Terroristas palestinos de Hamás.
Cuando todo es genocidio, nada lo es
El uso político y desmedido del término 'genocidio' contra Israel debilita el andamiaje jurídico construido tras el Holocausto y pone en riesgo nuestra capacidad para identificar y prevenir atrocidades reales.
Al concluir la 59ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, fuimos testigos de un alarmante fenómeno que amenaza los cimientos del derecho internacional.
La definición de lo que es un genocidio (cuidadosamente elaborada después del Holocausto) está siendo sistemáticamente debilitada y utilizada como arma política, especialmente en relación a la guerra defensiva de Israel contra Hamás.
Una declaración de Navi Pillay (presidenta de la "Comisión Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluyendo Jerusalén Oriental e Israel" de la ONU) en la que afirma que “el objetivo del Gobierno israelí es la destrucción de la vida en Gaza” ejemplifica la forma en que la terminología jurídica sirve a las narrativas políticas en lugar de al análisis fáctico, lo que supone una desviación fundamental de las rigurosas normas del Derecho internacional.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Knéset. Reuters
Este problema se manifiesta a través de la manipulación deliberada de conceptos jurídicos establecidos. Si bien el genocidio es la acusación más grave de las que están siendo manipuladas, no es la única que se tergiversa hasta convertirse en irreconocible.
Los supuestos expertos utilizan ahora caprichosamente términos perjudiciales como “genocidio cultural”, “femigenocidio” y “genocidio como remoción colonial”. Ideas que no existen en el Derecho internacional, pero que se presentan como si fueran conceptos jurídicos establecidos.
El informe de marzo de 2025 de la Comisión de las Naciones Unidas ilustra esta tendencia al afirmar que Israel cometió “actos genocidas” mediante la “destrucción sistemática de instalaciones de salud sexual y reproductiva”.
"Con el fin de implicar a Israel, el gobierno de Dublín anunció explícitamente que pediría a la CIJ que amplíe su interpretación de lo que constituye el delito de genocidio por parte de un Estado”
Cuando las acusaciones de genocidio no prosperan, los acusadores recurren a la segunda opción 'mejor', utilizando con igual abandono la terminología de los crímenes de lesa humanidad, como “exterminio”.
En un ejemplo más reciente, el último informe de la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, “sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967”, presentado en la 59ª sesión y titulado De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, describe “una economía del genocidio” en la que el conflicto proporciona “un campo de pruebas (sin rendición de cuentas ni supervisión) para nuevas armas y tecnologías”.
Su informe ataca a docenas de empresas multinacionales de los sectores de infraestructura, finanzas, bienes raíces, turismo y extracción de recursos, tachándolas de cómplices de crímenes de guerra por el simple hecho de hacer negocios con Israel.
Una admisión reveladora
La reciente intervención de Irlanda ante la Corte Internacional de Justicia ofrece quizás la prueba más reveladora de esta peligrosa tendencia.
Con el fin de implicar a Israel, el gobierno de Dublín anunció explícitamente que pediría a la CIJ que “amplíe su interpretación de lo que constituye el delito de genocidio por parte de un Estado”, debido a su preocupación de que “una interpretación muy restrictiva conduce a una cultura de impunidad”.
Esta afirmación constituye una admisión sorprendente. Si las pruebas respaldaran realmente las acusaciones de genocidio contra Israel en virtud de la legislación vigente, no sería necesaria ninguna ampliación.
Como han señalado varios expertos jurídicos, “solicitar a la CIJ que amplíe su interpretación indica explícitamente que Israel no está cometiendo genocidio”, según la definición jurídica actual del término.
Israel cuenta con un sistema judicial independiente y operativo, capaz de investigar y enjuiciar conductas indebidas, factores cruciales que las evaluaciones de la ONU ignoran sistemáticamente.
Sin embargo, tal y como exigen tanto los principios del derecho internacional como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, se debe dar a Israel una oportunidad razonable para activar estos procesos judiciales que enfrentan retos extraordinarios durante el conflicto activo, con cincuenta rehenes aún cautivos en Gaza, continuos ataques con misiles y un complejo entorno de guerra urbana creado por la infraestructura integrada de Hamás.
El impacto global
La erosión de los conceptos jurídicos tiene consecuencias que van mucho más allá del debate académico. A medida que se multiplican las acusaciones de genocidio, sin cumplir los criterios probatorios establecidos, se contribuye a crear un clima global en el que las comunidades judías enfrentan una hostilidad cada vez mayor.
Ejemplos de ello son el reciente intento de incendio en la casa del gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; los asesinatos frente al Museo Judío de Washington D.C.; o los ataques incendiarios en Boulder contra judíos que pedían la liberación de los rehenes, así como muchos otros en Europa y Australia.
Utilizar la terminología del Holocausto como arma contra el Estado judío crea una inversión retorcida que trivializa el sufrimiento histórico y convierte a los judíos contemporáneos en blanco de la violencia y el ostracismo social.
Terroristas palestinos de Hamás con uno de los cadáveres entregados a Israel.
Preservar el Derecho internacional
La Convención sobre el Genocidio de 1948 representa uno de los logros jurídicos más importantes de la humanidad. Su poder radica en la precisión, no en la flexibilidad, del compromiso inquebrantable con la exactitud fáctica y el rigor jurídico, sin ceder a la presión política.
Mientras asistimos en tiempo real a los intentos de redefinir el genocidio, debemos reconocer lo que realmente está en juego: la preservación del Derecho internacional como una restricción significativa al comportamiento de los Estados, en lugar de una herramienta de guerra política.
El esfuerzo actual por diluir el término supone una amenaza catastrófica. Si cualquier conducta, independientemente de su intención y efecto reales, se califica de genocidio, se socava totalmente la capacidad de la comunidad internacional para reconocer y contrarrestar los casos reales de genocidio. Esto hace que el término pierda su significado precisamente cuando la humanidad más lo necesita.
Los supervivientes del Holocausto y los redactores de la Convención sobre el Genocidio entendieron que las acusaciones de genocidio nunca deben tomarse a la ligera (y ciertamente nunca reescribirse para servir agendas contemporáneas). El camino a seguir requiere un nuevo compromiso con la precisión jurídica, el análisis contextual y la integridad institucional.
Sólo con esa dedicación podrá el Derecho internacional mantener su papel crucial en la prevención de atrocidades reales, al tiempo que protege a los inocentes de acusaciones falsas.
La alternativa es peligrosa. Un mundo en el que genocidio signifique lo que los actores políticos quieran que signifique no sirve ni a la justicia ni a la paz y, en última instancia, le falla a quienes se enfrenten a un exterminio real en el futuro.
*** Alexander Rosemberg es director de Organizaciones Internacionales y Divulgación de la Liga Antidifamación (ADL).
