La Justicia y el regate político

Incluso se llega a utilizar políticamente el simple hecho de que se haya presentado una denuncia por parte de quien sea.

En cualquiera de estos tres casos (investigación judicial, apertura de juicio o simple denuncia) se lanzan, sin más dilación y sin interés alguno en esperar a una sentencia que determine la verdad judicial, todos los resortes políticos y mediáticos para condenar políticamente al rival.

El partido afectado suele defenderse alegando la presunción de inocencia y negando la existencia de delito alguno. En esta última etapa, se viene incluyendo, en algunos casos, el argumento de la persecución política por parte de la justicia.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez entran al cine Callao, en Madrid, tras la última declaración de la acusada ante el juez Peinado. Efe

El problema aparece cuando la semana siguiente se produce una situación similar, pero que afecta al rival, y se cambian por completo los papeles y los argumentos.

El funcionamiento normal del Estado de derecho ha pasado a utilizarse como un arma política de ataque al rival. El hecho de que, ante una denuncia, un juez lleve a cabo una investigación, es considerado para unos la prueba irrefutable de que ese político es un sinvergüenza y está acabado. Y, para los otros, un ataque de la justicia por intereses políticos.

Y viceversa.

No nos confundamos. Es totalmente conveniente y exigible que los partidos fiscalicen con criterios éticos y de idoneidad política o de gestión cualquier acción de sus rivales, independientemente de que dichas acciones puedan tener o no consecuencias judiciales.

Pero fiscalizar políticamente las acciones de tu rival es bien distinto de aprovechar las fases del debido funcionamiento del Estado de derecho para hacer política.

En este contexto aparece el concepto de lawfare. El lawfare requiere la existencia de intencionalidad política en la aplicación del sistema de justicia.

Pero requiere, además, el aprovechamiento político de esa aplicación del sistema de justicia.

"¿Quién define si lo que existe es lawfare cuando un juez investiga y persigue un posible delito o si está simplemente haciendo su trabajo?"

Es decir, para que opere el lawfare tiene que haber un juez o tribunal con intencionalidad política en los pasos que da, pero también unos políticos que decidan utilizar estos pasos para atacar al rival.

¿El problema es que se tramiten denuncias y se investiguen posibles delitos o que algunos políticos y medios utilicen el funcionamiento del Estado de derecho para atacar a los rivales y al propio sistema?

¿Quién define si lo que existe es lawfare cuando un juez investiga y persigue un posible delito o si está simplemente haciendo su trabajo?

Claro que un determinado juez, o un tribunal con intencionalidad de influir políticamente, puede equivocarse, excederse e incluso actuar con maldad. Y eso está mal y debe recurrirse, alegarse y, en su caso, perseguirse judicialmente en defensa del buen funcionamiento del Estado de derecho.

Pero más grave aún que investigar por razones políticas sería dejar de hacerlo por las mismas razones.

Para la justicia y la democracia supone un mayor riesgo dejar de investigar posibles delitos por razones políticas que investigarlos por las mismas razones, garantizando la presunción de inocencia y el acceso a todo un sistema de recursos y garantías del investigado.

La solución no es evitar la investigación de posibles delitos (aunque algún juez lo hiciera con la buena intención de no afectar al debate político). La solución es dejar de utilizar las fases naturales de los procesos judiciales para atacar políticamente al rival.

Entre otras razones, porque un juez o un fiscal no deben estar limitados o condicionados en su acción por la trascendencia política que se le dé a su trabajo de investigación y persecución de los delitos.

¿Qué opinan la sociedad española y los propios jueces sobre las “presiones políticas” a la justicia?

Ignacio Urquizu ha repasado recientemente los datos del estudio de Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial y los del CIS 2019 en la sección “el estado de la opinión” en el programa Más de Uno de Onda Cero.

El 48% de la población cree que la justicia funciona mal o muy mal y el 29%, que bien o muy bien.

El porcentaje de población que confía en los jueces es el ⁠31%.

Esto puede parecer poco. Pero si lo comparamos con la política, se observa que sólo el 16,5% confía en el Parlamento, y únicamente el 12% en el Gobierno.

Por otro lado, el 80% de la población responde que no es posible sobornar a un juez, el mismo porcentaje que lo piensa de la policía. Esto supone un importante reconocimiento de la independencia judicial. Especialmente si lo comparamos con otros ámbitos.

Por ejemplo, sólo el 41% cree que no se puede sobornar en el ámbito municipal, y sólo el 50% cree que no se puede sobornar en un ministerio.

"El 66% de los españoles cree que los jueces reciben presiones. Sin embargo, el 90% de los jueces dicen que nunca han recibido presiones"

De nuevo, nos encontramos con indicadores que señalan que la confianza de la sociedad en la independencia, la honestidad y la profesionalidad de los jueces es bastante superior a la confianza en los políticos.

Esto se confirma con la opinión del ⁠74% de la población, que cree que los jueces son competentes y están bien preparados. Esta cifra se eleva al 82% en el caso de los jóvenes.

En España, la gente siente la seguridad de un sistema judicial serio y de un Estado de derecho que funciona. El 70% de los españoles cree que la justicia constituye la garantía definitiva y última de los derechos y libertades.

¿Y qué pasa con la influencia en la justicia de la política y los grupos de interés?

El resultado es muy interesante según diferenciemos entre lo que opina la población general y lo que opinan los propios jueces.

El 66% de los españoles cree que los jueces reciben presiones. Sin embargo, el 90% de los jueces dicen que nunca han recibido presiones.

El rey Felipe VI es recibido por la presidenta del Tribunal Supremo y el CGPJ, Isabel Perelló. Chema Moya Efe

Y, ¿de dónde vienen esas presiones?

El 89% de los españoles piensan que la justicia recibe presiones de los partidos políticos. El 86% cree que se reciben del Gobierno; el 84%, de los grupos sociales y económicos; y el 62%, de los medios de comunicación.

Sin embargo, preguntados los jueces por este mismo asunto, el 9% dice sentirse presionado por los medios de comunicación, el 3% por los partidos políticos y sólo el 1% dice sentirse presionado por el Gobierno.

Es decir, que mientras la inmensa mayoría de los ciudadanos piensan que los jueces sufren presiones de gobiernos y políticos, los propios jueces confirman que esto no es así en absoluto.

Una vez más, nos encontramos con que la percepción ciudadana es una y la realidad es otra totalmente distinta.

Muy probablemente, esta discrepancia se explica, entre otras cosas, por el uso partidista que se hace en el regate político diario, poniendo en duda y criticando el funcionamiento y la aplicación de la justicia en España.

"Para algunos, en la situación de radicalidad actual, la tentación de atacar al rival es tan alta que sirve cualquier cosa"

¿Qué pueden hacer los partidos políticos ante esta situación?

Actuar con coherencia. Reaccionar exactamente igual en casos propios de investigación judicial que en casos ajenos. Y respetar la independencia judicial. Con eso ya se avanzaría mucho.

Si un partido político establece en sus normas internas, por ejemplo, pone el límite de la censura política a sus dirigentes en la apertura de juicio oral, debería evitar atacar a sus rivales hasta que no se produzca esa misma situación.

No puedes exigir a los demás lo que no exiges a los tuyos.

Sé que esto no es fácil. Para algunos, en la situación de radicalidad actual, la tentación de atacar al rival es tan alta que sirve cualquier cosa.

Pero hay que resistir la tentación y aplicar la coherencia. Es la única forma de defender el Estado de derecho. Y también la credibilidad y la honestidad de tu propio partido.

*** Juan Lobato es técnico de Hacienda y diputado en la Asamblea de Madrid.