Una sanitaria, poniéndose el equipo de protección contra la Covid-19 en 2020.
Cinco luces y sombras de la nueva Ley de Emergencias Sanitarias
Prepararnos para las crisis sanitarias del futuro exige no sólo protocolos y reservas, sino también claridad jurídica y un marco político que refuerce la confianza de todos.
Tal y como afirma el preámbulo del Real Decreto que gestionará las futuras crisis sanitarias, “el escenario europeo y mundial actual presenta amenazas globales, multidimensionales e interconectadas que requieren respuestas coordinadas”.
Hemos tardado cinco años desde que sufrimos la pandemia de la Covid-19.
El Ministerio de Sanidad, de acuerdo con el documento de reconstrucción económica y social que aprobó el Parlamento en verano de 2020 por una amplia mayoría, y siguiendo las directrices del Reglamento Sanitario Internacional publicado por la OMS a raíz de la tragedia, ha lanzado a audiencia pública el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Estatal de preparación y respuesta frente a amenazas graves para la salud.
Básicamente, esta iniciativa pretende dotar al Ministerio de Sanidad de la capacidad de declarar de forma autónoma (sin pasar por el Parlamento) lo que se llama una Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN).
Algo que le daría autoridad para liderar y coordinar de forma centralizada todos los recursos sanitarios, tanto públicos como privados.
Se trata de un texto extenso y ambicioso, que busca dotar a España de un marco estable y permanente para coordinar la respuesta a futuras emergencias sanitarias, ya sean pandemias, crisis químicas, ambientales, radiológicas o de otra índole, y que puedan afectar a la salud de la población.
Un cribado masivo de Covid-19 en Valladolid. Ical
De hecho, otros países de nuestro entorno hace ya tiempo que han aprobado leyes similares.
Nosotros llegamos con algo de retraso.
La pandemia de la Covid-19 demostró, de manera dolorosa, que nuestro sistema sanitario no estaba preparado para gestionar una crisis sanitaria de dimensiones globales. La improvisación, la fragmentación territorial, la escasez de materiales estratégicos y la ausencia de una dirección clara en muchos momentos se tradujeron en demoras e ineficiencias, y tuvo como consecuencia un enorme sufrimiento social y económico.
Sufrimiento que posiblemente no se habría podido evitar por la magnitud de la pandemia (esto hay que tenerlo claro), pero que sí hubiéramos podido atenuar de haber estado más preparados.
Pero el plan también contiene elementos que generan dudas que conviene analizar.
Voy a resumir las cinco principales luces y sombras de dicho plan.
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Las cinco luces del Plan Estatal
1. Es una iniciativa necesaria
Si algo dejó claro la Covid-19 es que no podemos volver a improvisar. El Plan Estatal es un intento de analizar las lecciones aprendidas y traducirlas en un marco normativo claro. Algo que lo convierte en imprescindible.
"El Plan pretende evitar la dispersión de respuestas y garantizar un mínimo común de actuación en todo el país"
2. Coordinación real entre Estado y comunidades autonómicas
El plan pretende acabar con uno de los principales lastres para este tipo de crisis que tiene nuestro sistema sanitario: la fragmentación competencial.
El Plan pretende evitar la dispersión de respuestas y garantizar un mínimo común de actuación en todo el país. La creación de una Comisión Estatal de Coordinación refuerza esta idea y dota al Ministerio de Sanidad de un papel central de dirección.
Además, propone que cada comunidad autónoma apruebe en el plazo de un año su propio plan de preparación y respuesta, que se deberá actualizar regularmente de forma obligatoria, y que todos esos planes autonómicos estén alineados bajo la supervisión del Consejo Interterritorial del SNS para que, al final, cuando llegue la crisis, todos actuemos como uno solo.
3. Herramientas operativas concretas
El Plan no se limita a grandes declaraciones, sino que incorpora medidas operativas:
A. Una reserva estratégica nacional de medicamentos y material sanitario.
B. Una plataforma digital de recursos asistenciales en tiempo real.
C. La red de unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel para enfermedades infecciosas graves.
D. Equipos de respuesta rápida de salud pública, formados por profesionales preparados para desplegarse donde se necesiten.
Es decir, herramientas que, bien implementadas, mejoran de manera sustancial la capacidad de reacción del país.
"El Plan incorpora la obligación de realizar simulacros periódicos, evaluaciones y reportes, lo que implica un cambio cultural"
4. Declaración de emergencias sanitarias claras
El texto introduce la figura de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN), que permite al Ministerio de Sanidad dar la voz de alarma, asumir la dirección de la respuesta y activar ciertas medidas coordinadas de obligado cumplimiento sin recortar derechos fundamentales (que sí necesitarían la aprobación por parte del Parlamento).
Este mecanismo aporta agilidad, evitando los debates interminables sobre quién tiene la competencia para actuar en una crisis.
5. Evaluación, simulacros y mejora continua
El Plan incorpora la obligación de realizar simulacros periódicos, evaluaciones y reportes, lo que implica un cambio cultural: dejar de ver la preparación como un trámite y convertirla en un proceso continuo de entrenamiento y mejora.
La experiencia de la pandemia mostró que tener protocolos en papel no basta. Es necesario probarlos, evaluarlos y corregirlos.
Un farmacéutico enseña un test de antígenos de detección de la Covid-19.
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Las cinco sombras del Plan Estatal
1. Centralización del poder en el Ministerio
El Plan da al Ministerio de Sanidad la potestad de declarar una ESPIN de forma autónoma, sin necesidad de acuerdo previo con las comunidades autónomas ni con el Parlamento.
Aunque esto garantiza rapidez, también puede generar tensiones políticas en un país con competencias sanitarias descentralizadas. La centralización puede ser vista como necesaria en emergencias, pero sin un buen diseño de gobernanza puede convertirse en una fuente de conflicto.
2. Falta de control parlamentario
A diferencia de un estado de alarma, que exige aprobación y control del Congreso, la ESPIN es una figura administrativa. Esto significa que se pueden activar medidas de gran calado (movilización de recursos públicos y privados, restricciones sanitarias) sin el mismo nivel de fiscalización democrática.
En un contexto donde la confianza ciudadana es crucial, esta ausencia de control parlamentario puede ser una debilidad. Aunque hay que decir que otro países han aprobado leyes similares que implican la restricción de derechos de los ciudadanos sin necesidad de acudir al Parlamento, lo que en nuestro caso, como he dicho antes, no ocurre.
"El riesgo es que los hospitales privados se conviertan en 'recursos de reserva obligatorios'
3. Incertidumbre para la sanidad privada
El Plan integra a la sanidad privada como recurso disponible cuando el sistema público se vea desbordado. Esto es lógico y positivo desde la perspectiva del interés general, pero el texto no aclara aspectos esenciales.
– Cómo se compensará económicamente el uso de instalaciones y personal privados.
– Qué garantías jurídicas tendrán los centros en caso de imposición de prioridades clínicas.
– Qué margen de autonomía conservarán las entidades privadas en su gestión.
Sin resolver estas dudas, el riesgo es que los hospitales privados se conviertan en “recursos de reserva obligatorios” sin protección jurídica ni financiera, lo que desde el punto de vista empresarial es algo insostenible a medio plazo.
4. Financiación y viabilidad práctica
El Plan habla de reservas estratégicas, plataformas digitales, redes de unidades especializadas y equipos de respuesta rápida. Todo ello es positivo, pero plantea una gran incógnita.
¿Con qué financiación?
Sin una memoria económica clara, muchas de estas medidas corren el riesgo de quedar en papel mojado. Además, la obligación de que cada comunidad elabore su propio plan en un año puede generar sobrecarga burocrática, especialmente en aquellas con menos recursos técnicos.
5. Protección insuficiente de los profesionales
No hay plan de emergencias que funcione sin los profesionales. Además, en caso de crisis sanitaria, ellos son el eslabón más débil, por detrás de los pacientes.
El texto menciona la posibilidad de movilizar recursos humanos en emergencias, pero sin detallar garantías laborales claras. ¿Qué pasa con los descansos, los turnos, las compensaciones extraordinarias?
Un plan de esta envergadura debería incorporar medidas de protección laboral más sólidas para evitar tensiones sindicales y desgaste profesional.
Movilización en Sevilla por el Virus del Nilo. Sevilla
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En conclusión, el Plan es un avance, porque tal y como estamos no podemos seguir. Pero sería idóneo que se incorporaran algunos ajustes, si eso es posible.
El camino se acaba de empezar a andar y sólo estamos en la audiencia pública inicial. Pero creo que por el bien de todos, lo inteligente y lo responsable no es cuestionar la iniciativa en sí (que es buena y necesaria y que por tanto debería salir adelante), sino perfeccionarla antes de su aprobación definitiva para que, al final, las sombras desaparezcan en la medida de lo posible.
Solo así este Plan podrá convertirse en lo que debe ser: una auténtica red de seguridad para la salud de todos los españoles, independientemente de dónde vivan cuando llegue la próxima gran amenaza sanitaria.
Porque prepararnos para el futuro exige no sólo protocolos y reservas, sino también claridad jurídica y un marco político que refuerce la confianza de todos.
Si algo nos enseñó la pandemia es que trabajar al unísono es la mayor garantía de que las cosas saldrán lo mejor posible.
*** Juan Abarca Cidón es presidente de HM Hospitales.
