recibe?".

"¿Tiene acceso efectivo, o queda atrapado en una lista de espera interminable?".

La justicia social, de la que tanto nos enorgullecemos, no la define el proveedor que da el servicio. La define que tengas acceso al servicio en tiempo y forma, o no.

Y el Estado tiene una obligación irrenunciable. Garantizar que el ciudadano recibe atención sanitaria. No conseguir que esa atención deba ser prestada sólo por el sistema público, incluso cuando este no llega.

En el momento en que millones de ciudadanos no tienen acceso real a atención sanitaria, cualquier medida que abra una vía complementaria es justicia social.

Es así de simple.

Si el Estado no es capaz de dar acceso al sistema sanitario de manera real es porque él mismo no ha cumplido con su obligación de adaptarse a la evolución demográfica que ha vivido nuestra población, ni al incremento de la misma fruto de las políticas migratorias.

Quienes sostienen que el incremento del seguro sanitario voluntario debilita la calidad del sistema público, con el argumento de que si se van las clases medias el sector público se empobrece se equivocan.

El sector sanitario público siempre tendrá la "exclusividad" de las enfermedades excepcionales y altamente complejas. Además, hay tratamientos muy complejos y muy caros que no se podrán financiar nunca de forma privada por el usuario.

Esto, y el hecho de que todos somos susceptibles de necesitarlo en uno u otro momento, es motivo suficiente para apostar por un sistema sanitario público lo más competente posible.

Además, el SNS siempre ha dependido de sí mismo. El sistema sanitario privado no se diseñó para ser una alternativa, ni ha pretendido nunca serlo, al sistema público. Se diseñó para complementarlo.

"Nadie va al médico porque quiera. Cada persona que suscribe un seguro sanitario utiliza menos recursos del sistema público"

Lo que empobrece al sistema sanitario público es no ser capaz de incorporar a su cartera de servicios las últimas innovaciones diagnósticas y terapéuticas.

Por eso, es imprescindible ofrecer la posibilidad de que el usuario copague estas innovaciones para que el sistema público esté a la última en cuanto a servicios y prestaciones. Aunque, por exigencias presupuestarias, no pueda cubrirlo.

La idea de que los seguros privados compiten con el sistema público es errónea.

En realidad, lo descongestionan y lo hacen más eficiente. Y esto no es una opinión, es un hecho medido.

Nadie va al médico porque quiera. Cada persona que suscribe un seguro sanitario utiliza menos recursos del sistema público. Aunque sea el seguro con menos prestaciones del mercado, ya está liberando recursos y ahorrando costes al Estado en forma de:

1. Menos consultas de atención primaria

2. Menos visitas a especialistas

3. Menos pruebas diagnósticas

4. Menos cirugías programadas

5. Y menos urgencias por casos no graves

Según datos del último informe de la Fundación IDIS sobre el impacto de la desgravación fiscal, cada asegurado libera entre 600 y 1.700 € al año del sistema público en función de si el uso es parcial o prácticamente exclusivo.

Estas cifras incluyen tanto el gasto directo evitado como la reducción de actividad que el SNS no tiene que asumir.

Multiplicado por varios millones de asegurados, el efecto es exponencial.

Para evitar que los once millones de asegurados actuales tuvieran una desgravación, porque eso sí supondría un impacto para las cuentas públicas y beneficiaria a las clases más pudientes, mi propuesta es clara. Limitar esa desgravación a las rentas inferiores a 30.000 € y hacerlo hasta que la Sanidad pública sea capaz de absorber su demanda en tiempos razonables.

Y esto no supone “quitar pacientes”, a la Sanidad pública. Supone ordenar la demanda para que quien pueda descargar el sistema, lo descargue. Como derivada, quien no pueda suscribirse un seguro privado accederá antes al sistema público.

Una desgravación fiscal moderada (por ejemplo, del 20 o el 30% del coste de la prima) tiene un coste fiscal muy limitado: entre 100 y 140 € por persona al año para la mayoría de pólizas de seguros estandarizados.

Frente a ese coste, el Estado obtiene un retorno directo, porque cada asegurado libera entre 600 y 1.700 euros al año en gasto evitado.

Es decir, por cada euro que el Estado deja de ingresar vía deducción, puede ahorrar entre cinco y catorce € en función del tipo de póliza que contrate el individuo y el uso que haga de ella.

No existe en política sanitaria un mecanismo con una relación coste-beneficio más favorable.

Además, la medida no implica nuevas partidas de gasto público. Lo que hace es evitar gasto futuro, que es precisamente la estrategia más eficiente en un sistema sanitario tensionado.

Aplicar una reducción fiscal a rentas inferiores a 30.000 euros tendrían un resultado muy beneficioso y ayudaría a esa idea de la redistribución de los recursos entre toda la población porque…

A. Facilita el acceso a un seguro a quienes hoy no pueden permitírselo.

B. Refuerza la equidad. Los que pueden descargar, descargan. Y los que no pueden, acceden antes al sistema público porque otros dejan su sitio en la cola.

C. El coste fiscal es bajo y la rentabilidad social alta, porque el ahorro estimado es muy superior al importe de la deducción fiscal.

Esto no es un instrumento ideológico. Tampoco es un mecanismo estructural, ni debería comportar una alteración permanente del modelo sanitario.

Debe ser una medida condicionada al colapso de las listas de espera.

Sin dogmas.

Sin inercias.

Sin discursos políticos preconcebidos.

Una herramienta quirúrgica para un problema real.

Defender una desgravación al seguro sanitario no es "sólo" defender la sanidad privada, sino aprovechar los recursos para:

1. Defender a los ciudadanos.

2. Defender al SNS.

Defender el principio más básico de justicia social: que te atiendan cuando lo necesitas.

Mientras España tenga seis millones de personas esperando, no facilitar las alternativas es dejar a millones de ciudadanos sin acceso real a la sanidad. Y eso es la mayor de las injusticias sociales.

Y eso no es progresista, ni equitativo, ni, por supuesto, eficiente.

En cualquier caso, algo tienen que hacer las autoridades políticas. Porque así no se puede seguir.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.